Unos 200 millones de personas, tres por ciento de la población mundial, viven e intentan ser felices fuera de su país de origen, un sueño que suele ser truncado por mafias de trata de personas y empresarios inescrupulosos
Violencia, extorsión, «descuento» de parte de los salarios, trabajo de sol a sol, hambre y miedo son pan cotidiano de muchos inmigrantes en países con larga tradición de emigración secular sostenida, como España, Italia, Grecia y Portugal.
En Portugal, con una población de 10,7 millones de habitantes dentro de sus fronteras y otros cinco millones que viven en el extranjero, algunos casos con pormenores dramáticos fueron denunciados en un reciente reportaje del diario Público de Lisboa.
En la aldea de Selmes, en la comarca de Vidigueira de la región meridional de Alentejo, se instalaron trabajadores rumanos y tailandeses trasladados hasta allí por una empresa de trabajo temporario que les prometió un paraíso.
Detrás de la máscara de la empresa Pivo-Constantin-Daniel, se encuentra un rumano cuya identidad no se ha revelado por el secreto del sumario judicial, que mantenía en situación de semiesclavitud a 11 trabajadores indocumentados, sobre quienes practicaba con frecuencia actos de violencia física, según el testimonio de habitantes de Selmes.
La única información que trascendió de la fiscalía es que se trata de un delincuente con nutrido prontuario en Rumania por traficar mano de obra hacia otros países europeos y sobre quien pende un pedido de captura internacional.
Los 11 trabajadores, también rumanos, debían estar en pie entre las 03:00 y las 04:00 de la madrugada para trabajar 12 horas en haciendas agrícolas distantes a más de 50 kilómetros y regresar al caer la noche a dormir en cajas de cartón dispuestas en una destartalada vivienda.
Los hechos se hicieron públicos cuando Joaquina Coelho, propietaria del Refugio de São Gabriel, la cantina de la aldea, relató que a inicios de este mes, dos rumanos «hambrientos, descalzos y muy sucios» le pidieron por señas permiso para comer los restos de los platos que dejaban sus comensales.
La aparición de la policía hizo que los 11 ocupantes de la casa huyesen, dos de ellos hacia la vecina localidad de Moura, donde acabaron por presentarse en la comisaría local, solicitando volver a su país.
Pivo-Constantin-Daniel ya había sido noticia en junio, cuando en la sureña localidad de Ferreira do Alentejo un trabajador murió en el accidente del vehículo en el que viajaba con otros siete rumanos indocumentados. La empresa apareció entonces como intermediaria de trabajo agrícola en haciendas de la zona.
El chofer del vehículo, Iacon Beleci, conmocionado por la muerte de quien era su sobrino en el accidente, decidió hablar. La gente calla por la desesperación y el miedo en que vive, dijo.
Además de las represalias de las redes de traficantes de personas, Beleci sostuvo que existe «otro miedo mayor» a la intervención de la policía portuguesa con los indocumentados, calificados de «ilegales» por las autoridades de la Unión Europea (UE).
La mayoría de los inmigrantes desean tener todos los papeles en orden para liberarse de los extorsionadores que los obligan a un empleo sin derechos y a ceder buena parte de su salario, que ronda el mínimo nacional de 650 dólares por mes, pero por el que deben laborar hasta 12 horas diarias, seis y hasta siete días a la semana.
La crisis económica que se comenzó a sentir con mayor rigor a partir de mediados del año pasado, marcó un notorio deterioro en la actitud de los empleadores portugueses hacia los inmigrantes, dijo a IPS el ingeniero electrónico ucraniano Yuriy Zvozil, de 35 años.
Desde que emigró a Portugal en 1997, Zvozil solo logró trabajar como operario en obras de construcción civil. «Debí aprender el oficio de albañil e iniciar una nueva vida», relató este ingeniero especializado en óptica de alta precisión.
Por entonces había grandes obras en construcción, como la Exposición Mundial de Lisboa 1998, el puente Vasco da Gama, el más largo de Europa, con 17,8 kilómetros, autopistas, edificios, estaciones de metro, «y no bastaban los portugueses para realizarlas».
Hoy la situación es otra. Sin embargo, «entre los portugueses de las clases populares, no veo que, como en otros países de la UE, exista la llamada lucha entre pobres», dijo.
En cambio, «sabiendo de las dificultades, muchos empresarios y propietarios de edificios se aprovechan y ofrecen pagos de miseria para trabajos duros y difíciles», explicó Zvozil.
«Lo que no se debe aceptar es trabajar por unos centavos, tal como ocurrió hace unos días, cuando la dueña de una escuela privada de la Quinta da Marinha (uno de los sectores más elegantes del distrito de Lisboa), quería que restaurásemos y pintásemos las instalaciones prácticamente gratis o cuanto más por un plato de comida».
Muchos empresarios, en especial del gran agronegocio de Alentejo, desean reemplazar a la mano de obra europea, de los países ex socialistas, y la brasileña por jornaleros «más rentables» tailandeses y vietnamitas.
De traerlos a Portugal se encarga la empresa israelí DFRM-International Services, que ya ha colocado a unos 300 trabajadores de esos dos países asiáticos en la horticultura frutícola del distrito de Odemira.
Manuel Candeias, gerente de una empresa de trabajo temporario, reveló que los empresarios agrícolas de Alentejo insisten en que «no queremos más portugueses, brasileños o rumanos, sino tailandeses».
La portavoz de DFRM, Rute Silva, explicó este entusiasmo porque «un tailandés trabaja el equivalente a dos europeos, son mucho más rápidos», y en su país de origen «solo tienen dos días de vacaciones por año». Así, están habituados a tareas sin interrupciones, a cambio de remuneraciones muy bajas.
Pese a la necesidad de inmigración que tiene la UE, poco a poco el bloque ha ido aumentando la altura del muro de contención.
En 2008, el bloque de 27 países aprobó un nuevo pacto migratorio que prevé la expulsión de extranjeros considerados «ilegales» y su detención hasta por 18 meses.
La directiva, que puede ser aplicada con matices por cada país, fue criticada por asociaciones de defensa de los inmigrantes, que acusan a la UE de violar los derechos humanos, pese a su creciente necesidad demográfica y económica de extranjeros.
Según un informe de noviembre de 2008 del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, en 2050 Portugal habrá perdido 700.000 habitantes, es decir 6,5 por ciento de sus habitantes actuales. Por este motivo de conveniencia nacional, este país no aplica mano dura a la inmigración.
En junio, Grecia aprobó una nueva legislación que permite a la policía arrestar a los indocumentados y mantenerlos recluidos hasta por un año, en lugar de los tres meses antes contemplados, y eleva de uno a 10 años de prisión la pena para el delito de tráfico personas.
Francia optó por la llamada «inmigración escogida», que obstaculiza los pedidos de asilo político y de reagrupamiento familiar, al imponer la obligatoriedad de que los inmigrantes hablen francés y conozcan los valores republicanos del país.
La mano más dura se aplica en Italia, donde la inmigración pasó a ser un delito pasible de reclusión y obliga a los italianos a denunciar y a no dar refugio a los extranjeros indocumentados, so pena de ser condenados también a penas de prisión.
El profesor universitario Vital Moreira, uno de los autores de la Constitución portuguesa, consideró la decisión italiana una «clara regresión en términos de civilización», que va en contra «de todo aquello que es la esencia de la UE».