El 9 de noviembre, la justicia italiana hizo pública la sentencia contra una decena de participantes en las protestas de la Cumbre del G-8 celebrada en Génova durante el verano de 2001. Tras casi nueve años de proceso, el Tribunal ha considerado a los acusados culpables de «devastación y saqueo», un delito cuya tipificación se remonta a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que nunca había sido utilizado antes para juzgar manifestaciones en la vía pública. La defensa considera «desproporcionadas e injustas» las condenas, que oscilan entre los seis y los 15 años de prisión y ha solicitado una explicación formal al tribunal que no se resolverá antes de tres meses. Desde el comienzo del proceso -en el que estaban imputadas 25 personas- se han expuesto dos reconstrucciones de los hechos. Por un lado, la de la Fiscalía, centrada en las acciones individuales que presuntamente cometieron los 25 manifestantes de manera concertada con el fin de subvertir el orden público de la ciudad. Una de las principales pruebas a este fin consistió en un montaje de vídeo realizado por la propia policía con fragmentos de imágenes inconexas de las protestas, aderezadas con música y subtítulos. Por otro lado, la estrategia de la defensa pasó por utilizar los propios documentos presentados por la Fiscalía, pero modificando completamente las conclusiones, en las que acusaba a las fuerzas policiales de haber sido ellas, y no los manifestantes, quienes pusieron en crisis el orden público con cargas injustificadas que provocaron los episodios más dramáticos de aquellos días. Por su parte, el prefecto y todos los altos cargos policiales que tomaron las decisiones durante la Cumbre han resultado absueltos. Tan sólo algunos policías han sido condenados a varios meses de cárcel por la durísima represión ejercida contra las manifestaciones, así como por el asalto de la Escuela Diaz Pertini -centro de medios para la cobertura de la contracumbre- y por los malos tratos y presuntas torturas infligidas a cerca de 300 personas en el cuartel de Bolzanetto.

Este contraste de sentencias ha despertado la indignación de numerosos grupos de activistas en Europa, que han desplegado una campaña de información contra la sentencia a través de acciones directas. El 20 de noviembre, un grupo de activistas ocupó el Instituto de Cultura Italiano en París para denunciar estas «penas exorbitantes que sobrepasan todos los límites de la represión y la contestación social».

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