La UE acuerda impulsar más centros de detención de inmigrantes y dar más medios para el control de fronteras mientras Merkel logra que el acuerdo prevea la devolución de solicitantes de asilo desde Alemania hasta los países de entrada.
Tras nueve horas de reunión, amenaza italiana de retirada incluída, los jefes de Estado y primeros ministros europeos reunidos desde el jueves en el Consejo Europeo han llegado a un acuerdo básico sobre política de inmigración y de asilo.
La cuestión de las fronteras venía siendo el principal foco de atención del Consejo por las presiones de las distintas derechas populistas europeas, en el Gobierno y en la oposición, para que la Unión adoptara una postura más dura. Pero la traducción exacta de esta mayor dureza en las fronteras internas europeas, que era la auténtica preocupación que había provocado la posibilidad de ruptura en el Gobierno alemán de Angela Merkel, era y de hecho es posible que siga siendo una incógnita.
El acuerdo final muestra un fuerte respaldo a las medidas de tapón migratorio en las fronteras externas que ya tenían un apoyo -por ejemplo, del Gobierno español-, pero se mantiene en términos muy vagos en algunas de las cuestiones más espinosas para los socios de coalición de Merkel en Alemania o para el Gobierno italiano.
Alemania ha conseguido que gobiernos como el español readmitan a aquellos refugiados que, estando hoy en suelo alemán, habían hecho su solicitud de refugio en otro país, algo que se traducirá en acuerdos bilaterales -tal y como quería Merkel- y que en el texto del acuerdo viene resumido con la fórmula «los Estados miembros deben adoptar todas las medidas internas legislativas y administrativas para contrarrestar dichos movimientos [solicitantes de asilo en el país de llegada que se mueven a otros países] y para cooperar estrechamente entre sí para lograr dicho objetivo».
De momento, el compromiso ha sido suficiente tanto para Italia como para los socios de Gobierno de Merkel, los socialcristianos bávaros de la CSU. Estos últimos habían llegado a amenazar con rechazar a todos los que, estando en territorio alemán, hubieran hecho su solicitud de asilo en otro país (el líder de la CSU, Horst Seehofer, es también el ministro de Interior) si no se llegaba a un acuerdo satisfactorio. La CSU todavía tiene que emitir una postura común -algo que se espera para el lunes-, pero de momento uno de sus dirigentes, Hans Michelbach declaró que «podemos afirmar con satisfacción que la política europea común de asilo se mueve en la dirección correcta». No sin precisar después: «El asunto es qué significa para las fronteras nacionales y la admisión de gente ahora y en los próximos meses».
El equilibrio era difícil, de puertas para adentro, dadas las diferencias en las cifras de admisión de refugiados (Alemania se sigue llevando la palma) y dada la exposición de países que son frontera en estas rutas migratorias: Italia, Grecia o España, país que este año está recibiendo la mayoría de las llegadas por mar.
Para estos segundos, la respuesta europea será más dinero para la agencia europea de control de fronteras -Frontex-, 500 millones más para el Fondo Fiduiciario para África -con arreglo al cual Europa financia medidas de control de fronteras en los países africanos de tránsito-, la aprobación de nuevos centros de detención en los países miembros, así como la apertura de un proceso de debate en el Consejo y en la Comisión para la creación de más centros -«plataformas de desembarco», en la terminología usada en el Consejo- en los países de tránsito.
El objetivo declarado de estos centros -tanto los que quieran construir los países miembros en sus territorios como los que finalmente se construyan en terceros países, si se construyen- es agilizar el procedimiento de petición de asilo, admitiendo a quienes cumplan los requisitos y expulsando a quienes sean considerados «inmigrantes irregulares» (la expresión la ha utilizado hoy Pedro Sánchez, en vez del más usual «inmigrantes económicos»).
Estos objetivos han sido recibidos con suspicacia por parte de organizaciones de migrantes y pro derechos humanos, dada la trayectoria europea en vulneración del derecho de asilo y las escasas o nulas credenciales democráticas de los gobiernos con los que pacta su política de externalización de fronteras. En rueda de prensa tras la finalización del Consejo, el presidente del Gobierno español ha valorado que el acuerdo «incorpora avances importantes» desde la perspectiva del Ejecutivo, si bien ha precisado que «no es el acuerdo que nos hubiera gustado firmar».
Sánchez ha destacado como importantes avances el reconocimiento de la situación que atraviesan las rutas migratorias del Mediterráneo occidental -el Estado español recibió 24.000 llegadas en 2017, el mayor número desde 2006, y en los seis primeros meses de 2018 ya se acumulan 18.000-, y se ha referido en este punto también al reconocimiento de Marruecos como «socio y aliado fundamental de España».
En este apartado se ha mostrado satisfecho por el cumplimiento de las demandas francesas, italianas y españolas sobre los centros de detención en territorio europeo, si bien ha reconocido que «queda mucho por conocer de cómo podríamos poner en marcha este tipo de mecanismos». La Unión Europea ya prevé la posibilidad de que los Estados puedan internar a personas sin permiso de residencia (los CIE españoles), lo cual ha suscitado preguntas por parte de organizaciones de derechos humanos sobre la naturaleza exacta de estos nuevos centros de detención.