8 de marzo de 2018. «Todas juntas». Portadas de diarios y noticieros televisivos dan cuenta de la enorme demostración. Las redes sociales explotan de feminismo. Gobernantes y opositores se tiñen de morado. Más de 200 mil personas. Mujeres de todas las edades. La colorida multitud tapiza un largo tramo de la principal avenida de Montevideo. […]
8 de marzo de 2018. «Todas juntas». Portadas de diarios y noticieros televisivos dan cuenta de la enorme demostración. Las redes sociales explotan de feminismo. Gobernantes y opositores se tiñen de morado. Más de 200 mil personas. Mujeres de todas las edades. La colorida multitud tapiza un largo tramo de la principal avenida de Montevideo. Cientos de videos difunden las imágenes del caleidoscopio. Impresionante.
Las demandas de género y equidad tienen como destinatarios los poderes del Estado (gobierno parlamento, justicia). La horrible ola de femicidios y la imparable «violencia doméstica» (que afectan sobre todo a mujeres jóvenes, trabajadoras y pobres), agregan la cuota de indignación y de rabia. Al paso de la marcha, en una pantalla gigante del Impo (Centro de Información Oficial) se lee que Uruguay «es el país con el índice de asesinatos de mujeres más alto del mundo». Lo que, de ser exacto, vendría a contrariar cifras de Naciones Unidas y CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), que hablan de «un país con poca violencia de género». (1)
La «brecha salarial» figura entre los tantos reclamos. Aunque «se viene reduciendo paulatinamente», la desigualdad es un insulto: las mujeres ganan un promedio de 23,9% menos que los hombres por la misma tarea. Lo que implica nada menos «que si un hombre y una mujer comenzaran a trabajar el 1° de enero en el mismo cargo, la mujer cobraría a partir del 28 de marzo, por lo que trabajaría gratis los primeros 87 días del año». (2)
Los contrastes en las proclamas leídas en el curso de la Marcha, no disminuyen la intensidad del «fenómeno social». Reafirman la fertilidad del movimiento de mujeres que se adueña del espacio público. Aún si «puertas adentro» del feminismo militante se expresan «diferencias ideológicas y generacionales» que «reeditan el histórico debate entre la autonomía, la institucionalización y el rol del Estado». (3)
Infelizmente, la Huelga Internacional de Mujeres no tuvo el mismo eco. Mientras que en algunos lugares se paralizaron las actividades total o parcialmente (salud pública, liceos públicos, Universidad de la República, y pocos del sector privado), la inmensa mayoría de las trabajadoras no pudieron acompañar la convocatoria. Aun con sindicalización, las asalariadas de fábricas, panaderías, tiendas, restaurantes, farmacias, shoppings, supermercados, empleo doméstico, limpieza subcontratada, call centers, celebraron el 8 de Marzo trabajando.
Ellas, también, exigen respeto, quieren ser libres, vivir sin miedos. Si bien no estuvieron en la Marcha, ni hicieron la Huelga. Se entienden las razones: integran ese 70% de «sectores populares» imposibilitado de realizar los «paros parciales», que decreta el aparato del PIT-CNT. (4)
Constatación insoslayable. La crítica de la opresión patriarcal, la reivindicación de los derechos de género, y por tanto, la emancipación de la mujer, son inseparables de la lucha de clases. Sin alterar las relaciones de fuerza entre trabajo y capital, sin desafiar el despotismo patronal, sin eliminar las condiciones de empleo precario y miseria salarial, sin derrotar la amenaza del despido, sin barrer el acoso machista del lugar de trabajo, la «condición femenina» continuará en estado de subordinación. Mucho peor para trabajadoras, solas o jefas de hogar, cuyo ingreso promedio apenas supera un salario mínimo mensual de 430 dólares.
De todas maneras, es cierto que la Marcha de las Mujeres -pese a sus diferencias y limitaciones- comparte el podio junto a la Marcha del Silencio (20 de mayo), y a la Marcha de la Diversidad Sexual, (28 de setiembre). Son las únicas manifestaciones realmente masivas que sacuden, tres veces al año, la apatía política.
Aunque sean muy distintas. Por origen, identidades, reivindicaciones. La Marcha del Silencio (5) convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, reclama Verdad y Justicia. Exige, incansablemente, el fin de la impunidad, el castigo a los criminales del terrorismo de Estado. (6) Aunque la burla del gobierno persista. (7)
La Marcha de la Diversidad Sexual, convocada por colectivos LGTBI, feministas y culturales, ONGs e instituciones oficiales, resalta derechos conquistados, avances legales, y alerta sobre discriminaciones enquistadas. Muestra un alto componente juvenil. Aunque desde hace unos años, se nota un sesgo de marketing político progresista.
No obstante distintas, convergen en ellas rasgos comunes. Son pacíficas, inclusivas, tolerantes. Revalorizan solidaridades. Si bien ninguna establece barreras de clase, ni levanta consignas anticapitalistas, ni pretende subvertir lo establecido. Es decir, no está en sus intenciones desafiar el orden del capital, ni la «autoridad legítima» del Estado y sus instituciones.
Lejos de una crítica sectaria, es un dato de la realidad. Las tres Marchas presentan una nítida fotografía del país progresista. Dónde las diversas «agendas democráticas» de la «sociedad civil», superan, largamente, los índices de «conflictividad laboral» y las plataformas «clasistas» del «movimiento obrero organizado». Bastaría una simple comparación: el PIT-CNT dice contar con alrededor de 400 mil afiliados (30% de los/as asalariados/as con «empleo formal»), sin embargo, desde hace muchos años, no logra reunir a 5 mil trabajadores en el acto central del 1° de Mayo. La Plaza Mártires de Chicago a medio llenar. Los parques repletos. Tal cual una jornada de asueto familiar.
Horizonte infranqueable
La resistencia social existe. Es defensiva. La cartelera de luchas da cuenta de ello. Movilizaciones por los Consejos de Salarios (negociación tripartita entre gobierno, empresarios y sindicatos); protestas contra el «modelo extractivista» y en defensa del agua; trabajadores rurales que exigen el cumplimiento de la «ley de 8 horas» y el cese de la represión patronal; familiares de adolescentes presos que testimonian las torturas que aplican los funcionarios sindicalizados del Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente); clasificadores de basura que reclaman dignificar su tarea; escraches a los impunes del terrorismo de Estado; mujeres en alerta que denuncian la violencia de género; reclamos por mayor presupuesto para la salud, educación y vivienda.
Pancartas y grafitis callejeros aluden al «ajuste fiscal», las «rebajas salariales», la privatización y tercerización de servicios públicos, a la corrupción (comprobada) en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). Parece que gobernara el «neoliberalismo salvaje».
Algunas de esas luchas han sido, masivas, radicales. Como la de maestros/as y profesores/as en el invierno de 2015. Tabaré Vázquez les decretó la «esencialidad de los servicios» que prohíbe la huelga. El Director Nacional del Trabajo era Juan Castillo, ex dirigente del PIT-CNT, hoy secretario general del Partido Comunista de Uruguay (PCU). Fueron reprimidos por las brigadas antimotines de la Guardia Republicana. Perdieron en esa ocasión y sus organizaciones quedaron debilitadas. Cumpliéndose así el propósito (hecho público ante los medios) de José Mujica: a los sindicatos de la enseñanza «hay que hacerlos mierda». Aunque el 1° de marzo de 2010, ya posesionado como jefe de Estado, le anunciaba al Parlamento sus tres principales objetivos: «educación, educación, educación». Una radiante Hillary Clinton lo aplaudía de pie.
Los sindicatos de la enseñanza continúan peleando. Igual que miles de trabajadores/as. Sin embargo, las aspiraciones de «salario digno» y «justicia social», no agrietan eso que muchos comentaristas llaman «hegemonía progresista», la cual, en verdad, funciona como cerrojo ideológico y programático. Donde la perspectiva de emancipación social y el «ir más allá» quedan encerrados en las dos premisas fundamentales que definen el «cambio posible»: aceptación del capitalismo y colaboración de clases. Las demandas tienen un límite: el horizonte infranqueable.
Dicho en palabras del jefe de los tupamaros oficiales. Por un lado, la economía capitalista «es una herramienta de la prosperidad económica.» (8) Imposible de vencer «con decretos o con decisiones meramente políticas. Es un cambio de época. Utilizamos los recursos del capitalismo con el máximo de inteligencia para tratar de tener sociedades mucho más calificadas». (9) Por el otro, «las discusiones sindicales no pueden ser solo sobre salarios (…) El trabajador se tiene que ir empezando a envolver de las dificultades y los logros que tienen las empresas para exigir que caminen y que además se reinvierta. No podemos permanecer tan distantes de las vicisitudes que significa la peripecia de una empresa, cuando está en juego tanta cosa». (10)
La profesora Alma Bolon ya lo había apuntado lucidamente. Mujica no es solamente «héroe de la más exitosa operación mediático-ética de la que haya registro en estas tierras»; sino «el regalo con el que la derecha uruguaya nunca se había atrevido a soñar». (11) Tiempo después de estas lapidarias afirmaciones, un índice del Instituto Fraser con apoyo del Centro de Estudios para el Desarrollo, un think thank de corte liberal, certificaba que la adscripción del antiguo guerrillero a las «reglas» del mercado es absolutamente sincera: durante su presidencia (2010-2015), el país consiguió el «mayor grado de libertad económica». (12)
Las consecuencias de esta espantosa metamorfosis de la «izquierda histórica» son aplastantes. Entierran principios. Borran antagonismos entre pobres y ricos. Domestican conciencias. No hay clases irreconciliables. La «cultura obrera» cede lugar al «status de clase media». La lucha de clases se vuelve un juego de intercambios negociados o de «contrapartidas acordadas». La «convivencia ciudadana» y el «interés nacional» como estandartes. Las percepciones socio-culturales se confunden. Hasta las más elementales.
Los «milicos represores» pasaron a ser la «Policía amiga». Los efectivos del Ministerio del Interior (que dirige Eduardo Bonomi, otro tupamaro oficial) aducen sentirse «rehenes» en los «barrios críticos» de la periferia urbana. (13) Vecinos, comerciantes y sindicatos del transporte, los convocan y apoyan. Son el arma institucional para perseguir a los «pobres malos» y, sobre todo, para castigar a los principales «enemigos de la seguridad»: los «menores infractores».
El parte de guerra es un horror. Durante la presidencia de Mujica se profundizó el «Estado punitivo». Se aumentaron los tiempos de «privación de libertad» para los adolescentes. (14) La mayoría de muertos y heridos en este «combate al delito», tiene menos de 35 años. La tasa población encarcelada es la más alta de América Latina (15), el 62% de los 12 mil» presos y presas es menor de 29 años. La cantidad de «población reclusa femenina» aumentó 583% en una década.
La pobreza ya no tiene raíces socio-económicas, sino que es un «problema personal y privado» (16) cuando no consecuencia de un proceso de «lumpenización» y «favelización». Un alto porcentaje de personas (muchísimas votantes del Frente Amplio) critican los planes sociales, piensan que lo que se hace para bajar la pobreza «es más de lo necesario». (17) Sin molestarse en saber que las «transferencias monetarias directas» a los hogares más pobres apenas representa 0,2% del Presupuesto Nacional; ni que 350 mil personas (11% de la población total del país) todavía sobreviven en el «núcleo duro» de la «pobreza estructural». Desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) dicen que el «país igualitario» muestra signos de fractura. (17)
El PIT-CNT coopera con los «proyectos productivos». Respalda la inversión privada, local y extranjera. Los sindicatos de la Construcción y Metalúrgicos (dirigidos por el Partido Comunista), admiten la instalación de la tercera «mega-fábrica» transnacional de pasta de celulosa: «genera empleos y masa salarial». No importan la contaminación medio-ambiental, las exoneraciones fiscales, ni que las «obras de infraestructura vial» sean pagadas por el Estado. (18) En todos los casos mejor. Es la ley de «Participación Público-Privada» que, al fin, empieza a derramar «crecimiento económico». Porque hasta ahora, solo se había concretado un solo emprendimiento: la construcción de una «cárcel modelo» con 1.800 plazas, donde los presos comerán pescado hasta ¡dos veces por semana!
Los gobiernos del Frente Amplio aceleraron la contrarrevolución agraria. Los propietarios del agronegocio la definen como una «revolución sorprendente» (19) Editorialistas liberales son más punzantes en el juicio. El gobierno Mujica, «será recordado por no haber concretado los desastres que los tupamaros proponían hace cuatro décadas (…) «No hay ‘reforma agraria’ (salvo la que desarrollaron con indudable éxito los empresarios brasileños en el campo uruguayo), la banca privada es toda extranjera, las relaciones con el FMI son excelentes, las multinacionales y el capital extranjero no sólo son bienvenidos sino que han sido llamados con desesperación por el liderazgo tupamaro (…) y la ‘extranjerización de la tierra’ se expandió como pocas veces en la historia del Uruguay durante los dos gobiernos del Frente Amplio». (20) Ayuda memoria: Mujica ejerció como Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca (2010-2014) en el primer mandato de Vázquez.
En un contexto desfavorable, los sindicatos de trabajadores rurales denuncian la sobreexplotación, los salarios de hambre, la persecución sindical, las agresiones físicas, las deplorables condiciones laborales. Y luchan. Aunque la tasa de sindicalización ronde apenas el 6%. Reclaman fomento de la producción libre de transgénicos, destinada al mercado interno; créditos a cooperativas. Es decir, proponen otro modelo de «acceso a la tierra». Sin embargo, «reforma agraria» y «expropiaciones» están ausentes de la extensa lista de «reivindicaciones inmediatas». (21)
¿Ciclo o paréntesis?
1° de marzo de 2018. Ya no hay entusiasmo. Ni multitudes tomando las calles para saludar a Tabaré Vázquez, el «compañero presidente». Como ocurría 13 años atrás, cuando el Frente Amplio asumía el gobierno nacional por primera vez. En esta ocasión, el progresismo optó, para «defender su gestión», por «una nueva estrategia de comunicación»: la Cadena Nacional de Radio y Televisión. Sin barullo militante ni ondear de banderas. Así los votantes meditan atentos en sus casas.
La tropa de choque aprueba sin chistar. Tanto el contenido como la modalidad. Son los miles de «cuadros políticos» y sindicalistas que se reciclaron como «gestores/administradores» del aparato de Estado. Para empujar «más a la izquierda». Y que siguen atornillados en sus «cargos de confianza política». Hace rato que abandonaron la tesis de «rumbo en disputa». Sus principales instigadores, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista, la tacharon del diccionario. Defienden su cuota de poder en la «nueva elite gobernante». Ejerciendo clientelismo, comprando Ongs, traficando influencias, usando dineros públicos. Haciendo carrera como capa social privilegiada.
Más de una década después de aquel «cimbronazo político» que prometía, según Tabaré Vázquez, un «camino de transformaciones» que haría «temblar las raíces de los árboles» el resultado es, cuando mucho, avaro. Incluso desde una mirada «reformista».
Leyes de protección laboral; derechos sindicales; «recuperación salarial» (entre 2005-2013); reducción de la pobreza y la indigencia (entre 2005-2015); «agenda de nuevos derechos» (despenalización del aborto, legalización de la marihuana, matrimonio igualitario). En fin, 600 mil personas (27% de la población) integradas al «confortable» consumo de «clase media».
No obstante, las «asignaturas pendientes» superan la lista de materias aprobadas. A pesar de una década con record histórico de «crecimiento económico» que permitió una «recuperación salarial sin precedentes», casi la mitad de la fuerza de trabajo «percibe una remuneración inferior a los 600 dólares mensuales». (22) El desempleo se ubica en 8,5%. (145 mil personas). Una cifra «no dramática» según el gobierno. Pero en el caso de los jóvenes, el desempleo llega casi al 25%. Alrededor de 185 mil personas habitan los «asentamientos irregulares». Las 15 mil viviendas populares que Mujica prometió en el marco de su «generoso» Plan Juntos, fueron menos de 3 mil al final de su mandato. El embarazo adolescente llega al 17% en los barrios más pobres y a cero en los más ricos Apenas 2% de los «hijos de clase trabajadora» accede a la Universidad. En la enseñanza pública, 6 de cada 10 alumnos no completa los seis años del ciclo secundario. .
Las pautas del programa económico, certificado por las Instituciones Financieras Internacionales en junio de 2005, en la ciudad de Washington, están vigentes. Las ataduras a las condiciones que impone la «mundialización» capitalista, también. La fraudulenta deuda externa se paga puntualmente. Al final, el progresismo resultó un «cambio posible»…en la misma dirección.
Por tanto, es una exageración hablar de dos «ciclos» o de dos «eras». Neoliberalismo y «pos-neoliberalismo» convergen en la misma lógica. La prosa «neo-desarrollista» apenas un eufemismo que no modifica la ecuación. La «matriz» fue diseñada por los gobiernos de coalición entre colorados y blancos en la «década perdida» de 1990 y así continúa. Los pilares son los mismos. Ley Forestal; Ley de Inversiones; Ley de Zonas Francas; Sistema de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap); Ley de Puertos. Cuando el Frente Amplio, era oposición de izquierda, se opuso a este proceso de contrarreformas neoliberales, promoviendo en algunos casos plebiscitos y referéndums. Ninguna fue derogada en estos 13 años.
El «ciclo progresista» consistió, justamente, en más continuidad. Desregulación financiera; desnacionalización de la producción y de la comercialización de los rubros exportables: soja (100% transgénica), carne, arroz, trigo, lácteos; concentración-extranjerización de la tierra; multiplicación del régimen de zonas francas; exoneraciones tributarias a las multinacionales de celulosa y mineras; privatizaciones y subcontrataciones.
Los sucesivos gobiernos del Frente Amplio le agregaron: Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), primer mandato de Vázquez; ley de «Participación Público-Privada» (PPP) y ley de «Inclusión Financiera», mandato de Mujica (23); privatización-tercerización de áreas y servicios del Banco de la República (BROU), segundo mandato de Vázquez.
La agenda económica no contempló, en ningún momento, una real distribución de la riqueza. La «rentabilidad» empresarial siempre estuvo a cubierto de los vaivenes «cíclicos» de la economía. En todo caso, el progresismo se benefició del paréntesis que abrió la «bonanza» de los commodities (entre 2004-2001), para «ocultar el «conflicto distributivo» y generar recursos de inversión pública y financiamiento del proceso asistencialista de las políticas sociales. Aunque el monto destinado a esas políticas nunca haya alcanzado el 0,4% del PBI. (24)
Desde el vamos, la política económica fue una sola. Coherente. Jamás estuvo «en disputa». Ni hubo tire y afloje entre «dos equipos económicos». Las directrices fueron marcadas por su principal teórico y ejecutor: el solvente Danilo Astori. El historiador y politólogo Gerardo Caetano, a quién nadie puede tildar de «radical» o desinformado, lo describe con precisión. «Me causa mucha gracia cuando me dicen que Astori es el gran perdedor en la interna frenteamplista. En los tres gobiernos frenteamplistas, luego del presidente, ha sido sin duda el hombre más poderoso en estos 11 años. Vázquez lo ha respaldado siempre o casi siempre y Mujica, aun cuando lo ha discutido, a la hora de la verdad también lo respaldó. Entonces la mera discusión de la política económica del gobierno frenteamplista se ha convertido en un tabú». (25) Lo continúa siendo, aun si de vez en cuando hay griterío y rabieta. Y muchos militantes se sientan desconcertados. Incómodos.
Partido de Estado
Nadie pretendía, o siquiera imaginaba, que el Frente Amplio sería un gobierno de «ruptura anticapitalista». Que fuera a poner en tela de juicio las «relaciones sociales de producción» o que demolería las instituciones del régimen burgués de dominación política. Tampoco que asumiría una postura soberanista ante la prepotencia del «campo imperialista». De hecho, está a favor de firmar Tratados de Libre Comercio con quien sea. Por ejemplo, es uno de los socios del Mercosur más proclives a concretar, rápidamente, el que se negocia con la Unión Europea.
Su definición estratégica se basó en llegar al poder de Estado, sometiéndose al régimen de «democracia gobernable». Ya cuando la brutal crisis económico-financiera de 2001-2003, su compromiso fue preciso: «lealtad institucional». Mientras diversos analistas nacionales e internaciones (hasta incluso el FMI) daban que el presidente de entonces, Jorge Batlle (Partido Colorado) estaba «con los días contados», amortiguó las terribles consecuencias sociales para «no incendiar la pradera». No hubo saqueos, ni huelgas generales, ni asambleas barriales, ni gente con cacerolas en los ómnibus como en Buenos Aires. Y mucho menos el «que se vayan todos». Fue el último examen y lo aprobó. El trampolín hacia la victoria electoral de octubre de 2004.
Cierto. El Frente Amplio no llegó al gobierno empujado por una ola de insurgencias populares, ni rebeliones masivas. Es la diferencia con Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela. No estaba obligado a ir por las «reformas estructurales» del programa «antioligárquico» y «antiimperialista» de 1971, cuando su fundación. La reforma agraria, la nacionalización de los bancos privados, la reforma urbana, la nacionalización del comercio exterior, no eran ya una seña programática de la clase trabajadora y sus aliados populares. La crisis de 2001-2003, fue un punto de inflexión. Las demandas bajaron a tierra. El desastroso cuadro socio-económico pincho la «inflación de expectativas». Había que «recuperar» condiciones de vida soportables. Más de 150 mil trabajadores/as habían perdido el empleo en el sector privado; el salario sufrió una caída del 20%; la pobreza y la indigencia sumaban 39%.
En tal sentido, el progresismo se hizo cargo de la «herencia maldita» sembrada por la «crisis del neoliberalismo»; recompuso en parte el «tejido social», redujo los índices de «pobreza reciente» y, fundamentalmente, restauró la «normalización» sistémica. Ejerciendo el poder como partido de Estado. O sea, como partido del orden capitalista. Hecho cualitativo y definitorio que los sectores frenteamplistas «desconcertados», por lo general, omiten de sus análisis. Con mayorías parlamentarias (en los dos primeros mandatos) y sin formalizar un gobierno de coalición con la gran burguesía como en el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, el progresismo uruguayo aplicó con prudencia la estrategia de «unidad nacional» a partir de una consistente política de colaboración de clases. Que, debe decirse, contó (y cuenta) con un amplio consentimiento social.
Evidente. La «decadencia ideológica» de la «centroizquierda» fue sorteando etapas. Comenzó con las distintas «actualizaciones programáticas», con el acceso al gobierno municipal de Montevideo hace 28 años, y con la idea verticalista de que los «cambios» son más eficientes, duraderos y sostenibles, si se realizan «desde arriba». Desmotivando así cualquier proceso de auto-organización por fuera de lo institucional (partidos, sindicatos, gremios estudiantiles, Ongs cooptadas). Razones que también olvidan los militantes del Frente Amplio que hoy son críticos y se preguntan qué es lo que terminó y qué es lo que comienza. (26) Sin responderse sobre la naturaleza y la función actual del Frente Amplio.
Las fuerzas políticas que deciden en el Frente Amplio y sostienen al gobierno, ya no pueden considerarse «de izquierda», ni en un sentido práctico ni programático. Su capa dirigente es, esencialmente, un grupo de funcionarios y parlamentarios que viven de los cargos públicos y las nominaciones electorales; que negocia por dentro del aparato de Estado con un conjunto de enemigos de la clase trabajadora (derecha política, poderes mediáticos, corporaciones patronales, instituciones financieras internacionales, gobiernos imperialistas o reaccionarios), Una capa social conservadora que, más allá de sus contorsiones discursivas y espasmódicos «virajes a la izquierda», es irrecuperable, incluso para una lucha más o menos «reformista». Su horizonte estratégico es el poder por el poder mismo, su programa está desprovisto de un proyecto de nación soberana y huérfano de cualquier noción de emancipación social.
Obviamente, esto no significa subestimar al Frente Amplio como maquinaria electoral. En este terreno seguirá gravitando. Tanto como su indiscutida capacidad de volver a reclutar votos y voluntades que se inclinan por «lo menos malo» para que «no vuelva la derecha».
Las conclusiones que resultan de estos 13 años de progresismo en Uruguay, coinciden con las realizadas por Decio Machado y Raúl Zibechi en torno a los llamados «gobiernos nacionales y populares» o «pos-neoliberales» del «ciclo progresista» en América del Sur. «Lo que entró en crisis es un proyecto que buscó administrar el capitalismo realmente existente (o sea extractivo) pero con buenos modales. El resultado de los años dedicados a gerenciar el modelo, fue el ascenso de nuevas proles de gestores que se incrustaron en los altos escalones del Estado, ya sea como en las administraciones centrales, en las empresas estatales en alianza con empresas privadas. La crisis del progresismo devela lo que el discurso pretendió enmascarar: cómo las políticas sociales, bajo el argumento de la justicia social, el combate a la pobreza y la desigualdad, se limitaron a cooptar a los dirigentes populares para intentar domesticar los movimientos de los más pobres». (27)
La verdadera «disputa», entonces, pasa por (re)construir «un campo estratégico» de la izquierda socialista y revolucionaria. Y no apenas corregir el «rumbo perdido» de la antigua izquierda. Si la función central del progresismo es la de cerrajero del «potencial anticapitalista» de la clase trabajadora, el desafío de las fuerzas de «intención revolucionaria» es (o debería ser) la de forjar una vinculación real con las resistencias sindicales y populares, siendo protagonista visible, sin pretensiones vanguardistas, proponiendo alternativas programáticas y estratégicas antagonistas del poder de Estado y de su arquitectura institucional. En este cuadro, aquellos militantes del Frente Amplio «desencantados», enfrentan un dilema: incómodos adentro, ¿peor afuera?
Montevideo, marzo de 2018.
Notas
1) «Uruguay es un país con poca violencia de género». La Diaria, edición Fin de Semana, 3-3-2018.
2) «Brecha salarial: las mujeres trabajan 87 días gratis al año». Informe Equal Pay Day divulgado por el estudio de abogados Ferrere, El País, 8-3-2018.
3) «Esta es mi revolución. El feminismo militante en Uruguay», Daiana García, Brecha, 9-3-2018, y Correspondencia de Prensa, 9-3-2018.
4) Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, central sindical única.
5) La Marcha recuerda el 20 de mayo de 1976, durante la dictadura (1973-1985), cuando fueron asesinados en Buenos Aires los legisladores Zelmar Michelini (Frente Amplio) y Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional), y Rosario Barredo y William Whitelaw (militantes escindidos del movimiento tupamaro). Todos ellos se encontraban exiliados. El crimen fue cometido por militares uruguayos y argentinos en el marco de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), conocida más tarde como «Operación Cóndor».
6) «Las cloacas de la impunidad». Ernesto Herrera, Rebelión, 22-1-2015 (http://www.rebelion.org/
7) «Hasta acá llegamos», La renuncia de Familiares al Grupo por Verdad y Justicia», Samuel Blixen, Brecha, 2-3-2018 y Correspondencia de Prensa, 3-3-2018.
8) Almuerzo de Mujica (12-12-2012) con 200 empresarios hoteleros, inmobiliarios y gastronómicos, Actividad organizada por «Destino Uruguay» en el restaurante Boca Chica de Punta del Este. Búsqueda, 27-12-2012.
9) Entrevista a Mujica, diario El Mercurio, Santiago de Chile, 5-1-2014.
10) Entrevista a Mujica, suplemento El Empresario, El País, 5-4-2013.
11) «El 14 de abril», Ana Bolon, Brecha, 13-4-2012
12) «Uruguay tuvo con Mujica su mayor grado de libertad económica», Búsqueda, 5-10-2017.
13) «Los policías denuncian sentirse «rehenes» en los barrios críticos». El País, Montevideo, 9-3-2018.
14) «Seguridad, pobreza y criminalización. La profundización del estado punitivo en Uruguay», Ana Juanche y Giani Di Palma, Revista Contrapunto, Montevideo, mayo de 2014.
15) «La benevolencia de la izquierda con los criminales es un mito», entrevista al sociólogo Luis Eduardo Morás en el Semanario Hebreo, Montevideo Portal, 3-3-2018 y Correspondencia de Prensa, 10-3-2018
16) «La pobreza como un problema personal y privado. El ropaje des-socializante de las nuevas políticas sociales», Bentura, Alonso, Mariatti, Brecha, 2-9-2018.
17) «Es pobre por «su culpa»: la nueva grieta uruguaya», Tomer Urwicz, El País, 24-9-2017.
18) Ya existen dos gigantescas fábricas pasteras: una de UPM (ex Botnia), transnacional finlandesa, ubicada en la ciudad de Fray Bentos, departamento de Río Negro; y otra de Montes del Plata, propiedad de Arauco y Stora Enso, de origen chileno y sueco-finlandés, ubicada en Conchillas, departamento de Colonia. La segunda de UPM, se instalará cerca de la ciudad de Paso de los Toros, ubicada entre los departamentos de Durazno y Tacuarembó.
19) «Agro. La revolución sorprendente», Rosanna Dellazoppa, Fin de Siglo, Montevideo, 2014.
20) «Dos años de Mujica», Claudio Paolillo, Búsqueda, 1-3-2012.
21) «El conflicto del campo en la mirada de los trabajadores. La séptima mochila», Salvador Neves, Brecha, 9-3-2018, y Correspondencia de Prensa, 10-3-2018.
22) «Hijos de la tierra. Apuntes sobre la economía política del Uruguay», Gabriel Oyhantçabal. y Rodrigo Alonso, artículo publicado en el libro «Entre: ensayos sobre lo empieza y lo que termina», Estuario editora, Montevideo, 2017.
23) A propósito del poder de los «servicios financieros» y sus consecuencias económicas y sociales, hay un estudio riguroso de Lena Levinas, investigadora del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, «La financierización de la política social: el caso brasileño», publicado en el sito de Sin Permiso, el 10-10-2015: (http://www.sinpermiso.info/
24) «Modos de ocultar el conflicto distributivo. Focopolítica en Uruguay», Leticia Pérez, Brecha, 26-8-2016.
25) «El próximo presidente del FA tendrá que hacer varios parricidios», entrevista a Gerardo Caetano, Brecha, 22-7-2016, y Correspondencia de Prensa, 23-7-2016.
26) Un resumen de las posiciones de estos sectores críticos, la expone el sociólogo Gabriel Delacoste en una entrevista titulada «La decadencia del progresismo no es electoral sino ideológica», Brecha, 9-2-2018. Lacoste integra el colectivo de jóvenes académicos y activistas de diversas redes sociales, militantes del Frente Amplio, que publicaron el libro citado en la nota 22.
27) «Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo». Decio Machado y Raúl Zibechi, Ediciones desde abajo, Bogotá, 2016.