La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia el retroceso global de la acción de los bloques de integración regional en todo el mundo. Se fortalece por el contrario el nacionalismo conservador que ya venía ganando terreno con anterioridad, donde cada país trata de resolver de forma aislada lo que David Harvey recientemente caracterizó como una crisis global multisistémica.
Sacudida recientemente por una oleada de crisis políticas y sociales, América Latina no escapa a dicha conducta, y pese a la evidente precarización de los sistemas sanitarios de cada país, ha habido retardo y negacionismo en enfrentar la pandemia, y se mantiene una coordinación sanitaria virtualmente nula entre las naciones de la región.
Este escenario devela la profunda crisis de los esfuerzos de integración iniciados en los años sesenta en un contexto de guerra fría y modernización desarrollista. La historia de aquellas iniciativas regionales relativamente “endógenas”, para diferenciarlas de las de tipo panamericano o supra-continental directamente promovidas por Estados Unidos (NAFTA, ALCA) o grandes potencias del Pacífico (APEC, CTPP), es el relato de una sucesión de intentos de coordinación estatal-nacional geográficamente fragmentados, superpuestos, y sostenido por afinidades político-ideológicas y estrategias de desarrollo. Dado el contexto regional de elevada pobreza y desigualdad de ingreso, dependencia de las potencias centrales y persistencia de diferendos territoriales, ante la amenaza de cambios económicos, políticos o sociales, las elites locales han tendido históricamente a reforzar el nacionalismo y polarizar las sociedades, lo que ha obstaculizado avanzar a niveles de integración política efectiva.
Poco sobrevive de la progresión de las iniciativas de integración regional latinoamericana, ya sean tratados y acuerdos o foros políticos de coordinación, del periodo desarrollista donde primaba una relativa orientación “endógena”. De las iniciativas recientes, aquellas de corte más ideológico, el ALBA se ha visto reducido a su mínima expresión, por la caída y crisis de casi todos los gobiernos bolivarianos, y con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México y las crisis internas de algunos países la Alianza del Pacífico perdió velocidad. Por otra parte, la alguna vez amplia Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) prácticamente se disolvió en 2018 con la retirada de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. En cuanto al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), quizás la iniciativa más consistente y consolidada, sigue vigente en sus tratados, pero ha perdido dinamismo y proyección, primero por la crisis con Venezuela, y luego por la orientación ultranacionalista y pronorteamericana del nuevo gobierno brasileño, que además no congenia con la actual orientación del gobierno argentino, dejando a este acuerdo más bien a la deriva ante la incertidumbre global.
El campo de la integración política constituye uno de los déficits más notorios de las iniciativas de integración. De los esfuerzos institucionales cabe mencionar al Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), creado en 1964 e institucionalizado en 1987. Aunque aún está vigente, dicho Parlamento no ha demostrado ni potestad regulatoria supranacional ni capacidad de articulación política. También existe la Comunidad de Estados Latino Americanos y Caribeños (CELAC), un mecanismo intergubernamental constituida en 2010 y que agrupa a casi la totalidad de estados soberanos del continente y Caribe, que tiene sus orígenes en el anterior Grupo de Rio. Dicho esfuerzo tuvo cierto margen de coordinación política durante el auge de los gobiernos progresistas sudamericanos, pero entró en crisis en 2018 y su continuidad es incierta dada la salida de Brasil en 2020. Esta crisis coincide con la crisis política en Venezuela: el 2017 se creó el Grupo de Lima, espacio de coordinación política para buscar una salida pacífica a dicha crisis política, y el 2019 los gobiernos de Chile y Colombia lanzaron una nueva iniciativa de coordinación, el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR), cuya primera (y hasta ahora única) acción fue el intento de hacer caer al gobierno de Venezuela mediante la presión internacional desde un acto en Cúcuta, Colombia.
Además de la escasa efectividad política de estos intentos institucionalizados en constituirse en actores de poder continental y global, la legitimidad de base de dichas iniciativas escasamente movilizó adhesiones masivas y transversales en las sociedades nacionales que adherían a estos pactos, notablemente escaseando instancias de participación política democrática directa de los pueblos en la elección y toma de decisiones. A esta debilidad se le agregan serias distorsiones internas forzadas por el centralismo de las elites y las desigualdades etno-territoriales de las sociedades latinoamericanas. El despliegue burocrático de las iniciativas de integración tendió a reproducir la concentración de poder en las capitales, abortando iniciativas de integración desde la sociedad civil e inhibiendo las de los territorios subnacionales y de las primeras naciones. El ejemplo quizás más bien sucedido de integración subnacional promovida desde estas iniciativas es el de Mercociudades, aunque sus posibilidades radiquen más bien en las capacidades propias de asociatividad las ciudades.
Por otra parte, de la mano de la globalización el flujo de capital, personas, bienes y servicios sí ha mostrado una gran progresión en toda la región, tanto por la adscripción a pactos comerciales (OMC o bilaterales) como por las políticas aperturistas de signo neoliberal. Aunque no se ha integrado, en un sentido estricto sigue siendo integrada, a la fuerza y de manera asimétrica, por los mercados mundiales y la estructura jurídica multinacional. Los países de la región han privilegiado un neo-extractivismo que hasta la crisis global de 2009 posibilitó un alza significativa del crecimiento del PIB por cuenta de las exportaciones de commodities. Así, por ejemplo, aunque las políticas de la UNASUR se cancelaron, su Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) ha sido apropiada por los países como guía de proyectos pro-extractivistas para facilitar la exportación de recursos naturales y agropecuarios hacia los mercados del Pacífico. Esa renovada orientación “exógena” llevó a una carrera por la firma de Tratados de Libre Comercio (TLCs) bi o multilaterales con Estados Unidos, Europa, Asia y China, que más bien debilitaron las capacidades de negociación colectiva de la región, pactando condiciones escritas de cesión de soberanía a favor de corporaciones transnacionales y aceptando de facto un incremento del poder blando de las grandes potencias sobre la economía y política de los países del Sur.
Ante una escasa integración Sur-Sur y el fracaso de los bloques latinoamericanos alternativos a la hegemonía norteamericana, la región ya tenía pendiente enfrentar de mejor forma la emergencia climática global y la crisis social y migratoria, a lo que se agrega la tensión derivada del ascenso de China y las fricciones entre esas potencias, por ahora agrupadas bajo el rótulo de “guerra comercial”. América Latina sigue aún estrechamente unida a EE.UU. pero crecientemente integrada a la economía China, que es el segundo socio comercial de la región y primer socio de algunos países como Brasil y Chile. En ese contexto la irrupción del coronavirus emerge como una fuerza des-estructurante que ya remece toda la arquitectura de la globalización, y cuyas consecuencias son imprevisibles.
Para economías tan dependientes de las exportaciones de commodities e importaciones de manufacturas y servicios -y de la fluctuación del cambio- y del valor de su deuda, esta situación representa el riesgo real no sólo de crisis internas sino de shock externos y remate de activos por parte de las fuerzas económicas y geopolíticas globales en mejores condiciones. Hay además dudas fundadas sobre la capacidad de los precarios sistemas sanitarios latinoamericanos de contener y tratar una avalancha de contagios y decesos, castigada la salud pública por recortes y privatizaciones y presionada por una elevada tasa de pobreza estructural y de precariedad urbana. Las severas desigualdades socioeconómicas y etno-territoriales de las sociedades latinoamericanas, unidas a la alta polarización, fragmentación y crisis de los gobiernos y sistemas políticos, acerca los escenarios de inestabilidad política.
En su conjunto, la constatación del agotamiento de estas iniciativas de integración regional demanda una revisión crítica de los fundamentos en los cuales se basaron, y una urgente búsqueda de nuevos paradigmas y propuestas de articulación en un contexto global cruzado por dinámicas que han debilitado la globalización capitalista pero también imponen aún más penosas condiciones de sobrevivencia de los pueblos del Sur.
Nota del Editor: El presente artículo forma parte del boletín “Integración regional: Una mirada crítica”, número 8, publicado por el Grupo de Trabajo Integración y Unidad Latinoamericana del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).