“Qué nos lleva al acuerdo con el FMI: La política de Estado con convicción de la Presidenta Xiomara Castro” (Rixi Moncada, Ministra de Finanzas)
Contra todos los pronósticos, especialmente de dirigentes de la oposición política (Partidos Nacional y Liberal), dirigentes de la empresa privada, ONG “tarifadas” e incluso funcionarios del propio Gobierno del Poder “Popular”, la Ministra de Finanzas de Honduras, Rixi Moncada, y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron después de más de un año de negociaciones, un acuerdo de cooperación entre miembros del personal técnico de dicha institución financiera y el Gobierno.
Es una declaración de consenso sobre la base de conclusiones preliminares que someterán a la Gerencia del Fondo para ver si procede elevarla a consideración del Directorio para su aprobación. Es difícil que ello no se dé, ya que es respaldado por un documento técnico de análisis de la economía hondureña y los resultados acanzados en temas de estabilización económica, como de reformas estructurales en marcha.
Y es que el Gobierno, sobre todo desde la Secretaria de Finanzas (SEFIN), el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE), ha venido incorporando parte de las recomendaciones de los técnicos del FMI para aspirar a la firma de un convenio de cooperación de mediano plazo que permita al país acceder a recursos financieros en montos superiores a los 800 millones de dólares, acompañado del relajamiento de las condiciones de crédito por la banca privada internacional y el uso de fondos de la banca nacional.
El Gobierno ha puesta en práctica el llamado Presupuesto Base “O”, recomendado por el FMI para países con problemas de desequilibrios fiscales y ausencia de criterios efectivos y transparentes de asignación de recursos. Para funcionarios del Gobierno, su institucionalización ha permitido un mejor control y uso de los recursos de presupuesto, mejorando la programación del gasto por las distintas Secretarías de Estado con base en el principio de la racionalidad y resultados e impactos positivos en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y de productos, incluyendo gastos de inversión.
En el primer año al Gobierno se le acusó su falta de eficiencia y efectividad en el uso de los recursos presupuestarios, atribuido al modelo de gestión financiera seguido por el Gobierno anterior (Alianzas público-privadas APP y fideicomisos por ejemplo), la poca experiencia y conocimiento técnico de funcionarios públicos, una cartera de proyectos de inversión no actualizada y trámites burocráticos propios de la Administración pública; pero se dijo muy poco sobre los resultados de la aplicación de la técnica del Base “0”, que incidió en los bajos montos de ejecución del gasto de inversión para 2023 (primer semestre), los cuales deberían aumentar a finales del año por la creciente demanda de recursos para atacar los problemas de desempleo, salud, educación, vivienda, producción alimentaria e infraestructura económica y social.
El FMI también ha venido recomendando -desde hace tiempo- una reforma tributaria de gran alcance que elimine o contribuya a eliminar la regresividad del sistema, donde los que menos tienen y menos ganan paguen menos impuestos que los que más ganan y tienen. El anteproyecto de esta Ley está en poder del Congreso de la República y ha sido ampliamente socializado, pero la cúpula del sector privado y los llamados “dueños” de Honduras, un reducido grupo de empresarios que controlan los principales bancos del país, medios de comunicación, comidas rápidas, empresas generadoras de energía, equipos de futbol, etc., se oponen por considerarla lesiva a sus intereses, inversión extranjera y pueblo hondureño que enfrentará crecientes despidos por el eventual cierre de las empresas.
El Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) generalizó los fideicomisos que sirvieron para que muchos empresarios y bancos asumieran competencias públicas usando recursos del Estado sin control. Se denunció el uso indebido de gran parte de estos recursos, siendo eliminados por el gobierno de Xiomara Castro al dar vida a la Caja Única de Tesorería bajo control del Gobierno. Al 30 de julio de 2022 existían 40.632 millones de lempiras en fideicomisos manejados por bancos públicos y la banca privada. (El heraldo, 26-08-022). Hay pendiente una auditoria efectiva del uso de estos fondos y la práctica de la corrupción institucional que generó, igual una evaluación de los resultados obtenidos.
También el FMI y su «mea culpa», demanda poner fin a la piñata de la Empresa Nacional de Energía Electica (ENEE), donde cada año el Estado tiene que asumir las deudas de la empresa con más endeudamiento, un círculo vicioso cuyos mayores beneficiarios son aquellos empresarios y funcionarios públicos que negociaron y suscribieron contratos lesivos para las arcas del Estado.
El gobierno de Xiomara Castro decidió declarar la energía como bien público y asumir las funciones y competencias de la ENEE, algunas de las cuales ya habían sido trasladadas a empresas de maletín (constituidas en el acto) y otras estaban en camino de privatización. Aunque estas decisiones no tienen la bendición del FMI, los efectos e impactos negativos que causó el modelo anterior de privatización en proceso son mayores que aquellos que se desprenden de las nuevas políticas de control y gestión pública de la empresa por el Gobierno, incluyendo el cumplimiento de la meta de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, un gran reto para las autoridades involucradas.
Honduras necesita urgentemente una nueva Ley de Contratación del Estado para eliminar la “pudrición” que se manifiesta en trámites engorrosos y una red de corrupción que todavía no se ha desmantelado, siendo las instituciones más visibles el Instituto de la Propiedad (IP) y la Secretaria de Infraestructura. Al parecer, el FMI avala la vigencia de esta nueva ley que deberá ser aprobada por el Congreso de la República, pero como parte de una reforma más amplia de la institucionalidad pública.
El Gobierno de la República defendió además su política de mayor control por el Banco Central de las Divisas, al institucionalizar el mecanismo de Subasta de Divisas que había sido abandonado gradualmente en el Gobierno anterior al permitir su flexibilización para que la banca y agentes cambiarios decidieran el precio del dólar en un mercado con menos control. No obstante, el Gobierno ha aceptado las microdevaluaciones recomendadas como política de estabilidad “cambiaria” y competitividad, lo cual ha sido cuestionado por el sector privado “industrial” que depende mucho de las importaciones, en una coyuntura de fuertes presiones inflacionarias externas e internas. Aquí, el Gobierno se “compromete” a no permitir aumentos sostenidos del tipo de cambio efectivo real (rezagos) que supone una pérdida teoría de competitividad de las exportaciones.
Para el FMI, “la economía hondureña ha seguido mostrando una notable resiliencia frente a varios shocks, internos y externos, incluidos la pandemia, fenómenos naturales (tormentas y sequías), el impacto de la guerra en Ucrania y la desaceleración de la economía mundial, que impacta especialmente en el sector exportador. Honduras continúa enfrentándose a problemas sociales y estructurales, incluida una alta vulnerabilidad al cambio climático. Para hacer frente a estos desafíos, será necesaria la aplicación consistente de políticas y reformas estructurales que promuevan la diversificación económica y la inclusión social”[1]. La preocupación de los empresarios es que las microdevaluaciones introduzcan mayor inestabilidad al sistema económico, al aumentar los costos de producción por el mayor precio de insumos importados, la pérdida creciente del poder de compra de los salarios y los perceptores de rentas fijas y el costo del dinero en moneda local y endeudamiento.
La ampliación de espacio fiscal para la inversión productiva y social, e incluso para el pago puntual del servicio de la deuda externa, es quizá el principal compromiso que asumirá el Gobierno al suscribir el Convenio con el FMI. Es clave la reforma tributaria, donde todavía el sector privado y la oposición política se resisten a aprobar, el combate de la corrupción y falta de transparencia y mejora en la productividad del gasto con acciones que se deben concluir, pero también la vigencia del no uso de las reservas internacionales para financiar el presupuesto y pago de deudas, así como el uso de recursos de la banca local ( ¿y privada externa?) con emisión de bonos del tesoro, frente a la competencia como la Corporación Andina de Fomento(CAF), el banco de los BRICS y la misma China.
El Gobierno ha argumentado que el préstamo del Banco Central por 2.000 millones de dólares de las reservas internacionales era la única opción que había, en tanto las deudas dejadas por el gobierno de JOH eran muchas y el costo del dinero en los mercados internacionales era mayor al previsto antes de las elecciones de 2021; además, había que honrar dichas deudas, especialmente con los acreedores externos donde el FMI se constituye en su guardián. El Gobierno espera que 2023 cierre con reservas suficientes para cubrir 5,5 meses de importaciones, estimándose para 2024 un cubrimiento igual o mayor a 5 meses [2].
Hay optimismo también en la reducción de la inflación de 9,8% en 2022 a 7% máximo en 2023 y 5% en 2024, lo mismo se muestra en la reducción del déficit de la Administración Central en más de 2.300 millones de lempiras entre 2023 y 2024, cuando en 2022 fue evidente un monto mucho menor, superior a los 10.000 millones de lempiras, un -1,3% del PIB [3]. Aunque se ha cuestionado al Gobierno por mantener una Tasa de Política Monetaria (TPM) de 3,0%, los choques externos y la especulación interna son los factores determinantes de las presiones inflacionarias, siendo urgente el apoyo a la producción alimentaria. La tasa de crecimiento del PIB de 4,0% en 2022, estimándose entre 3,5% y 4% para 2023-2024, por encima de los promedios para la región centroamericana, es un resultado que muestra a Honduras y el Gobierno con determinación para avanzar y que el FMI valoró positivamente.
Hay preocupación por los menores flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en 2023 cuyos montos serán inferiores que los captados en 2022 (unos 822 millones de dólares). El convenio da un espaldarazo al Gobierno en este campo, pero seguirá siendo insuficiente por los problemas estructurales del país. La estabilidad macroeconómica que se busca lograr con el apoyo del FMI no apunta a cubrir el déficit en inversión productiva y mayor oferta y generación de puestos de trabajo, tal como demuestran las cifras del gobierno de JOH; mucho menos en reducción de pobreza, desigualdades económicas y sociales, seguridad alimentaria, salud, educación, protección social y vivienda popular.
El Gobierno debe estar consciente de que el convenio con el FMI introduce una especie de condicionalidad “invisible” que actúa como freno a aquellas propuestas de campaña o acciones orientadas a reformar la Ley para la Modernización y Desarrollo Sector Agrícola (LMDSA) que congeló la reforma agraria hondureña, la revisión del RD-CAFTA, los ajustes o derogación de la Ley de Minería contaminante, la Ley ambiental y forestal, la reglamentación de la Ley del Empleo por Hora y la política de control de precios, entre otros; pero que no deben descuidarse por ser compromisos de país.
Finalmente hay una preocupación manifiesta de la presidenta Xiomara Castro por aumentar en forma sostenida los niveles de ejecución del gasto de inversión pública, ya que al mes de agosto de 2023 era de apenas un 25,2%, lo que implica acelerar la marcha en la aprobación de proyectos de inversión y la eliminación de trámites burocráticos y poco transparentes. Se espera que al final del año el % de ejecución sea mayor del 80%. En ello, al margen del convenio con el FMI, personeros de la Secretaria de Finanzas y de Planificación deben evaluar los criterios de asignación y priorización de recursos por las instituciones públicas, generando una vía rápida para formular, aprobar y ejecutar proyectos de mayor impacto en empleo y reducción del hambre y pobreza.
Notas:
[1] FMI, Comunicado de Prensa N.23/287, del 11 de agosto de 2013, Washington, DC,
[2] Ver presentación del Programa Monetario 2023-2024, Subgerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Honduras, pág. 24, abril de 2023.
[3] Programa Monetario 2023-2024 Óp. cit pág. 12
Javier Suazo. Economista hondureño especializado en políticas económicas y relaciones internacionales, con estudios doctorales en ciencias economías.
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