Mientras la mayoría de las centrales obreras miran para otro lado, rehenes de punteros colorados y burócratas atornillados a sillones sindicales, hace años se viene desarrollando un fenómeno ni tan silencioso ni tan disipado: el uso directo de fondos jubilatorios por parte del capital financiero privado. Los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, […]
Mientras la mayoría de las centrales obreras miran para otro lado, rehenes de punteros colorados y burócratas atornillados a sillones sindicales, hace años se viene desarrollando un fenómeno ni tan silencioso ni tan disipado: el uso directo de fondos jubilatorios por parte del capital financiero privado.
Los gobiernos de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, siguiendo (cuándo no) las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, impulsaron (y lo seguirán haciendo) leyes para crear un Consejo Asesor del sistema nacional de jubilaciones y pensiones, una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y para establecer normas de inversión de dicho sistema. Todo ello con el objetivo principal de sacarle poder a los consejos administrativos de las diferentes cajas jubilatorias, impulsar reformas sin participación de los trabajadores y trabajadoras y fijar a discreción las tasas de inversión en el sector financiero, inmobiliario, etc. Lógicamente, esta superestructura planteada sería comandada por el Poder Ejecutivo.
Hasta ahora esta ley, o al menos esta versión de la ley, no pudo salir del congreso, pese a que, por ejemplo, ya había sido aprobada en la cámara de diputados en mayo del 2018 por una mayoría colorada y luego rechazada en senadores tras movilizaciones de una parte de los sindicatos y la sociedad civil.
Pero en realidad el problema central no radica en la creación de estas superestructuras que pretenden tener el control del dinero «ocioso» de la clase trabajadora. Porque esta acción es, hasta si se quiere, lógica si se entiende que el Estado es apenas un directorio de los negocios del capital financiero y las multinacionales. El problema, creo, radica en que dichos fondos ya se vienen utilizando, con ley o sin ley, para engordar aún más al capital financiero privado. Y para muestra habría que remitirse a lo concreto.
En julio pasado, la Caja de Jubilaciones y Pensiones, conformada por empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales, compró bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo por valor de US$ 33,7 millones. Esta operación estuvo comandada por el Ministerio de Hacienda a través de su Resolución N° 298, que autoriza a invertir «los excedentes de los programas contributivos civiles de la Caja Fiscal». Por tanto, este dinero ya fue inyectado, como lo mencionamos en otro artículo, desde la AFD al sistema financiero mediante múltiples servicios financieros que dejarán ingentes ganancias principalmente a la banca privada y, lo que es peor, ya tomó la forma de «crédito» que los propios trabajadores adquirieron o adquirirán para pagar sus deudas. Es decir, una parte del crédito que compra la clase trabajadora es generado con el dinero que la propia clase trabajadora aporta a las cajas jubilatorias.
Pero sumemos otro hecho. También en julio del 2019, el Sindicato Profesional del Instituto de Previsión Social (IPS), denunció al ex titular del ente y actual ministro de Hacienda, Benigno López, por autorizar un préstamo de US$ 66, 4 millones a la multinacional Tigo, señalando un perjuicio de US$ 27,5 millones. Además, el Sindicato de Funcionarios Administrativos del IPS, también denunció que una de las irregularidades que se detectaron bajo administración de Benigno López fue la firma de un contrato, sin llamar a licitación, con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por medio del cual el ente entregó a precios irrisorios recursos de los jubilados y jubiladas a dicho banco para su utilización en el mercado financiero, lo que, según dicho sindicato, privó al IPS de percibir unos US$ 10 millones.
Y aquí es necesario abrir una nota al pie.
En agosto de este año, Antonio J. Vierci, poderoso empresario vinculado a medios de comunicación y cadenas de supermercados, compró el 25,68% de las acciones de GNB Sudameris Paraguay por un valor de US$ 150 millones. Esta información no debería llamarnos la atención si el GNB Sudameris no tuviese vínculos con lo que se está desarrollando en el presente artículo. El problema está en que el banco GNB Sudameris, a su vez, anunció que concretó la compra del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en Paraguay. Esto, sumado a que en el 2013 GNB ya había comprado el banco HSBC Paraguay por unos US$ 50,3 millones, coloca al GNB en los primeros lugares del ranking de depósitos con un total aproximado de US$ 2.570 millones y activos por US$ 3.300 millones.
El hecho de que el banco Atlas, propiedad de la familia Zucolillo, también dueña de medios de comunicación, negocios inmobiliarios y otros, haya anunciado en marzo del 2019 también su interés en adquirir el BBVA, demuestra no sólo que, en el espectro financiero, existió una puja entre clanes poderosos del Paraguay, sino también deja en evidencia la disputa cada vez más notoria y acentuada por el control monopólico de varios esquemas de acumulación de capital, disputa que muchas veces ambos grupos la expresan a través de sus medios de comunicación dependiendo de cuan cercano o lejano estén de los beneficios otorgados por el gobierno de turno. El clan Zucolillo actualmente está desplazado de esos beneficios y, en contrapartida, tanto el clan Vierci como el clan Cartes (también propietaria de medios de comunicación, bancos y otros negocios) están revitalizados en la actual coyuntura.
Dicho esto, y cerrando el pie de página, aquí lo fundamental radica en que la utilización de fondos por parte de entidades privadas es un hecho que está sucediendo frente a las narices de las centrales obreras, de los sindicatos, de los trabajadores y trabajadoras aportantes y de los propios jubilados y jubiladas. Y lo peor de todo es que este es sólo una de las múltiples aristas que tiene el sistema jubilatorio, dado que existe una abierta batalla librada desde los centros de poder para no permitir que sectores informales tengan pensión ni jubilación, además de buscar insistentemente introducir «reformas» al sistema jubilatorio según los intereses del capital, esto es, elevación de la edad mínima requerida, reducir montos de las jubilaciones, potenciar la fragmentación de los trabajadores en edades pasivas, reducción de las tasas de sustitución y otros temas que están en la agenda del FMI y sus gerentes locales sentados en el Palacio de López.
Dicen los estudiosos que el capital financiero no sólo es depositario del capital productivo, comercial, etc. sino que por sus características, y por el volumen de dinero acumulado a través del tiempo, es capaz de ser un capital con «iniciativa propia», con capacidad de apropiarse tanto del capital productivo como del comercial y, por tanto, hacerse no sólo con el monopolio económico sino también político. Y esa es la batalla real que actualmente están librando los clanes familiares en el Paraguay.
Pero lo grave de todo esto es que, en términos sencillos, el capital financiero está usando y abusando de un capital que fue producto del sudor de los trabajadores y las trabajadoras. Detrás de los aportes jubilatorios que realiza cada trabajador y trabajadora, están miles de horas trabajadas para un patrón, miles de horas de esfuerzo físico, mental, emocional y psicológico, miles de horas no invertidas en la crianza y cuidados de niños y niñas, miles de horas que se han dedicado a producir mercancías o vender servicios por parte de miles de personas que aportan a las cajas jubilatorias con la esperanza de tener un periodo sin sobresaltos médicos, económicos, familiares y un merecido descanso y reconocimiento en la última etapa de sus vidas como seres humanos.
Lo que queda claro, por ahora, es que el capital financiero está operando una, por llamarla de alguna forma, doble explotación de la clase trabajadora. Porque por un lado está utilizando fondos jubilatorios para inyectarlo al sistema financiero y, por tanto, está vendiendo el dinero de la clase trabajadora a la propia clase trabajadora. Y ésta última, como sabemos, debe ora trabajar aún más para pagar sus deudas, ora volver a endeudarse para «bicicletear» deudas viejas a través de deudas nuevas, con todas las consecuencias que esta «doble explotación» trae consigo para la sociedad, para las familias y para las personas.
Por su complejidad y amplitud, podríamos darle muchas vueltas a este tema, pero de algo podemos estar seguros, y es que mientras los fondos jubilatorios sean un botín para el capital financiero, no hay ninguna forma de garantizar una jubilación digna para la clase trabajadora.
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