En días de huelga indefinida hay quienes buscan justificar al gobierno y la necesidad de aprobar el combo fiscal que está en manos de la Asamblea Legislativa en estos momentos. Se han oído voces que aseguran que dicho paquete de impuestos no va a perjudicar a los sectores bajos, que lo que se pretende es […]
En días de huelga indefinida hay quienes buscan justificar al gobierno y la necesidad de aprobar el combo fiscal que está en manos de la Asamblea Legislativa en estos momentos. Se han oído voces que aseguran que dicho paquete de impuestos no va a perjudicar a los sectores bajos, que lo que se pretende es hacer un ajuste en el sector público para eliminar «privilegios salariales» y que es necesario para rellenar el hueco fiscal aunque poco se habla en este sentido de las exoneraciones, de la evasión y mucho menos del impacto económico general de la reforma cuando uno de los presidentes (Carlos Alvarado) amenaza con despidos si no se pone fin a la huelga.
¿Pero cuál es el panorama económico de Costa Rica? Básicamente el comportamiento del desempleo ha rondado el 8% promediado en los últimos años (para el primer trimestre de 2018 fue del 10% y para el segundo trimestre del 6,2 %, lo cual coincide con el ponderado de los últimos diez años). Este desempleo empezó a crecer, según datos estadísticos del Estado de la Nación, a partir de 2007. Esto contrasta paradójicamente con la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que, según sus defensores, traería miles de puestos de trabajo si se aprobaba. A más de diez años de aprobación los resultados no solo son desalentadores sino que más bien provocaron el efecto contrario.
Para mayo de 2017, el columnista de La Nación, Juan Carlos Hidalgo, daba la clave a la inversa de una parte de la situación del desempleo y que está relacionada directamente con lo descrito en el párrafo anterior: las cargas sociales y salarios mínimos. Para el columnista Costa Rica no es un país competitivo con respecto al resto de América Latina pues el patrono debe aportar a la seguridad social, entre otras prestaciones. De igual forma paga por encima de la media el salario mínimo que se paga en el continente (al menos los que realmente lo pagan). En otros países las condiciones de explotación por tanto son más severas, lo que los convierte en focos atractivos para el capital. Además, si el salario mínimo se ubica mejor posicionado también corresponde a la realidad del costo de vida de Costa Rica, el cual es de los más elevados del continente.
Otro columnista de La Nación, Jorge Woodbridge, en este mismo año, mencionaba como causa del desempleo estructural la situación de la escolaridad, donde el 60% de la población ocupada no tiene secundaria completa. Esto degenera en el mediano y largo plazo en patologías sociales e informalidad (superior al 40%). Pero al mismo tiempo se contradice con temas duros del paquete de impuestos como el de «regla fiscal» que viene a limitar el gasto público para mejorar, por ejemplo, la inversión en educación. Evidentemente, estas contradicciones no las solventa el propio sistema económico ni mucho menos el estado pues, o aplica una norma o aplica la otra, pero en este país, al menos, no existe un «consenso nacional» para regular la economía porque los sectores ricos no pretenden ceder en su parte del problema.
Si ya de por sí el desempleo y la informalidad son un agravante a la situación socioeconómica, súmesele el proyecto de ley que está en discusión en la Asamblea Legislativa que viene a atacar directamente a los sectores medios y bajos de la sociedad. Por poner simples ejemplos, los primeros tres quintiles de la población (clases media y baja) son los de mayor consumo en alimentación (29% del consumo respecto a un 13% de los ricos) y servicios básicos como electricidad o agua (13% del consumo frente a un 8% de los ricos), puesto que el núcleo familiar es más grande. Por tanto, el IVA a la canasta básica, así como los impuestos adicionales a electricidad y agua (que se harán sobre la base del consumo total) vendrán a atacar el bolsillo de estos dos sectores que sobreviven principalmente del salario (una familia de cuatro personas, por ejemplo, tiene un gasto energético de unos 300 kw/h).
Otro dato interesante son los impuestos a los servicios recreativos, artísticos, culturales, deportivos y similares, pues quienes más consumen este tipo de cosas son las clases media y media-baja, quienes contraerían a estos sectores de manera importante. De igual forma pasaría con la alimentación fuera del hogar (sodas, restaurantes, cafeterías) que, aunque el peso es igual entre los primeros tres quintiles respecto a los dos últimos, no cabe duda que los primeros benefician a la micro, pequeña y mediana empresa, la cual sobrevive del consumo constante de la fuerza asalariada de las clases media y baja.
En resumen, este combo fiscal viene en detrimento de las clases media y baja del país, cuyo efecto se verá especialmente marcado en una posible contracción económica (afectando sobre todo a las pymes) por la disminución en la capacidad adquisitiva y el aumento del gasto en el consumo familiar (donde habrán de establecerse prioridades de gasto). Obviamente los sectores con salarios exuberantes y los ricos (que no reciben salarios sino beneficios pero de quienes poco se habla, mucho menos en el plan fiscal), las imposiciones tributarias serán irrelevantes en su capacidad de consumo pues el mayor porcentaje de sus ingresos se usa para el ahorro y la inversión, no para sus necesidades diarias.
A estos atenuantes se le suma un desempleo creciente y una política más bien encaminada a mantener a ese ejército de desocupados en el umbral del 8%, con el agravante económico que ello conlleva en situaciones de crisis. Esto pone de cabeza las finanzas públicas porque, a parte de ese desempleo creciente, se suma también la informalidad y el subempleo, el cual alcanza la mitad de la fuerza de trabajo y son personas que, además, no pagan impuestos (por obvias razones, salvo el de ventas), por lo tanto, abren todavía más el abismo del déficit fiscal, como bien lo ha expuesto brillantemente el economista Luis Paulino Vargas Solís. Pero como se afirmó, son las contradicciones sistémicas las que problematizan más la situación, pues las empresas tampoco están dispuestas a dar el mínimo de garantías de ley para dar condiciones dignas de trabajo, ya que en otros países la explotación puede llegar a ser bastante superior, pero al mismo tiempo exigen condiciones de mejoría en la salud económica del país.
Las soluciones no pasan, en definitiva, por más impuestos regresivos. Quien trabaja no puede ser causa y consecuencia al mismo tiempo.
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