El nuevo Parlamento europeo surgido de las elecciones del 26 de mayo debería replantearse la implementación del llamado Fondo Europeo de Defensa, que fue aprobado el 18 de abril por el Parlamento anterior. Mediante este Fondo se pretende cofinanciar (con cargo al presupuesto de la UE y a los presupuestos estatales de los Estados miembros) […]
El nuevo Parlamento europeo surgido de las elecciones del 26 de mayo debería replantearse la implementación del llamado Fondo Europeo de Defensa, que fue aprobado el 18 de abril por el Parlamento anterior. Mediante este Fondo se pretende cofinanciar (con cargo al presupuesto de la UE y a los presupuestos estatales de los Estados miembros) proyectos de investigación y desarrollo militares. La industria europea de seguridad y defensa ha logrado así un objetivo que venía persiguiendo desde hace años. Este sector industrial, a través de un lobby potente en Bruselas, inspira las políticas de seguridad y defensa de la UE. Consiguió convencer a los dirigentes europeos de la necesidad de apoyar al sector para hacerlo «competitivo e innovador». En 2015 la Comisaria Europea de Mercado Interno e Industria creó un Grupo de Personalidades (GoP) de asesoramiento sobre investigación en defensa e invitó a la industria de defensa a partipar en él. De un total de 16 miembros, siete eran presidentes de empresas de armamento (Indra, MBA, Saab, Airbus, BAE Systems, Leonardo, Liebherr-Aerospace), dos eran presidentes de centros de investigación militar (Fraunhofer-Gesellschaf y TNO), uno era el director de un instituto de estudios internacionales (Finnish Institute of International Affairs) y (sólo) 6 eran políticos europeos. Este GoP aconsejó la puesta en marcha de un programa de investigación en defensa para consolidar la base tecnológica e industrial de la defensa europea. La Comisión Europea adoptó sus recomendaciones en aspectos fundamentales como el nivel de financiación, la propiedad intelectual, un mercado garantizado y, desde 2021, un programa de financiación generosamente dotado. Ese fue el origen del Fondo aprobado por la anterior Eurocámara pocas semanas antes de las elecciones europeas.
Nihil novum sub sole.
Efectivamente, el proceso descrito es completamente análogo al que, en la pasada década, condujo a que la Unión Europea aprobase un programa de investigación en seguridad. También entonces se creó un GoP de asesoramiento sobre investigación en seguridad en el que participó el sector industrial de seguridad y defensa. También ese GoP sugirió la implementación de un programa de financiación de investigación en seguridad, que la Comisión Europea asumió. Cabe decir que, desde hace años, la industria de armamento ha ido ampliando su producción hacia la tecnología de seguridad y vigilancia. Actualmente, además de aviones o tanques de combate, también fabrica radares, sensores, sistemas de detección, dispositivos de vigilancia y de identificación biométrica, tecnología destinada a los muros fronterizos, etc. De ese programa de investigación surgieron productos y tecnología de seguridad, que hoy en día las empresas europeas del sector ya están vendiendo, por un lado, a los Estados comunitarios que pretenden convertir la UE en una fortaleza contra la inmigración (recordemos los muros que se construyen por toda Europa) y, por otro lado, a terceros países a los cuales la Unión está externalizando el control de la inmigración.
La ejecución del Fondo significará la culminación de la jugada maestra que el sector europeo de defensa y seguridad ha venido llevando a cabo desde la pasada década. Fondos públicos subvencionarán la investigación (el 100% de los costes a cargo de la UE) y el desarrollo (20% a cargo de la UE y el resto a cargo de los Estados miembros) de productos y tecnología militar. La industria de defensa llevará a cabo esa investigación, se quedará con la propiedad intelectual del material y tecnología de defensa resultantes y venderá esos resultados a los Estados miembros que, según la regulación del Fondo, se habrán comprometido a ello.
A modo de preámbulo de la implementación del Fondo de Defensa, la Unión Europea ya ha puesto en marcha dos programas de financiación, dentro del actual período presupuestario de la UE, que finaliza en 2020. Son la Acción Preparatoria sobre Investigación en Defensa (Preparatory Action on Defence Research, PADR), que abarca el periodo 2017-2019 y el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP), a desarrollar en 2019-2020. La PADR financia investigación militar, con un presupuesto de 90 millones de euros. El EDIDP financiará el desarrollo de prototipos, equipos y tecnología, con un presupuesto de 500 millones de euros. Se trata, por tanto de recursos públicos de la UE para investigación militar.
El Fondo de Defensa se integrará en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 de la Unión. Estará dotado con 13.000 millones de euros procedentes de los presupuestos comunitarios (cuantía susceptible de ser modificada durante la negociación de los presupuestos de la Unión para el periodo citado). Concretamente, 4.100 millones para proyectos de investigación y 8.900 millones para proyectos de desarrollo de prototipos. Pero eso no es todo. La subvención de los proyectos de desarrollo bajo la cobertura del Fondo no excederá normalmente del 20% de los costes subvencionables. El resto irá a cargo de la financiación estatal de los Estados miembros. Es decir la financiación de la fase de prototipos por parte del Fondo tendrá un previsible efecto multiplicador de forma que el gasto total será 5 veces el aportado por el Fondo. El texto de regulación del Fondo preve que uno de los criterios para que un proyecto sea subvencionable consiste en que las entidades que opten a la subvención han de demostrar que los costos no cubiertos por el Fondo quedarán cubiertos por otros medios de financiación, por ej., mediante contribuciones de los Estados miembros. El texto recoge la necesidad de asegurar el compromiso de los Estados miembros de cofinanciar los proyectos de desarrollo. Se estima que la suma de los recursos procedentes del presupuesto comunitario y los recursos procedentes de los presupuestos estatales de los Estados miembros, sobrepasará los 50.000 millones de euros.
En un párrafo anterior se ha comentado el compromiso de los estados comunitarios de adquirir los productos resultantes de los proyectos subvencionados por el Fondo. De hecho, otro de los criterios para acceder a las subvenciones será la demostración, por parte de las entidades que optan a subvención, de que los Estados miembros se comprometen a usar o poseer, de forma conjunta y coordinada, los productos o tecnología finales.
El acuerdo contempla que la Comisión nombre expertos independientes que la asistan en el escrutinio ético y en la evaluación de las propuestas. Esta lista de expertos no se hará pública, con lo cual no estará sujeta a control público. Se seleccionaran a partir de convocatorias dirigidas a Ministerios de Defensa, organismos gubernamentales relacionados con Defensa, institutos de investigación, universidades e industria de defensa. Es decir, de nuevo las empresas del sector de defensa y seguridad participarán en la toma de decisiones que les atañen: la selección de los proyectos que ellas mismas presentarán y el examen ético de esos proyectos. Por otro lado, aúnque el texto de regulación explicita que los expertos no evaluarán ni asesorarán sobre materias respecto a las cuales tengan conflicto de intereses (en particular respecto a su posición actual), no se evitará el fenómeno de la puerta giratoria. Un alto cargo de la Administración que actúe hoy de experto puede favorecer determinados proyectos y ser premiado en el futuro por la empresa beneficiada, al no estipularse periodos de incompatibilidad. Es bien sabido que el fenómeno de la puerta giratoria está mucho más arraigado en el ámbito de la defensa que en otros sectores industriales.
Se confiere a la Comisión la autoridad en la implementación del programa de trabajo y en las decisiones de adjudicaciones. La Comisión estará asistida por un comité compuesto por los Estados miembros («el Comité»). El Parlamento europeo no participará en esa implementación. El financiamiento de la Unión se otorgará a partir de convocatorias competitivas para posibles propuestas. Sin embargo, en circunstancias excepcionales (sin especificar) se podrá adjudicar financiación de la UE a un proyecto sin una convocatoria de propuestas. No creemos que esta sea la forma óptima de evitar situaciones de corrupción y privilegios.
Si el Fondo Europeo de Defensa sigue su curso según está planeado, entre 2017 y 2027 se habrán financiado la investigación, el desarrollo de prototipos, los ensayos, la producción y la adquisición de tecnología militar con fondos públicos por un valor de 51.000 millones de euros. Y la gran beneficiada será la industria europea de armamento. Además, la UE tendrá que desviar partidas destinadas a usos civiles hacia el Fondo de Defensa, si los Estados miembros no aumentan sus aportaciones al presupuesto de la Unión. Si la UE pretende contribuir al bienestar de sus ciudadanos y a la paz mundial, dedicar tanto dinero al sector militar es una de las peores opciones posibles.
Teresa de Fortuny, investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
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