En una ceremonia pública, el 23 del presente, el Jurado Nacional de Elecciones entregó su reconocimiento legal como Mandatario Electo al Comandante Ollanta Humala Tasso, vencedor de la contienda ocurrida el pasado 5 de junio. La ceremonia fue ocasión para que el líder de Gana Perú reafirmara su compromiso con el país y su voluntad […]
En una ceremonia pública, el 23 del presente, el Jurado Nacional de Elecciones entregó su reconocimiento legal como Mandatario Electo al Comandante Ollanta Humala Tasso, vencedor de la contienda ocurrida el pasado 5 de junio. La ceremonia fue ocasión para que el líder de Gana Perú reafirmara su compromiso con el país y su voluntad de cambiar para bien la vida nacional, encarando con seriedad los graves problemas que nos agobian.
Ocurre, sin embargo, que ha de asumir el mando de la nación en un momento crucial, cuando a los males endémicos que todos conocemos, se suman acontecimientos dramáticos que golpean duramente el escenario y han dejado ya una dolorosa estela de destrucción y muerte. Lo de Puno, lo confirma.
Cuando el Presidente García, en julio del 2006 asumió funciones de gobierno, se registraban alrededor de 80 conflictos sociales. Hoy, superan los 270. Alguien podría asegurar entonces que simplemente se multiplicaron por tres y algo más. Pero la cosa es peor: tocaron el hueso de nuestra sociedad después de haber corroído la carne entera. Y es que expresaron no solamente desavenencias entre peruanos, sino contradicciones profundas de un proceso del cual nos había hablado Mariategui en su tiempo. Y es que el Perú es, apenas, una nación en proceso de formación.
Ya desde 1928 advertía el Amauta una sociedad desarticulada y compuesta por diversas vertientes que no se complementaban, sino más bien se enfrentaban y confrontaban en un mismo escenario: el territorio del Estado Peruano, sin atinar a integrar realmente una nación. «Conquistadores y Conquistados», decían algunos no sin un claro sesgo de ironía. En su tiempo, esa realidad dio lugar a algunos desvaríos. Y hasta hubo quienes pretendieron expresarlos sustentando la idea de construir «las Repúblicas Soviéticas Quechuas y Aymaras», esperpento que, en su tiempo fuera sustentado por Eudocio Rabines, un agente infiltrado en el PC de aquellos años y desenmascarado más tarde.
Ha pasado el tiempo, desde entonces, pero los problemas que dieron origen a esa manera de ver las cosas, no han sido resueltos. Es más. Ni siquiera, han sido encarados. Por el contrario, la clase dominante se empeñó por fortalecer el dominio oligárquico a partir de una República realmente aristocrática en la que predominó el linaje y el apellido, en lugar de la capacidad y la integración.
Si la experiencia velasquista de 1968 fue un grito estentóreo de los humildes, éste fue ahogado prontamente por el trípode de la dominación vigente: El Poder Imperial, la oligarquía tradicional y los estamentos políticos que la representaron, y que se empeñaron en construir y perpetuar gobiernos al servicio de los explotadores. Como los males de un país no duran eternamente, ni estos tienen cuerpo que los resista, hoy ha asomado otra vez la crisis, pero en términos más dramáticos, aunque dialécticamente, más esperanzadores.
La punta del Iceberg asomó con fuerza en abril del año 2009 cuando se iniciaron los conflictos entre el Estado y las poblaciones originarias por los temas de la amazonía. Fueron los artículos del Presidente García publicados en un diario local bajo el título de «El Perro del Hortelano» los que encendieron la pradera. Y es que tras ellos se escondía una voluntad siniestra: lotizar la selva para entregarla a consorcios foráneos a fin que extrajeran de ella petróleo y minerales y bio diversidad. Los pobladores -peyorativamente llamados «nativos»- se alzaron contra la iniciativa y comenzó la brega.
El 5 de junio del 2009 se produjo «el baguazo». Las Comisiones investigadoras del tema determinaron después que los hechos ocurrieron por la actitud del gobierno. Ministros del Gobierno de García -como Mereces Araóz y la entonces titular del Interior Mercedes Cabanillas- jugaron un papel nefasto en la circunstancia y quedaron señaladas ante la historia como verdaderas responsables del horror que vivieron allí policías y civiles enfrentados en una pugna incalificable que dejó una secueala de 24 policias muertos y 9 civiles fallecidos.
Hay quienes aseguran que el número de civiles que perecieron en esa circunstancia, fue significativamente mayor que la cifra oficial; y que muchos cuerpos fueron echados por los acantilados de la zona al fondo de los caudalosos ríos de la selva. Alienta la idea de que algo de eso pudo haber ocurrido, el hecho que un oficial de policía también «desapareció» sin dejar rastro. Hay quienes aseguran que él quiso evitar la matanza de los campesinos, y por eso fue victimado.
Las disposiciones referidas a la amazonía fueron -unas- formalmente derogadas; pero otras, mantienen vigencia aunque no han sido aplicadas- Es de esperar que no lo sean ahora, cuando el país comienza a cambiar. Pero el caldero no se circunscribe a la amazonía. Hoy la región altiplánica -vale decir el corazón del sur andino- se ha alzado masivamente en rechazo a las concesiones que el gobierno de García hizo en beneficio de empresas extranjeras. Otra vez el tema del petróleo asomó en la primera línea.
Los habitantes de la zona aymara -el sur del departamento- se oponen tenazmente a esta acción oficial. Y lo hacen, por una doble razón: ellos son agricultores a los cuales la explotación petrolera simplemente arruinaría, y tienen la certeza de que las aguas del lago más alto del mundo -el Titicaca- afrontan un grave peligro de contaminación. Para otorgar las concesiones que hoy se cuestionan, el gobierno de García no hizo la menor consulta a la población. Aplicó el «ordeno y mando» en su variante más elemental, y con ímpetu casi virreinal. Y cuando se iniciaron las protestas ciudadanas, sólo atinó la región bajo el control de las autoridades policiales, en lo que constituyó un intento de apagar con combustible el incendio que asomaba.
Y los de la zona norte del departamento -la zona quechua– libran desde hace diez años una dura lucha contra la contaminación de las aguas del río Ramis por responsabilidad de las Mineras informales. En todo este tiempo, no les han hecho caso.
Hoy, la crisis se agravó en extremo. Después de los hechos más graves, el gobierno tuvo que dar su brazo a torcer y derogó la concesión referida a la mina Santa Ana, pero los otros temas, continúan. Solo que las confrontaciones mayores deberán enfrentadas no por el señor García, sino por el mandatario que iniciará su gestión en julio próximo. Un pastel envenenado suele decirse cuando alguien entrega a otro lo que no es capaz de resolver, y que estallará pronto.
En Puno, el viernes 24, se registraron seis muertos y más de 35 heridos. Y ocurrió porque 300 pobladores de la provincia de Azángaro intentaron tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca, en desesperada protesta, pero fueron repelidos por efectivos de la Policía Nacional y el ejército. Según parece, hay también víctimas de la institución policial.
Pero además de Puno, está planteado el tema de las Universidades. En Huancavelica -el Trapecio Andino- por ley se creó una Universidad de Provincia -la Autónoma de Tayacaja-, pero como no tenía ni locales ni recursos, las autoridades optaron por lo más idiota: resolvieron que tomara los locales y el presupuesto de una Universidad que ya existe, y está en funciones en la capital del mismo departamento. Las protestas dejaron ya tres muertos -uno de ellos, un chico de 14 años- a más de decenas de locales incendiados, destruidos y saqueados por una multitud enardecida. Lejos de entender la ira ciudadana, el gobierno achacó la responsabilidad de los hechos a los pobladores.
Sólo después del sangriento desenlace, el gobierno resolvió adoptar «medidas de emergencia». Y dispuso que la recién creada institución de Tayacaja tuviese sus propios locales y recursos. La muerte de inocentes obligó al régimen a desandar la ruta. Pero el tema de los estudiantes se extendió a otra ciudad del interior, la comercial Huancayo, capital del departamento de Junín y principal nudo de la región central del país. Miles de jóvenes se enfrenaron con palos y piedras a policías que defendieron con bombas y balas a autoridades cuestionadas. La Asamblea Nacional de Rectores dio la razón a los denunciantes: destituyó al Rector y a sus vice rectores e intervino la Universidad.
Hoy cabe preguntarse si no estaremos frente a un escenario preparado para recibir al nuevo gobernante. No olvidemos que el señor García dijo en su momento que él «haría todo» para «impedir que Humala fuese Presidente». ¿Estará cumpliendo. Sus carcajadas de ayer, y que recogen los diarios de hoy sustentan la idea. En todo caso, está claro que, más allá de sus deseos personales y su voluntad confirmada, el Comandante Humala tendrá que atravesar un campo minado para llegar al gobierno.
Gustavo Espinoza M. Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera
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