Usualmente ocurre que una dictadura busca paralizar a una población infundiéndole miedo. La intimida a través de procedimientos violentos que la acallan.
Usa la represión desenfrenada, la amenaza constante, la legislación punitiva y la carcelería permanente. Está persuadida que, de ese modo, la gente se abstendrá de actuar y acatará en silencio cualquier disposición que emane del Poder.
Sucede, sin embargo, que muchas veces esta política expresa un contrasentido. Vale decir que, en lugar de generar temor, refleja el miedo que la autoridad siente cuando percibe la movilización ciudadana, el rechazo y la protesta.
La dupla que detenta el Poder en el Perú –Boluarte / Otárola– siente más miedo que aquel que busca proyectar sobre la ciudadanía. Recurre entonces a procedimientos perversos, pero ellos reflejan su propio temor, y no el que siente el hombre de la calle.
Este último reacciona con la burla y el desprecio, pero no se asusta. Muchas veces, se ríe de las autoridades porque no las toma en serio. En todo caso, sabe que todas las amenazas que lanza el régimen, sólo reflejan su impotencia y orfandad.
Es conocido el hecho que todas las encuestas de opinión recogen menos del 10% de adhesión a Dina Boluarte, y menos de 6% al Congreso de la República. Esa es una realidad que no la cambia nadie y que no se habrá de modificar con ninguna de las bravuconadas que nos repara el núcleo que hoy está al mando.
Lo que ocurre es que las instituciones encargadas de “asustar” a la población, hacen cotidianamente el ridículo. Los hechos lo demuestran. Los Altos Mandos Policiales, hacen cada día “ruedas de prensa” para informar a la ciudadanía acerca de los “éxitos” logrados por la institución. Objetivamente, no logran ninguno.
Sergio Tarache, el delincuente venezolano que asesinó salvajemente a una muchacha peruana en la Plaza 2 de Mayo el año, nunca fue capturado aquí. Cometió su crimen y luego salió del país como cualquier turista. Fue capturado por la Policía colombiana, la de Gustavo Petro.
Lo mismo ocurrió con Wanda del Valle. Ella cometió delitos y estuvo prófuga de la justicia. Después se fue, y cayó en Colombia. Es claro que en estos casos la “Benemérita” no tuvo nada que ver.
Tampoco tuvo que ver en el caso del sobrino de Pedro Castillo. Él se “entregó” en el Puente de Desaguadero, en la frontera con Bolivia, en medio de una campaña de prensa que busca presentarlo como “colaborador” de la Fiscalía.
En cambio, sí la Policía Nacional tuvo que ver con otros fenómenos. En el trascurso del año pasado, 1000 de sus efectivos estuvieron involucrados a graves delitos. Y no se trató de simples policías sino de Generales, Coroneles, Mayores, Capitanes y otros. El nuevo jefe de la institución, fue acusado recientemente en Arequipa por supuestos delitos; y el viceministro recién nombrado, está acusado de contubernio con la minería ilegal en Lambayeque. Esto es lo que daña a la institución, y no las caricaturas de Carlín Eso, y el hecho que se sancione a La República y se busque una Ley de ”Amnistía” que borre los delitos de los uniformados.
Tanto va el agua al cántaro materia de Delitos que ya no se sabe si los últimos fueron cometidos por delincuentes disfrazados de policías, o por policías disfrazados de delincuentes.
A esto hay que añadir el tema de las armas y municiones peruanas que relucieron en la reciente crisis del Ecuador. La versión oficial es que no salieron de FAME, la empresa estatal de armas y municiones peruanas, sino de FAMESA, una empresa privada. Cabe preguntarse entonces cómo salieron del Perú. quién permitió que se fueran.
Numerosos casos vinculados a Boluarte (hermano y hermana) y a Otárola, se han registrado en forma cotidiana, o han sido denunciados por redes sociales, la Tele o programas dominicales. Sin embargo, el Gobierno ha negado los hechos pretendiendo tapar el sol con un dedo.
Ahora, la dictadura asegura que Dina Boluarte no irá a Puno a la fiesta de la Candelaria. Nunca fue invitada. No obstante, ha anunciado la decisión inmisericorde de enviar a sus ministros, para atenuar el descontento. No ha precisado qué caramelos llevarán los pobres para “contentar” a la población. Mejor sería que los proteja.
Eso de “repartir caramelos” en Ayacucho no fue solo una estupidez. También fue una provocación. Ocurrió, sin embargo, que se perdió el control de la situación, y por eso la jalaron de las mechas. La secuela fue risible. Cayó la línea policial vinculada al MINTER, pero quedó casi intacta la Casa Militar, responsable de la seguridad presidencial. Al jefe, lo patearon para arriba, vale decir, le dieron un puesto más alto. Mientras eso ocurría, el General Angulo cantaba algunas cosas claras y dejaba otras a contraluz. Eso, inició un pleito ante el cual hay que situarse en Palco Preferencial para verlo mejor.
Finalmente, la dictadura ha anunciado que “jueces sin rostros” sancionarán delitos pareciera que, en ese espíritu, José Luis Gil, Baella y otros ex jefes de la DIRCOTE se vestirán de jueces con capucha para dictar sentencias.
En definitiva, el miedo los devora.
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