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Educación y promoción de la salud para una nueva política sobre drogas en América Latina

Fuentes: Rebelión

En general, en Latinoamérica, los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas afectan la calidad de vida de la población y están ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional, generando mayor inseguridad y violencia. América Latina concentra la totalidad de producción global de hoja de coca, pasta base de […]

En general, en Latinoamérica, los problemas asociados a la producción, el tráfico y consumo de drogas afectan la calidad de vida de la población y están ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional, generando mayor inseguridad y violencia. América Latina concentra la totalidad de producción global de hoja de coca, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína. Además de esto, posee una producción de marihuana que se extiende hacia distintos países y zonas, destinada tanto al consumo interno como a la exportación. Y, crecientemente, produce amapola y elabora opio y heroína.

Conforme un estudio da CEPAL, la zona del Caribe sigue siendo la ruta más frecuente para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pero la ruta del Pacífico, pasando por América Central, ha ganado importancia relativa. En los últimos tiempos ha cobrado importancia el transporte fluvial desde los países productores de cocaína a través de Brasil. La marihuana, seguida de la pasta base de cocaína, el crack y el clorhidrato de cocaína son las drogas ilícitas de mayor consumo en la región.

La producción de drogas ilícitas en Latinoamérica ha estado caracterizada por la expansión o el desplazamiento continuo de áreas agrícolas destinadas a la misma. Grandes poblaciones de campesinos e indígenas se han incorporado a los cultivos ilícitos del narcotráfico, y esta situación se mantiene debido a que la rentabilidad de los cultivos lícitos sigue siendo negativa, mientras la producción de marihuana, coca y amapola permite mayores ingresos económicos. Tan sólo en Bolivia, a principios de los años 2000, se estimaba, según la CEPAL, que la actividad vinculada a la economía de la coca generaba alrededor de 135.000 empleos, lo que equivalía a un 6,4% del empleo del país.

En países como Colombia, Perú, Bolivia y otros en menor medida, la población indígena y campesina es utilizada por los narcotraficantes para el cultivo de coca, marihuana y amapola, dadas sus necesidades económicas y los problemas de la colocación de sus productos en el mercado. En la selva media y alta de Perú, el estado de abandono y pobreza existente, las condiciones ecológicas y climáticas, la limitada articulación con los mercados, la baja rentabilidad de la producción, la carencia de alternativas económicas y la presencia de las mafias internacionales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, han promovido una producción de hoja de coca excedentaria. Estos factores predisponen al productor agrícola a orientar su actividad económica al cultivo de coca como única opción que le permite procurar los recursos indispensables para garantizar su sobrevivencia familiar y colectiva.

En nivel local del microtráfico destaca una creciente participación de mujeres de bajos ingresos y de menores, lo cual genera problemas judiciales y penales que no tienen precedentes. En zonas de baja presencia o controlo del Estado, el microtráfico se constituye fácilmente en una estrategia de supervivencia adoptada por mujeres con jefatura de hogar e incluso por personas de la tercera edad de escasos recursos. Muchas personas de bajos ingresos terminan abandonando sus ocupaciones previas dado que el tráfico de drogas le provee ingresos substancialmente mayores. En muchos enclaves urbanos de América Latina, el tráfico de drogas genera o refuerza una cultura de la ilegalidad que corroe las normas mínimas de sociabilidad. De esta manera, la violencia generada en factores políticos y económicos ha sido reforzada por violencias generadas en actividades criminales, específicamente pelo narcotráfico. Esta es una realidad presente, por ejemplo, en ciudades brasileñas como Río de Janeiro.

La política de guerra a las drogas ha fracasado. Pese al aumento de las capturas de drogas, a la detención de narcotraficantes y a la destrucción de grandes redes, los problemas asociados al consumo de drogas no han disminuido, y la disponibilidad de drogas ilícitas en los mercados no se ha reducido. Esa política acumula una serie de contra-efectos. Por ejemplo, entre los ellos, se cuentan un alto número de víctimas en términos de mortalidad y morbilidad, sin una reducción en el consumo de drogas. También hay un alto número de «bajas políticas» y penales entre la clase política, las autoridades civiles, judiciales y policiales, por efecto de la corrupción. En algunos contextos existen serios trastornos en las relaciones políticas internacionales, y en otros casos en las nacionales, como en México. La supuesta represión a las drogas también ha servido de pretexto para imponer posiciones políticas e ideológicas en Latinoamérica.

El fracaso de la política de guerra a las drogas ha llevado al desarrollo de enfoques alternativos. En ese sentido puede ser referido el paradigma de reducción del daño. El uso de estrategias de reducción del daño para controlar la demanda de drogas en importantes ciudades de Europa ha acompañado al creciente proceso de municipalización del manejo de la cuestión. En esta perspectiva, la educación está llamada a desempeñar un papel central en las acciones de prevención, aliando, por ejemplo, acciones socioeducativas y promoción de la salud.

Esto es, de acuerdo con la definición clásica de promoción de la salud, es importante (a través de la educación) ofrecer orientaciones y dinámicas a las personas que hacen uso problemático de drogas para que ellas mismas también actúen en la mejora de su calidad de vida y salud. En ese sentido, se trata de una capacitación que debe involucrar a las comunidades mediante estrategias de educación popular y de formación de educadores sociales.

Se trata, pues, de construir un nuevo paradigma de políticas sobre drogas, el cual se apoya, entre otras, en tres premisas: el rechazo del tipo de medicina que niega el derecho del individuo a disponer de sí y de su cuerpo; la denuncia de intereses políticos e ideológicos detrás de acciones de la llamada guerra a las drogas; la acogida humanitaria de las personas que hacen uso problemático de drogas. Estas son algunas de las perspectivas para una nueva política sobre drogas en América Latina que sea inducida por la educación y la promoción de la salud.

Ivonaldo Leite es profesor de la Universidad Federal de la Paraíba – Brasil.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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