“Asistimos a la posible desintegración de los EEUU, o sea, su propia Perestroika norteamericana” (Wim Dierckxsens)
El triunfo del candidato del Partido Republicano a la presidencia de los EEUU, Donald Trump, marca un quiebre en la política y relaciones internacionales entre bloques, países y regiones, pero también sirve de punto de partida para un acomodamiento de las políticas internas de estos países, sobre todo latinoamericanos.
Lo más esperado refiere a la concreción del discurso proteccionista con medidas arancelarias a los productos de China gravados con aranceles de hasta 60%, generando represalias por el gigante asiático, que se puede extender a países como México e incluso de la región centroamericana, caso de Honduras.
El llamado comercio global, será duramente afectado y mucho del discurso político a favor de la globalización entre asimétricos perderá fuerza como estrategia de desarrollo mundial. Con China ha sido evidente la captura cada vez mayor de mercados potenciales de productos, pero también de Inversión Extranjera Directa (IED), incluso norteamericana, atraída por la mano de obra barata y seguridad de la inversión.
Donald Trump, tal como sucedió en su primer mandato, le apuesta al retorno de las empresas e inversión a los EEUU, que afectaron y siguen afectado las oportunidades de empleo productivo sostenible, aumentando los riesgos de recesión económica y los costos del Estado por garantizar una protección social mínima a sus ciudadanos.
Una segunda prioridad son los migrantes y estadía ilegal en EEUU. Es de esperar un endurecimiento de las medidas como mayores controles en la frontera, avances en la construcción del Muro y sus terminación, deportaciones masivas y funcionalidad de los países seguros, caso de México, Guatemala y Honduras.
El anuncio de nombramiento de Tom Homan, llamado el “Zar” de las fronteras, no presagia nada bueno para los inmigrantes, incluyendo repetir la separación de los hijos de sus padres y redadas en centros de trabajo para estimular la contratación de ciudadanos norteamericanos; igual, el virtual nombramiento de Marco Rubio como Secretario de Estado, enemigo confeso de gobiernos latinoamericanos como Cuba, Colombia, Venezuela, Nicaragua, y molesto con Xiomara Castro por la denuncia del tratado de extradición de narcotraficantes a USA.
En el caso de México, la condicionalidad es doble, ya que si no cumple se pondrán aranceles de entre 10% y 25% a los productos mexicanos que ingresan a los Estados Unidos y se promoverán acciones para que las empresas gringas regresen a suelo patrio, al margen del TLCAN (México, Canadá y EEUU)reemplazado en 2020 y que será revisado en 2026, pudiendo extender su vigencia por seis (6) años más. Pero, además, ejercerá presión por reformas en temas migratorios, narcotráfico y corrupción.
En el caso de Guatemala y Honduras, las exigencias no solo irán orientadas a reformas internas en las políticas e institucionalidad migratoria, sino también en los controles, sobre todo de migrantes del sur, Venezuela por ejemplo, y donde Honduras se ha convertido en el principal espacio de estadía en su camino hacia los EEUU. No se descarta una especie de condicionalidad “cruzada”, en tanto sino se cumple en el tema migratorio se impondrán sanciones en los económico, donde Trump puede presionar a sus aliados para que estas sanciones se amplíen, caso de la Unión Europea.
Una de las sanciones es un impuesto de 10% a las remesas que se envían diariamente al país, lo cual impactaría negativamente en la economía y los ingresos de las familias, en su mayoría de clase media baja y en situación de pobreza. Hablamos de una retención de cerca de 950 millones de dólares por año.
Donald Trump está a favor de la extradición de los implicados en actividades de narcotráfico, y a los cuales EEUU ha venido dando seguimiento; sin embargo, no es muy favorable a aumentar los costos de atención a los mismos en las cárceles gringas, por lo que los recursos deberán salir de las confiscaciones de bienes y cuentas bancarios. La presidenta Xiomara Castro denunció el Convenio de Extradición que estaba vigente con los EEUU, por lo que es de esperar que Donald Trump exija de nuevo su vigencia una vez que tome posesión de su cargo.
La corrupción es un tema de agenda pendiente, ya que la evidencia demuestra que Honduras no puede aspirar a mejores condiciones económicas y sociales de la población, sino se ataca de raíz este problema. Hay avances con Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional de Combate contra la Corrupción e Impunidad en Honduras CICIH), pero las expectativas son que la meta no se logre. Honduras no ha podido acceder a los recursos de la Cuenta del Milenio por este problema, sumado a otros indicadores como la poca efectividad de gobierno, estado de derecho y libertad de expresión, que implica una prioridad en agenda pública para el próximo año, y más aun con la llegada de Trump.
La Coalición Anticorrupción (CAC) de Honduras plantea que la CICIH “deberá ser independiente de los poderes del Estado y tener autonomía de actuación por parte de las Naciones Unidas, superando el rol de simple vocero. Por supuesto, igualmente, tendrá que contar con el respaldo de la institucionalidad pública y de la sociedad civil en su contribución al restablecimiento pleno del Estado de derecho y al funcionamiento autónomo y efectivo del sistema de justicia hondureño”[1]. La CICICH se ha constituido en una demanda popular, y su no llegada país, afectará al partido Libertad y Refundación (LIBRE) y su candidata en las elecciones de noviembre de 2025.
Desde la óptica política, Honduras se apresta a la celebración de elecciones internas de los partidos políticos en marzo de 2025 y elecciones generales en noviembre del mismo año. En el Partido Nacional, dos (2) de los candidatos que lucen con mayor fuerza política, Nasry Asfura y Ana García, han sido cuestionados por estar relacionados con actos penados por la Ley, por lo que es poco probable que tengan probabilidades de triunfo en la generales, aunque uno de ellos gane las internas. En el Partido Liberal, Salvador Nasralla, Jorge Calix, Maribel Espinoza y Luis Zelaya, han mostrado su pujanza, liderando-hasta el momento- las encuestas Nasralla, pero con poco margen.
Ha surgido cierto optimismo en los aspirantes de ambos partidos por el triunfo de Donald Trump. En el Partido Nacional se habla que el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), condenado en Nueva York por narcotráfico, fue amigo personal de éste, por lo que Trump mirará con buenos ojos la candidatura de ambos dirigentes y líderes. El ingeniero Salvador Nasralla se ha reunido con políticos miembros del círculo cercano de Trump, y está dispuesto a trabajar de la mano con su administración, restituyendoel convenio de extradición.
El alineamiento de la gestión de Jorge Cálix con la de Trump será una prioridad en su gobierno según manifiesta, siendo Maribel Espinoza más cautelosa, al apostarle a reformas profundas en el sistema de partimiento de justicia y administración publica con apoyo de países amigos, incluyendo a los EEUU. Aunque nadie le apostaba a Luis Zelaya, el llamado liberal de “cepa”, es evidente que su agenda de trabajo contempla una nueva forma de cooperación con EEUU, en el marco de respeto a la Ley y fortalecimiento de los valores democráticos y justicia social.
La candidata del partido LIBRE, abogada Ricci Moncada, actual Ministra de Defensa, no se ha pronunciado abiertamente sobre el triunfo de Donald Trump y sus implicaciones para la gestión del gobierno de Xiomara Castro y un eventual triunfo con su persona el próximo año. Ello plantea la necesidad de replanteamiento de las políticas migratorias, narcotráfico y combate de la corrupción, igual de seguridad regional. Es urgente un acercamiento mayor con ciertos grupos del sector privado que posibilite un grado de consenso mínimo para atraer inversión y generar en forma rápida empleos sostenibles y de buena calidad, aprovechando los controles e impuestos al comercio para empresasafectadas por políticas proteccionistas.
Lo anterior no significa un alineamiento –perse- con las políticas de Donald Trump, sino el cambio (¿ajuste?) de estrategia, ya que no hacerlo, implicará grandes costos para la economía y población por el narcotráfico y corrupción, pero, sobre todo, por el flujo y reflujo de gran parte de población hondureña en la búsqueda del sueño americano, acompañado de deportaciones masivas y violaciones sistemáticas de derechos adquiridos.
El Dr. Eduardo Reina, Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras y designado presidencial en la fórmula de Ricci Moncada para (2026-2030), ha manifestado que Honduras es un aliado tradicional de los EEUU, no solo en temas de comercio sino también en seguridad regional y, por tanto, hay que adecuar las relaciones a las políticas externas en el marco de respeto a los derechos de los migrantes, sobre todo el derecho a la vida.
Nota:
[1] Ver CESPAD ¿ Dónde estamos con la CICIH?. Tegucigalpa, Honduras, septiembre de 2022, pág. 10.
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