“La tierra, el bosque y el agua deben servir para dar vida, no para la muerte de familias campesinas e indígenas”. (Bertha Cáceres, ambientalista y defensora de derechos ancestrales y humanos)
“El Gobierno de la República debe buscar soluciones para que nuestros campesinos tengan sus lotes y poder cultivarlos, la propiedad privada es propiedad privada”(Karin Qubain, presidente de la Cámara e Industrias de Cortes (CCIC).
El desarrollo de Honduras está en el agro, no en los servicios, diría Luis Roberto Flores, uno de los mejores economistas agrícolas del país, maestro y referente en la construcción de políticas y estrategias agrícolas de mediano y largo plazo. Se dice que era reaccionario, pero sus escritos y actuaciones demuestran perfiles progresistas. Es parte de uno grupo de economistas y sociólogos que le apostaban a la planificación agrícola como instrumento de desarrollo para enfrentar los grandes problemas económicos y sociales del país, frente a una institución llamada “mercado” controlada por empresas trasnacionales, grupos corporativos, Organismos Financieros y países externos.
Una de las tesis de Luis Flores, es que Honduras no puede desarrollarse sin diversificación de la producción y aumento de productividad agrícola, sobre la base de conocimiento técnico de los trabajadores agrícolas y la adopción de tecnologías amigables con el ambiente, en tanto los humanos superan a los robots en creatividad. Igual con la vigencia de un modelo de organización de la producción agrícola, donde los pequeños productores, organizaciones campesinas y comunidades indígenas también captaran-en forma sostenida- parte del excedente generado en el proceso de comercialización y exportación de sus productos, compartiendo el riesgo de producir.
A partir de los años 80s, la llamada década perdida, pero sobre todo de los 90s, se hizo evidente las debilidades en el enfoque al ignorar el problema de la concentración de la tierra y desigualdad, en municipios con alta número de población en pobreza e inseguridad alimentaria, pero también la atomización de la institucionalidad capturada por el narcotráfico y corrupción. Más recientemente, a ello se suma el creciente desplazamiento de población rural, pérdida de biodiversidad y fuentes de agua, sin que se visualicen aumento sostenidos en producción y exportaciones.
Lo anterior es una referencia que deberían tener -por lo menos en el tema agrícola- las autoridades de Gobierno, haciendo más visibles sus políticas, proyectos y acciones de cambio de estructuras concentradoras de recursos y beneficios. Pero, lo más importante, en la coyuntura actual, debería ser asumido cómo un reto por los candidatos a la presidencia de la República con mayores posibilidades de triunfo (según las encuestas), caso de la Abogada Rixi Moncada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), y el Ingeniero Salvador Nasralla del Partido Liberal.
Ambos han venido presentando parte de las propuestas contentivas de su Plan de Gobierno (2026-2030), que se traducirán en resultados concretos una vez en el poder. El tema agrario, aunque poco visible, ha recibido mención de parte de los candidatos, pero todavía, antes de su socialización final, con “huecos” que ameritan ser llenados
El principal, aumento de la concentración de la propiedad rural y la desigualdad. Con el ajuste neoliberal (1990), vigente todavía, se reconcentró la tierra y aquella entregada con la reforma agraria pasó a manos de antiguos dueños, narcotraficantes y empresas con cultivos altamente tóxicos. Las autoridades de las instituciones agrarias le han fallado a la presidenta Xiomara Castro, ya que era del criterio de poder ampliar el acceso a tierra productiva para población campesina en pobreza, pero el Instituto Nacional Agrario (INA) se perdió en un reunionismo burocrático improductivo.
Una tesis que da soporte a esta falta de políticas, programas y acciones a favor de la democratización de la propiedad rural y uso racional y productivo de la tierra, es que, tal como se denuncia en medios radiales y televisivos, se cree que todos los campesinos son invasores de oficio, buscando tierras ya cultivadas para obtener beneficios y después negociarlas o venderlas. Se habla de más de 60.000 has de tierra invadidas por los campesinos en este periodo de gobierno, por lo que el nuevo Gobierno debe proceder a su desalojo y garantizar derechos de propiedad.[2]No obstante, hay evidencia de una gran población campesina, en especial mujeres, que necesitan tierras para producir alimentos y vivir dignamente.
Ningún candidato se ha pronunciado a favor de reformas a la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), y la conformación del Fondo de Tierras para mujeres campesinas[3]; igual sobre la vigencia de una política de Estado que otorgue derechos de propiedad a las comunidades étnicas como un medio de debilitar la minería de cielo abierto y proyectos hidroeléctricos depredadores del ambiente y privatizadores del agua del Estado y municipios.[4]
Los candidatos, más Rixi Moncada que Salvador Nasralla, deben proponer y comprometerse con reformas a dicha Ley, enviando al Congreso una propuesta, el primer día de su gobierno, avalada por pobladores y actores del agro nacional. Son más de 33 años de vigencia de la LMDSA y se asume que es la panacea del desarrollo del medio rural, cuando en realidad es uno de sus principales obstáculos.[5]
La Ley da soporte al RD-CAFTA y conspira contra la producción de granos básicos y hortalizas, en tanto se cree que al importar estos bienes por ser más baratos, las tierras y sus dueños, incluyendo los campesinos (as), se dedicarán a producir cultivos de exportación, o granos básicos y verduras, pero usando una tecnología de alta productividad donde la orden del día es el uso masivo de insumos transgénicos, haciendo posible un aumento sostenido de la producción y productividad física y del trabajo.[6]
Salvador Nasralla, en este marco, propone la zonificación de cultivos y mapeo del territorio para la explotación de los rubros según la vocación del suelo, estimulando la producción interna de Insumos importados y alimentos para eliminar la dependencia externa y disminuir la población en riesgo de inseguridad alimentaria, asignando cuantiosos recursos para construir y reconstruir los caminos de acceso a las zonas de mayor producción como Lepaterique; pero desconociendo que la lógica del ajuste comercial agrícola es la importación masiva de estos rubros. Igual, un programa masivo de repoblación bobina y entrega de aves, cerdos y vacas a las familias, con controles fitosanitarios permanentes.[7]
La abogada Rixi Moncada destaca la continuidad del programa de bono tecnológico del Gobierno de la República con resultados concretos en aumentos de la producción de granos básicos en unidades de producción campesina menores de 5 manzanas, con una inversión de 1.000 millones de lempiras para 2024. Se estima entre 15 y 16 millones de quintales dicha producción, lo que se considera un logro en materia de seguridad alimentaria.[8]Le apuesta además a fortalecer la Reserva Estratégica de Granos Básicos, un mecanismo de corte neoliberal orientado al estabilizar los precios; destacando, un aumento de la reserva de granos, tanto en maíz y frijol, en este periodo de gobierno.
Para la abogada Moncada, la democratización de la economía y crédito es fundamental para avanzar en el desarrollo de Honduras, lo que incluye eliminar la Central de Riegos para los deudores. Ha generado mucho ruido en tanto se cree que los deudores, con esta medida de política crediticia y financiera, ya no honrarán sus deudas, lo cual no es tan cierto.[9]La Central brinda información sobre la situación de los clientes del sistema bancario nacional, incluyendo bancos del Estado, permitiendo conocer su historial crediticio.
El argumento de fondo es que la Central actual con un sistema financiero manejado por cuatro (4) bancos, excluye por “definición” a cerca del 40% o más de los deudores de menores montos, teniendo acceso al crédito formal sólo un 21% de los demandantes, siendo beneficiarios los clientes de mayores recursos e historial “sano”, con poco apoyo para aquellas actividades productivas de campesinos. Pero, además, restringe el acceso a los llamados clientes del sector informal que no tienen respaldo económico ni legal.
No se han retomado propuestas anteriores, como la conformación y aprobación de un Sistema Financiero Rural Alternativo Nacional (SFRAN) con soporte legal (Ley del Congreso de la República), integrado por banco públicos, bancos comunales, cajas rurales, cooperativas agrícolas, cooperativas de ahorro y crédito, cadenas agroalimentarias, fondos de los migrantes y modalidades de financiamiento que involucren a compradores de productos agrícolas por empresas de países vecinos. Hay evidencia que el Gobierno aumentó y diversificó la cartera de créditos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), a bajas tasas de interés y en condiciones preferenciales, pero ha fallado en su capacidad para la recuperación de los recursos e institucionalización de una cultura de pago que haga posible el fortalecimiento de dicho banco. A julio de 2025, la mora superaba los 2.560 millones de lempiras, o sea el 45% del total (Dinero.Hn, 27/8/2025).
Ambos están de acuerdo en atraer inversión extranjera para aumentar la producción y disminuir el desempleo, pero Rixi Moncada considera que dicha inversión no debe sustentarse en exoneraciones y excepciones fiscales, igual en salarios espurios y de mala calidad. Salvador Nasralla es del criterio que debe generarse empleos masivos y crearse las condiciones para que la Inversión Extranjera Directa (IED) llegue a Honduras, ya que, en la actualidad, es uno de los países de la región centroamericana que capta menos inversión. En 2023 captó 1,076.4 millones de dólares y en 2024, unos 993.9 millones de dólares (Banco Central, 2025). Hay que simplificar los trámites, crear la ventanilla única y el gobierno digital para hacer negocios (incluso con empresarios nacionales), registro y uso de los recursos.
La abogada Moncada cuestiona que la mayor parte de IED, más de 90%, es reinversión de utilidades, por lo que se necesita una política efectiva de atracción de inversión real de países amigos, especialmente europeos y asiáticos.[10]
Para el Gobierno de Estados Unidos, “el Gobierno de Castro ha declarado públicamente que reconoce la importancia de la inversión extranjera para generar nuevas oportunidades, empleo y estimular el crecimiento económico (…). No obstante, “numerosos representantes de la comunidad inversora internacional citan ejemplos de políticas que han hecho menos atractivo el clima de inversión en Honduras, como la derogación en abril de 2022 de la ley de empleo por horas, que ahora obliga a todos los trabajadores hondureños a recibir un salario fijo, eliminando así las prácticas de contratación flexibles, vitales para el trabajo estacional; una ley energética de mayo de 2022, que contiene disposiciones que, según entienden los productores de energía, autorizan la expropiación de inversiones energéticas si el Gobierno no logra renegociar los acuerdos de compra de energía; y la decisión del Gobierno de Honduras de retirarse del Convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con vigencia a partir del 25 de agosto de 2024. La situación de las Zonas Económicas Especiales (ZEDE) del país sigue siendo incierta, ya que el marco legislativo ha expirado, pero el marco constitucional se mantiene, lo que, según los inversores, ha contribuido a la incertidumbre sobre el compromiso del Gobierno con la protección de las inversiones.”[11]
La otra cara de la moneda es que la Ley de Empleo por Hora estaba -silenciosamente- convirtiendo el trabajo estable en trabajo estacional y eliminando derechos adquiridos de los y las trabajadores, y la ENEE iba camino a convertirse en una piñata pública preñada de corrupción. Como se sabe las ZEDES, tal como las concibió Paul Romer, principal promotor y premio nobel de economía, no buscan crear un Estado dentro de otro Estado, ni utilizar la expropiación forzosa para desarrollar proyectos donde el capital sea de dudosa reputación, siendo evidente un cambio de reglas por el Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH).
Salvador Nasralla apuesta por una negociación directa con el Gobierno de Estados Unidos, hoy que parece existe una política deliberada de aquél Gobierno por dejar fuera a Honduras de la baja en los aranceles impuestos.[12] En teoría, ello puede ablande su política arancelaria contra rubros del sector agroalimentario, lo cual es difícil, ya que es uno de los pilares fundamentales del Gobierno de Trump en aras de ir cerrando su brecha comercial y atraer empresas “gringas” que se fueron a otros países por la mano de obra barata y costo de servicios públicos.[13] En el caso de Rixi Moncada, no se manifiesta en contra del comercio libre, pero le apuesta a que otros países como China y BRICS ampliado puedan contribuir a que los productos de agro hondureño tengan un mercado seguro y sostenible.
Finalmente, está el tema de la institucionalidad agrícola. El Gobierno actual aprobó una política para el Sector Agroalimentario de largo plazo, la cual, a no dudarlo, será ajustada en caso que Rixi Moncada gane la elección, pero refiere poco al fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Agrícola (CODA) y las cadenas de valor con agenda de trabajo permanentes, revitalizando las mesas de competitividad por rubros; esto último, compartido por Salvador Nasralla al zonificar los cultivos y rubros e incorporar a actores diversos. Incluye en sus propuestas, la despolitización del Sistema Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria (SENASA), y el traslado de técnicos a las comunidades rurales.
EL tiempo para la demagogia terminó, es hora de propuestas creíbles para el desarrollo del agro nacional, con compromisos, recursos y resultados medibles y participación de los actores involucrados y población. Las soluciones a problemas estructurales, como la falta de activos productivos y derechos de propiedad para las familias campesinas e indígenas, deber ser también parte de estas propuestas, caso contrario, seguiremos penando en busca del desarrollo de los “descamisados”, como diría el abogado Gautama Fonseca, su defensor por vocación.
Notas:
[2] Se ha denunciado que las invasiones de tierra afectan la industria sin “chimenea” que el año pasado captó 719. 1 millones de dólares que dejaron 2.8 millones de turistas con un gasto promedio diario de 75 dólares. Declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CONATURH), Andrés Ehrler, aparecidas en la Tribuna.hn, 11 de noviembre de 2025, pág. 30.
[3] El INA reporta la compra de tierras para beneficio de cinco grupos de mujeres entre 2022-2024, pero se necesita un fondo de beneficio para unas 4000 familias por año, o sea 16,000 familias lideradas por mujeres en cuatro (4) años, acompañado de proyectos productivos o planes de negocios.
[4] EL INA habla de la entrega de 1.000 manzanas de tierras a grupos lencas, se necesita mucho más.
[5] Las autoridades del INA no pudieron estructurar una propuesta válida de reforma a la LMDSA de consenso con la suficiente fuerza para que en el Congreso Nacional fuera discutida; en caso contrario, quedaría cómo evidencia de la voluntad del Gobierno por proponer reformas a dicha legislación en favor de población campesina e indígena no beneficiaria directa de la reforma agraria.
[6] Hay denuncias de la importación masiva de alimentos sin regulación, incluso de países como Guatemala, lo que está afectando a los pequeños productores y vendedores en mercados y ferias agropecuarias.
[7] Uno de sus principales asesores es el Dr. Eleazar Ramos, con una propuesta innovadora para evitar la disminución del hato ganadero a causa del «síndrome de las vacas flacas”.
[8]El bono tecnológico fue un programa de apoyo al pequeño productor agrícola ejecutado en el Gobierno de Manuel Zelaya (2006-junio de 2009), diseñado por el ingeniero Héctor Hernández, una experto internacional en estos temas.
[9] Para la Red Hondureña de Educación Financiera (REHEF), incluso, estas medidas pueden provocar fuga de capitales, drástica reducción de la inversión, inseguridad jurídica, retroceso de la competitividad, baja del empleo nacional y una nacionalización futura de la Banca; total, el hundimiento de la economía nacional, más que los efectos contractivos causados por el Covid-19.
[10] Países como Estados Unidos, Colombia, Panamá, México, incluso Guatemala y el Salvador, están invirtiendo en Honduras, ocupándose de urgencia la vigencia de una política agresiva de diversificación y atracción de inversión de otros países. En el caso de los chinos, la inversión ha sido marginal en el comercio y servicios, ocupamos más inversión, por lo menos con sello verde, en el agro (incluso antes de la firma del tratado comercial).
[11] Informe sobre “Declaraciones sobre el Clima de Inversión para 2024: Honduras, U.S. DEPARTAMET of STATE, Embajada de Estados Unidos en Honduras, 2025.
[12] El Gobierno de los EEUU, al parecer, ha rectificado en la puesta de un arancel a productos agrícolas hondureñas, aunque muchos empresarios y políticos consideran que Trump dejará fuera a Honduras del llamado comercio libre que brinda el CAFTA-RD.
[13] No cabe duda que estas políticas arancelarias de Trump impactarán negativamente en la balanza comercial del país, sumado a las deportaciones masivas, el cambio climático y la inestabilidad de precios en los mercados de productores primarios de exportación. En 2024, el déficit comercial superó los 8.500 millones de dólares, con tendencia a profundizarse en los próximos años.
Este artículo se basa en una exposición a líderes campesinos, indígenas y organizaciones de sociedad civil de municipios norteños del Departamento de la Paz, 8 de noviembre de 2025.
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