El análisis crítico de Ricardo Vargas a las políticas de desarrollo alternativo impuesta por los Estados Unidos de América y hechas suyas por los países productores de cultivos con fines ilícitos, puede ser asumida por quienquiera que tenga una actitud crítica con el empleo de la violencia penal para resolver problemas sociales, al criminalizar los […]
El análisis crítico de Ricardo Vargas a las políticas de desarrollo alternativo impuesta por los Estados Unidos de América y hechas suyas por los países productores de cultivos con fines ilícitos, puede ser asumida por quienquiera que tenga una actitud crítica con el empleo de la violencia penal para resolver problemas sociales, al criminalizar los problemas sociales, así como una perspectiva solidaria y tolerante con quienes usan de las drogas para resolver diversas carencias que se le presentan en la vicisitudes de su vida cotidiana. En el caso específico de Colombia el desarrollo alternativo hace parte de la política y la estrategia en la disputa por el control militar del territorio con los movimientos subversivos, bajo el enfoque contrainsurgente de desarrollo y seguridad conocida como la política de seguridad democrática, sobre todo para impedir el acceso de esas organizaciones al cobro de la «protección» -vacuna- para las actividades de conducción de cultivos ilícitos y narcotráfico.
La estrategia de la lucha contra el narcotráfico tiene tres ámbitos de acción: inhibir e impedir que la población use drogas, perseguir penalmente su provisión ilícita, asimismo, destruir los cultivos con fines ilícitos, como lo ordena el artículo 26 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las NNUU.
En los cincuenta años trascurridos desde ese compromiso los intentos de erradicar los cultivos ilícitos resultaron un fracaso, primero, porque esos cultivos no disminuyeron sino muy por el contrario aumentaron y se expandieron por nuevos territorios, segundo, por los efectos contraproducentes que generaron en los campos de la cohesión social y de la seguridad ciudadana, el orden público y el control político, la estructura y funcionamiento de las economías, locales y regionales. Para tratar de compensar esos efectos adversos de la erradicación en lo local, al propósito erradicador se adicionó una voluntad sustitutiva de esos cultivos ilícitos por otros lícitos, otras actividades agropecuarias o económicas que compensasen las pérdidas presentes y futuras causadas por la erradicación, así como favorecer a las poblaciones afectadas mediante otros ingresos indirectos provenientes de diversas prestaciones sociales en salud, educación, transporte, recreación, etc. desarrollo de la infraestructura, las comunicaciones, etc. Este conjunto de políticas, estrategias, proyectos y acciones se denominó desarrollo alternativo a los cultivos ilícitos.
No obstante lo anterior ni los cultivos ilícitos ni la producción de sus derivados disminuyeron, como tampoco los problemas colaterales a su interdicción se resolvieron, muy por el contrario, estos se volvieron notablemente complejos por la aparición de nuevas industrias relacionadas tales como la protección ilegal de las actividades ilícitas correlacionadas, con sus cargas crecientes de corrupción y violencia. Además, una «nueva industria» surgió: el diseño, financiación, administración y ejecución del desarrollo alternativo. Asimismo, medrando en la defensa de los intereses de los campesinos conductores de los cultivos ilícitos y de los agentes del tráfico local y regional prosperó tanto la subversión política como el paramilitarismo.
En la crítica de Vargas hay un componente esencial referido a la carencia de un diseño e implementación de apoyo a la organización social colectiva tanto para la producción y para la comercialización alternativa, como para la recuperación de la cohesión y organización de las comunidades, ya sea para mejor gestionar sus asuntos locales ya sea para fortalecer la representación de sus intereses ante la institucionalidad, local, regional, nacional e internacional. Esta no participación de la comunidad, de los beneficiarios del desarrollo alternativo, en el diseño y la gestión del mismo es a no dudarlo la principal falla social y política del desarrollo alternativo y una de las principales causas de su fracaso. Ha existido una renuencia sistemática a emplear la gigantesca reserva de capital social disponible en las zonas de desarrollo alternativo, pese a las variadas experiencias de buenas prácticas en estos campos, debido a una equivocada comprensión y convocatoria a la iniciativa privada -lo público privado- como contrapuesta y más eficiente que la asociatividad de las comunidades locales para asumir, procesar y resolver sus problemas económicos, sociales y políticos.
Así como la anterior es la principal falla social y política del desarrollo alternativo, la otra falla estratégica es económica y consiste en la no comprensión e incapacidad de intervención en el asunto de los mercados, en el problema estratégico de la competencia en los mercados entre la producción ilícita y la producción lícita a partir de los usos alternativos de los recursos y factores económicos disponibles localmente.
Esto bien lo recoge Susana Ojeda cuando se refiere al desarrollo alternativo desde la visión de los campesinos así: «Los campesinos que tenían cultivos de uso ilícito explicaron que unas de las razones para sembrarlos era que estos cultivos tenían la comercialización asegurada y no necesitaban incurrir en gastos de transporte»
Si bien la producción de la hoja de coca tienen como condición necesaria la demanda internacional por sus derivados, la condición suficiente para la instalación de esos cultivos con fines ilícitos es que sus productos sean pagados por un precio que remunere al menos por sus costos a los factores empleados en su conducción, como son: el trabajo, la tierra y el capital, tanto mejor si el capital empleado es remunerado por encima de la tasa de interés, es decir, si hay ganancia o lucro, en fin, reproducción ampliada de capital.
Los cultivos con fines ilícitos están articulados al tráfico internacional de drogas mediante una demanda de la hoja de coca y sus derivados, precisamente porque los precios que ofrecen y pagan remuneran el uso de los factores empleados en su conducción, cosecha y procesamiento por encima de sus costos de producción, o al menos por sus costos. Esto es lo que constituye el mercado ilícito local, regional, nacional e internacional de los cultivos que contienen sustancias estupefacientes y sus derivados, en el caso que nos ocupa de la coca principalmente, pero también de la amapola y la marihuana. Mientras que los mercados locales de los productos lícitos remuneran el empleo de los mismos factores -trabajo, tierra y capital- por debajo de sus costos de producción en terreno; por esto son desplazados por las producciones ilícitas, ni pueden competir con ellas cuando se promueve el desarrollo alternativo.
Las conocidas imperfecciones locales de los mercados agrícolas son bien recogidas por Ojeda en las siguientes sistematizaciones de las experiencias campesinas con proyectos de desarrollo alternativo, afirma que: «Los campesinos son conscientes de la inseguridad que plantea la apuesta por un monocultivo, asociado a las enfermedades y las restricciones de los mercados».Ya que: «No existe una cadena de comercialización establecida y el campesino además no tiene claro el concepto de mercadeo por falta de asesorías al respecto». Por lo tanto: «Es muy difícil mantener el compromiso de los asociados con las organizaciones…., algunos de los asociados venden sus productos por fuera de la organización, a intermediarios que pagan un poco más por sus productos».
Las asimetrías entre los productores dispersos y la concentración de la comercialización son explicadas así por Ojeda: «Con relación a las restricciones del mercado, los líderes campesinos mencionan que en ciertas situaciones estos proyectos benefician más a los grandes comercializadores que a sus pequeñas organizaciones. Muchos de los proyectos productivos no se diseñaron teniendo en cuenta a los campesinos, sino intereses empresariales». Según sus beneficiarios la comercialización agrícola es, a no dudarlo, el cuello de botella del desarrollo alternativo.
Los resultados económicos del desarrollo alternativo juegan un rol determinante en las consecuencias locales de la aplicación de la represión al narcotráfico y la subversión. En el desarrollo alternativo, en cuanto a la aplicación de la ley y a la violencia la principal hipótesis de intervención en las zonas de cultivos con fines ilícitos donde se quiera promover el desarrollo alternativo, establece que: «…si la relación beneficio costo en el uso lícito de esos recursos es positiva, aunque el uso ilícito de los mismos sea positiva y mayor que aquella, la represión legítima a estas actividades ilícitas no generará violencia, en cambio si la relación beneficio costo del empleo de esos recursos en actividades lícitas es negativa y la relación beneficio costo de su empleo ilícitos es positivo, la represión a estas actividades por legítima que sea necesariamente generará y generalizará la violencia».(1)
La elección preferencial de los campesinos de la región andino amazónica por los justos ingresos provenientes de los usos lícitos de los recursos y factores productivos que disponen, frente a la ganancias mayores por los usos ilícitos de aquellos, es decidida de la misma manera que la mayoría de la gente no delinque por temor a la persecución penal, ya que el 95% de los casos denunciados no tienen sanción alguna, sino porque considera que es mejor para la convivencia y el bienestar de todos. La gente no delinque por conveniencia, por temor al castigo, sino por razones morales, por respeto a normas generales convenidas y aceptadas.
Para terminar, si la estrategia de desarrollo alternativo solo se conforma con promover y apoyar la conducción de cultivos con el desarrollo social y de infraestructura, sin resolver el problema estratégico de los mercados, entonces el desarrollo alternativo es sólo complementario al mercado ilícito creado por el narcotráfico. Si además, se promueve la organización social para representar los intereses de los cultivadores locales, sin promover la organización para la gestión de sus intereses en los mercados -sistemas de asociatividad, cooperativas de comercialización, fondos rotatorios, asociaciones de riesgos compartidos a nivel internacional (joint verture), etc.-, esas organizaciones defenderán los intereses de los cultivadores de coca en tanto tales, los cuales, por razones obvias, no son contrapuestos con los intereses de los narcotraficantes y las organizaciones ilegales de protección.
La actual coyuntura de los mercados agrícolas internacionales, según la FAO, en los últimos tres años ha llegado a ser un 130 por ciento mayor que los precios promedios entre los años 2005 y 2010. Esta situación constituyen una gran oportunidad para el desarrollo alternativo, pero a la vez esos altos precios y la gran volatilidad de los mismos dada la incertidumbre económica y financiera internacional, junto con los bajos grados de competencia que prevalecen en muchos de los mercados de los alimentos, puede hacer que los altos precios no le lleguen a buena parte de los productores agropecuarios, particularmente los agricultores campesinos familiares, que es la forma de producción que caracteriza a los cultivos ilícitos, quienes en las actuales condiciones no pueden aprovechar esta oportunidad.
Nota:
(1) de Rementería, Ibán. El impacto de los cultivos ilícitos en el Oriente de Colombia. La utilidad económica y ecológica de los cultivos de drogas. Conferencia dictada en la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán, de la Universidad Nacional de Colombia, el 17 abril 2010.