Las elecciones del próximo domingo debieran ser el referéndum al que el PP, el PSOE, UPyD y CIU se han opuesto. El pasado día 6 de mayo, todos estos partidos rechazaron, en el Congreso de los Diputados, la propuesta de Izquierda Unida de celebrar un referéndum para que la ciudadanía decida si España apoya o […]
Las elecciones del próximo domingo debieran ser el referéndum al que el PP, el PSOE, UPyD y CIU se han opuesto. El pasado día 6 de mayo, todos estos partidos rechazaron, en el Congreso de los Diputados, la propuesta de Izquierda Unida de celebrar un referéndum para que la ciudadanía decida si España apoya o no el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y Estados Unidos, que ya se está negociando a espaldas de la gente. El 92.5% del Parlamento se opuso a que la gente decida y sólo el 6.5% apoyó la vía democrática. Se trata de un Acuerdo que supondrá nuevos y duraderos recortes.
PP y PSOE apoyan el Acuerdo y, mediante una Proposición no de Ley presentada en el Congreso de los Diputados el pasado día 13 de junio, han instado al Gobierno de Rajoy a impulsar las negociaciones en la Unión Europea. Así que, la firma del Acuerdo UE-EE.UU., que sería la iniciativa política de mayor importancia durante la próxima legislatura europea, contaría con el apoyo de PP y PSOE y dañaría gravemente la calidad de vida de la mayoría social. El bipartidismo está ocultando por completo la cuestión más importante que debiera debatirse en la campaña electoral para el Parlamento Europeo. Es más, si se aprobara el Acuerdo, el bipartidismo acabará echando las culpas de futuras desventuras no sólo a Bruselas, sino también a Washington.
El ataque contra la democracia que están perpetrando el PP y el PSOE, al ocultar su intención de impulsar el Acuerdo UE-EE.UU., es particularmente grave porque el Parlamento Europeo tiene capacidad para impedir que salga adelante. Una vez más, la esperanza estará en IU y en sus aliados europeos debido a su compromiso para amplificar la denuncia del Acuerdo y votar en contra.
Mientras PP y PSOE nos mienten sobre su compromiso con la transparencia, el negociador europeo del Acuerdo, Ignacio García Bercero, le ha escrito una carta a su homólogo estadounidense, Daniel Mullaney, en la que garantiza que los documentos referidos a las negociaciones del Acuerdo «serán mantenidos en secreto» durante un período de tiempo de hasta 30 años (European Commission, Arrangements on TTIP negotiating documents, Bruselas, 5 de julio de 2013).
Un informe publicado, el pasado mes de octubre, por la Seattle to Brussels Network (A Brave New Transatlantic Partnership) muestra los devastadores efectos que tendría el Acuerdo que apoyan PP y PSOE sobre la economía, los derechos laborales, la salud y el medioambiente. Además, al plantearse una armonización normativa con los Estados Unidos, reduciendo estándares laborales y sociales, el efecto sería favorecer a las empresas multinacionales y debilitar políticamente a una Unión Europea que tendería a convertirse en el Estado 51 de los Estados Unidos de América.
Las autoridades europeas han hablado de la creación de cientos de miles de empleos si se firma el Acuerdo, pero el estudio realizado por la Comisión Europea señala un crecimiento mínimo y advierte de la destrucción de puestos de trabajo en varios sectores (industrias de maquinaria electrónica, equipos de transporte y metalurgia, sectores madereros y de fabricación de papel y empresas de comunicación y servicios). El Acuerdo podría agravar las diferencias entre la Europa rica y la pobre al afectar negativamente a sectores que son más importantes para la periferia, como el agrícola. Las explotaciones estadounidenses son trece veces mayores que las europeas, carecen de las exigencias medioambientales y de bienestar social y animal de este lado del Atlántico y, por lo tanto, compiten ventajosamente con nuestra agricultura. La Comisión Europea reconoce que el Acuerdo supondría una reducción del empleo y la producción agrícolas en la Unión Europea y que, además, dañaría a los productores de carne.
La armonización de las normas laborales se haría mediante la convergencia con la normativa laboral de Washington, que no ha ratificado algunas convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Algo que encaja muy bien con la política antilaboral evidenciada en las orientaciones de la Comisión Europea que, por ejemplo, en mayo de 2013, recomendó reducir o congelar salarios a doce de los países de la zona euro.
Otro aspecto preocupante del Acuerdo se deriva del hecho de que Estados Unidos no reconoce el principio de precaución en que la Unión Europea sustenta parte de su legislación. Se trata de legislación que protege la salud y el medioambiente ante riesgos que los datos científicos no determinan perfectamente. Por ejemplo, en la Unión Europea están prohibidas hormonas para el crecimiento del ganado que se sospecha que son cancerígenas, pero son legales en Estados Unidos. El pollo estadounidense no puede ser exportado a la Unión Europea porque es lavado con cloro. Asimismo, hay miles de sustancias químicas legalizadas por Washington que a este lado del Atlántico deben someterse a ensayos rigurosos por sus potenciales efectos negativos sobre la salud. Es más, ante un proceso de armonización regulatoria, la normativa europea para atenuar el cambio climático correría peligro, pues ha sido objeto de críticas por dañar la competitividad de empresas europeas ante sus competidoras de otros lugares.
El fracking es una agresiva técnica de extracción de gas del subsuelo que está limitada en Europa a causa de los serios riesgos que conlleva para la salud y el medioambiente. En Estados Unidos se perforan miles de pozos cada año. Pues bien, antes o después, se abrirán camino las cláusulas que protegen a los inversores frente a los estados para que se les compense por las oportunidades de beneficio perdidas a causa de la legislación. Por ejemplo, en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, una empresa estadounidense ha demandado a Canadá, y le exige una indemnización de 191 millones de dólares, a causa de la oportunidad de negocio perdida porque la provincia de Quebec aprobó una moratoria sobre el fracking en función de consideraciones medioambientales. O sea, si prosperara el Acuerdo acabaría planteándose el dilema de suprimir legislación protectora del medioambiente o asumir compensar a determinadas empresas por lucro cesante.
El Acuerdo UE-EE.UU. reforzaría los derechos de propiedad intelectual, con efectos claramente negativos sobre el precio de los medicamentos. Asimismo, la profundización en la liberalización de los servicios exigiría, en palabras del profesor Vicenç Navarro, «el desmantelamiento del Servicio Nacional de Salud, eliminando su universalidad». Es más, la liberalización de servicios financieros extendería la más permisiva legislación europea a Estados Unidos, favoreciendo así las condiciones para futuras crisis financieras.
En suma, es realmente preocupante que la cuestión más importante que se decidirá en la próxima legislatura europea haya estado fuera de la campaña electoral para el Parlamento Europeo. Y es aún más inquietante observar a todas esas personas que creen que van a castigar a los políticos responsables de la crisis absteniéndose de ir a votar. Pues no, no van a castigar a esos políticos, se van a castigar a sí mismas al dejarles las manos libres para seguir destruyendo derechos y al desperdiciar la oportunidad de votar a quienes se oponen al Acuerdo. Todavía están a tiempo de entender que el voto puede ser un arma que se utilice en defensa propia.
Ramón Trujillo es coordinador de Izquierda Unida Canaria.
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