El monumental Le Castillet, torreón emblemático situado en pleno centro de la ciudad francesa de Perpiñán, exhibe orgulloso un contador electrónico con los menos de 130 días que faltan para unir la capital de la Catalunya francesa con Barcelona por tren de alta velocidad. Pero, más que un símbolo de modernidad, el contador se ha […]
El monumental Le Castillet, torreón emblemático situado en pleno centro de la ciudad francesa de Perpiñán, exhibe orgulloso un contador electrónico con los menos de 130 días que faltan para unir la capital de la Catalunya francesa con Barcelona por tren de alta velocidad. Pero, más que un símbolo de modernidad, el contador se ha convertido en pura fachada que oculta una realidad siniestra. Si las recientes decisiones de la Justicia francesa son algo por lo que guiarse, es una auténtica república bananera la que quedará dentro de poco a unos minutos de Barcelona.
El Tribunal Administrativo de la región de Languedoc-Roussillon, de la que depende Perpiñán, decidió el pasado 7 de octubre anular las elecciones municipales celebradas en marzo. El motivo: la reelección como alcalde del retoño de la dinastía Alduy, por unos 570 votos de ventaja, fue el resultado de un pucherazo.Por lo escandaloso de su puesta en escena, el fraude electoral es conocido desde hace meses como el escándalo de los calcetines. En él se vio implicado un presidente de mesa -pariente de un teniente de alcalde- de abultada pantorrilla. En el momento del recuento, fue atrapado in fraganti en la oficina electoral con los calcetines y los bolsillos repletos de papeletas de su líder máximo, Jean Paul Alduy, el candidato del partido sarkozysta Unión para un Movimiento Popular (UMP).
Otros dos imputados
El individuo, un tal Georges Garcia (sin acento, como se escribe en Francia este apellido común), fue inculpado de fraude. La elección fue anulada.Otras dos personas han sido imputadas por el fraude: la primera teniente de alcalde, Marie Tjoyas, y Angélique Garcia, una empleada municipal pariente del héroe de los calcetines llenos.
Una de las personas que osó romper la ley del silencio sobre el pucherazo, un modesto empleado municipal llamado Michel Meniker, ha denunciado haber recibido amenazas de muerte del clan familiar Alduy, que maneja los hilos del poder en la ciudad desde hace medio siglo.
«Tengo miedo. Me han amenazado de muerte. Pero espero que esto sirva para poner fin a esta república bananera y a la ley del silencio», dice Meniker a Público. Tras dos querellas presentadas por amenazas de muerte y aceptadas a trámite, Meniker, trabajador social, empieza a tomar precauciones cuando acude -y lo hace frecuentemente- a Haut Vernet, una de las barriadas más conflictivas de la ciudad, donde las redes del clan gobernante están muy presentes.
El funcionario cometió en 2006 un pecado capital. Como es descendiente de harkis -la comunidad de musulmanes que apoyó al Ejército francés en Argelia- y líder de una asociación harki, el equipo de Gobierno sarkozysta daba por sentado que apoyaría a ciegas sus proyectos.
Segregación
Pero no fue así. Meniker se distanció del proyecto municipal, hoy ya realizado, de un monumento en memoria del grupo terrorista OAS, que sembró el terror con bombas en favor de la Argelia francesa. Se distanció también del planeado Muro de los Desaparecidos, que honra a los que no volvieron de la guerra de Argelia, pero sólo a los franceses y a los partidarios de la Argelia francesa.
Perpiñán se antoja paradójico. Frente a la Francia de las banlieues multicolores, donde ciudadanos de clase modesta de todos los orígenes conviven en las torres de vivienda social, en la ciudad fronteriza con Catalunya todo está segregado. En lo alto del barrio Saint Jacques, la comunidad gitana. En el sector bajo, parte de la población magrebí. En la barriada de Haut-Vernet y Vernet-Salanques, ciertos inmuebles son gitanos y otros, magrebíes. La segregación de vivienda social sólo es posible si la política municipal la respalda.
Jacqueline Amiel-Donat, la candidata socialista que, en marzo pasado, por primera vez en 50 años, estuvo a punto de arrebatar la ciudad al clan Alduy, empieza ahora a ser optimista y a confiar en la acción de la Justicia.
«Las fachadas renovadas y la pintura fresca que ve en la ciudad son como un decorado de western. Detrás se esconde miseria y prácticas inconfesables», explica. «El escándalo de los calcetines y las amenazas de muerte fueron posibles porque los responsables estaban convencidos de que, una vez más, quedarían impunes -añade-. Ahora, empiezan a perder los nervios».
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