Independientemente de factores tales como el programa oficial de gobierno, los intereses de los financistas que pagaron la campaña (permaneciendo en el anonimato y contraviniendo la ley) y el pasado de los nuevos gobernantes, aspectos problemáticos de por sí, el gobierno recién electo del Partido Patriota y encabezado por el general Otto Pérez Molina, tiene […]
Independientemente de factores tales como el programa oficial de gobierno, los intereses de los financistas que pagaron la campaña (permaneciendo en el anonimato y contraviniendo la ley) y el pasado de los nuevos gobernantes, aspectos problemáticos de por sí, el gobierno recién electo del Partido Patriota y encabezado por el general Otto Pérez Molina, tiene la significación profunda de ser una reconfiguración autoritaria de la vida social del país.
La llegada al poder del Partido Patriota tiene que ver con su propuesta de «mano dura» contra la violencia delincuencial tan fuerte que existe, pero que se vincula con las tendencias conservadoras y autoritarias arraigadas en la estructura social guatemalteca y en el carácter del ejercicio del poder político (aspectos que tienen un origen bastante anterior). Sin embargo, este gobierno que aún no toma posesión, estimula y refuerza dichas tendencias.
Al respecto, existen algunas expresiones sintomáticas de este fenómeno. En primer lugar, su primera propuesta de gobierno es el ya mencionado combate a la delincuencia a través de la «mano dura» y con una mayor participación del ejército (puesto que ya se da a través de patrullas combinadas).
En segundo lugar, se está produciendo una recomposición y «reaparecimiento» a nivel local de elementos de las Patrullas de Autodefensa Civil y de los Comisionados Militares.1 Sin que exista una política declarada por el nuevo gobierno, a nivel local se están formulando expresiones de una «vuelta al poder» de estas figuras.
Finalmente, la aparición de una acusación contra militantes de las organizaciones revolucionarias es otro síntoma revelador de esta reconfiguración autoritaria. Si bien su objetivo inmediato es la destitución de la actual fiscal del Ministerio Público2 como cínicamente fue revelado por su principal acusador («Sí, es contra Claudia Paz y Paz», elPeriódico, 29/11/2011), el movimiento de exmilitares que le acompaña apunta a un mayor peso e influencia de sectores conservadores y autoritarios que ven que el nuevo gobierno creará un clima favorable para sus intereses.
Esta reconfiguración autoritaria de las relaciones sociales y el poder político supone un desafío para la actuación y el pensamiento de los movimientos sociales y populares que deberán enfrentar entre otras cosas, un clima ideológico desfavorable y una negación y una propuesta revisionista de la memoria histórica en los próximos cuatro años.
Notas
1 Las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron uno de los instrumentos clave en la lucha contrainsurgente llevada a cabo por el Ejército de Guatemala durante el Conflicto Armado Interno. Siendo obligados en muchos casos, también cometieron muchas de las violaciones a derechos humanos cometidas en el conflicto. Los Comisionados Militares son una figura mucho más antigua que sirvió como mecanismo de control a nivel local y que también tuvieron su papel como figuras represivas y autoritarias.
2 La jefe del Ministerio Público es la Dra. Claudia Paz y Paz, profesional de reconocida trayectoria en el tema de derechos humanos que ha dado un respaldo muy importante a las investigaciones contra los responsables de delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno guatemalteco. Delitos que, como se sabe, son imprescriptibles.
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