El yugo había sido igual de pesado en todas partes,no teníamos un país en común, sino una responsabilidad que todos compartíamosy así había surgido la conciencia de solidaridad, del internacionalismo.La estética de la resistencia. Peter Weiss 1. Los gobiernos español y turco tienen de un tiempo a esta parte más y más puntos en común. […]
no teníamos un país en común, sino una responsabilidad que todos compartíamos
y así había surgido la conciencia de solidaridad, del internacionalismo.
La estética de la resistencia. Peter Weiss
1. Los gobiernos español y turco tienen de un tiempo a esta parte más y más puntos en común. No sólo debido a su pretensión de aliar civilizaciones, sino fundamentalmente a su posición atenta y constructiva hacia el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Su cooperación en materia militar ha sido reconocida con el permiso para asomar la cabeza en las reuniones del G-20. Otra característica compartida es su adhesión sin fisuras a la estructura de la OTAN, una condición sine qua non para que Estados Unidos tome en consideración y privilegie los intercambios económicos, militares, financieros o de cualquier otro tipo.
2. Los estados español y turco son constitucionalmente territorios indivisibles y su integridad está garantizada por el ejército. Misión referida no sólo a la defensa militar ante las agresiones externas sino también, o sobre todo, al mantenimiento del orden interno existente, habiendo llegado a recurrir a métodos violentos cuando han considerado que éste se hallaba amenazado. Fruto de épocas pasadas, las fuerzas armadas conservan un influjo en la vida política de ambos estados. Sus jefes y altos mandos no dudan en realizar discursos o declaraciones con las que intervenir en el curso de los acontecimientos, cuando así lo consideran conveniente, apuntalando su visión de Estado y sus privilegios. La institución militar es la más valorada por los ciudadanos turcos y en el caso de los españoles sólo superada por el Rey que es, huelga decirlo, el Jefe del Estado Mayor del Ejército.
3. La democracia española, como la turca, enfrentan desde hace años problemas de orden interno causados por grupos armados que se niegan a acatar la legislación existente y el statu quo, pese a la pretendida mejora, ampliación y garantía de las libertades. Según el discurso oficial, esos grupos no sólo actúan de forma violenta sino que cuentan además con una red de apoyo político-social, razón por la cual ambas democracias se han visto en la obligación de ilegalizar partidos políticos, procesar a sus líderes, encarcelar a activistas sociales, negarles cualquier posibilidad de expresión, cerrar medios de comunicación, prohibir y reprimir manifestaciones y, finalmente, defender de cara a la opinión pública esas actuaciones como legítimas y necesarias para el mantenimiento de la democracia. No existe un problema político, es una cuestión de orden público. No hay disidentes, ni prisioneros, ni refugiados, son terroristas.
Además, el modelo español -soporte legislativo considerado aceptable por la Unión Europea- despierta la admiración en ciertos círculos políticos de la democracia israelí según expresó su Ministro de Asuntos Exteriores Avigdor Lieberman, líder del supremacista partido Israel Beytenu, al solicitar una ley de partidos copia de la española que pueda privar de cualquier derecho político a la población árabe-israelí o a cuantos ciudadanos critiquen las actuaciones del gobierno de Israel (1).
El caso de Iniciativa Internacionalista
De manera sintética estos son algunos de los fundamentos compartidos sobre los que se sustentan las democracias española y turca. Una crítica o ataque contra cualquiera de los puntos anteriormente expuestos -o contra todos ellos- significa en el lenguaje de sus valedores un atentado contra los principios, valores y espíritu de la democracia.
De tal modo que si en el estado español, un partido político proclama «sin rubor ni continencia alguna su rotundo desprecio por la monarquía -un sistema impuesto, dicen, por el dictador genocida, Franco-, y su reivindicación de la República» (2), necesariamente debe estar al margen de la ley, y de parte de los violentos, por lo que la obligación del gobierno es la de impedirle cualquier actividad y así lo aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, refiriéndose a la candidatura Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos, encabezada por el escritor Alfonso Sastre.
Si este mismo grupo afirma que la corrupción económica es el verdadero motor del sistema capitalista, y una paralela corrupción política la liquidadora de cualquier rastro de democracia, y que ambas están íntimamente relacionadas, ese partido debe de ser terrorista porque con tal planteamiento está apuntando al mismo centro -o a la cabeza, según se vea- del sistema de dominio y control que existe en el reino borbónico.
Y si frente a la crisis lo que exige es la transformación del sistema económico hacia la propiedad pública de los medios de producción, democratizando el control de los instrumentos de intervención y de poder económico, entonces está poniendo en verdadero peligro las relaciones con terceros países, organismos multilaterales y corporaciones transnacionales.
Con ese discurso no es de extrañar que Iniciativa Internacionalista afirme que la crisis tiene responsables políticos y económicos, a los que es necesario exigir responsabilidades, y considere criminal que, para salir de la crisis, se apliquen las mismas recetas que han dado origen a la misma.
Las amenazas contra el actual sistema de poder deben de ser conjuradas por todos los medios y en todos los frentes. El ejecutivo pone entonces en funcionamiento los resortes policiales, la judicatura tratar de ilegalizar a cualquier precio, la prensa criminalizar a los candidatos (3), etc. Durante días hemos asistido a un auténtico linchamiento de la figura de Alfonso Sastre, sus compañeros e incluso su fallecida compañera, Eva Forest. El eurodiputado y candidato del PP a las elecciones europeas, Carlos Iturgaiz, pidió la ilegalización de la lista Iniciativa Internacionalista «porque está contaminada por la presencia de Alfonso Sastre». Para Iturgaiz «el sujeto del que se está hablando [Alfonso Sastre] contamina todas las listas a las que vaya». Otro que se expresó en el mismo sentido fue Fernado Savater. Según este columnista Alfonso Sastre ha sido portavoz y miembro de Batasuna, ha estado en todos los movimientos de apoyo y ha prestado cobertura ideológica a la izquierda abertzale, «no puede haber nadie más metido en Batasuna» sentenció. También podrían ser citadas, como ilustrativas, las declaraciones de la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez.
Es cierto que este auténtico clímax de apartheid político no es nuevo en el estado español. La misma Iniciativa Internacionalista ya lo denunciaba en su manifiesto de presentación:
Estamos comprobando cómo, paso a paso, se van recortado los ya de por sí limitados derechos civiles existentes, tales como el derecho a la no discriminación por razones ideológicas, de lengua y cultura, de edad o de género. El derecho a la libre expresión, el derecho a no ser represaliado, torturado o procesado por las propias ideas. El derecho a votar y ser votado.
Pero uno no se habitúa a comprobar cómo se repiten ciertos hechos. El propio Alfonso Sastre escribió hace un tiempo que el desprestigio actual de la «clase política» en las democracias neoliberales es un hecho consumado y seguramente irreversible. La irrupción en la escena política de un partido como Iniciativa Internacionalista puede ser el principio de algo nuevo, pero no lo va a tener nada fácil.
Antonio Cuesta es corresponsal en Turquía de la Agencia Prensa Latina.
Notas:
(1) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=80909