Desde hace un buen tiempo las autoridades peruanas han venido decretando el “Estado de Emergencia” en distintas localidades del país. En Pataz, por ejemplo, se valieron de él apenas comenzó el desborde delictivo, que luego se afirmó y creció a la sombra de nadie sabe quién.
Pero en la capital de la República, el Estado de Emergencia se usó de manera selectiva en determinados distritos de la capital, los antiguos “cinturones de miseria”, como se les llamaba a San Martín de Porras, San Juan de Lurigancho, Puente de Piedra, Carabayllo y otros, que fueron escenario de un mismo ritual: declaración formal del “Estado de Emergencia”, desplazamiento ostentoso de algunas unidades militares, anuncio de “redadas” y “captura de bandas”, varias de las cuales eran inexistentes.
Al margen de todos estos “operativos”, las acciones delictivas crecieron, aumentó el número de asesinatos, se incrementaron las extorsiones, se registraron cada vez más víctimas, fluyeron amenazas sobre comerciantes, transportistas, colegios, vendedores informales, y otros. Cada vez, puntualmente, los “Estados de Emergencia” se fueron renovando con los mismos resultados; más emergencia, y más delitos, más víctimas y más muerte.
Pues bien, ahora, el gobierno del señor Jerí ha vuelto a lo mismo, sólo con un discurso más rimbombante y altanero, “A la ofensiva”, como le gusta subrayar. Y, ostentosamente ha ampliado el radio de esa emergencia para incorporar en ella a toda la ciudad capital más la Provincia Constitucional del Callao.
Y para que la gente crea que no está hablando en vano, ha sumado a esta declaración algunas “movidas” que, en el fondo no han sido otra cosa sino cambios de estilo: hizo múltiples reuniones con diversos actore del proceso social, visitó los Penales para amenazar a los presos a los que tuvo en el suelo para que se den cuenta que “ya perdieron”, felicitó a la Policía para saludar “su heroísmo”, convocó al Acuerdo Nacional, concertó con sus ministros, pidió al Congreso “facultades delegadas”; en fin, buscó a todos, menos a los trabajadores, a los estudiantes, ni a las víctimas de la represión. Para ellos, le faltó tiempo.
Y ya, en el cenit de su gobernabilidad, cuando debía demostrar que estaba “hablando en serio” y que por eso mismo no usaba palabras sino acciones, dio su “Mensaje a la Nación”: 49 segundos, duró la perorata, Fue esa, sin duda, la manera de demostrar que él y Dina, no eran lo mismo: el último mensaje de Dina al Congreso, y a la Nación duró 4 horas y 52 minutos. Vale, sin embargo, en este fárrago de “acciones”, aludir a algunos elementos que debieran ser considerados:
Cuando un gobierno es débil y se siente acorralado, confunde la seguridad ciudadana, con su propia seguridad. Cree entonces que proteger a la ciudadanía, es poner a 7 mil policías armados hasta los dientes custodiando “objetivos estratégicos del Estado”, es decir el Congreso de la República y Palacio de Gobierno. Así de simple.
Hoy, el país sabe que la Policía Nacional dispone en Lima, una ciudad de 11 millones de habitantes, apenas de 89 vehículos para rondas y tareas de patrulla; que los policías tienen que comprar su propio “chaleco antibalas”, porque el Estado no les proporciona ninguno; que deben adquirir sus propias balas. porque los fusiles que les entregara el régimen depuesto carecían de ellas; que tienen ellos mismos que adquirir las pistolas que usen; aunque deben “inscribirlas” como si pertenecieran a la unidad de la que forman parte. Lo único que les dan, es una canasta de víveres, en gratitud, porque si no hubiesen estado allí el 15 de octubre, la gente habría sacado a patadas a “los dueños del Poder”
Sin duda, estamos hablando de los policías “de abajo”, esos que tiran las bombas lacrimógenas” y golpean a la gente. Porque si se trata de “Los Mandos” la situación es diferente, Como es público, ahora reciben automóviles “de alta gama” porque necesitan “coches veloces” (pareciera que piensan en la hora de huir), a más de varios otros beneficios.
El otro tema es la tendencia clásica a cebarse con los más débiles, con quienes no pueden defenderse. Nos referimos a los que están privados de su libertad. Lo que se busca, es simplemente martirizarlos, hacerles la vida imposible. Y eso, tampoco tiene sentido. En los Penales pueden haber 10, 50 o 100 delincuentes que trabajan desde allí en conexión con sus bandas para cometer nuevos delitos. Pero hay más de 100 mil presos. ¿A todos hay que castigarlos igual entonces? Si eso se hace, objetivamente se alientan las fugas, o los motines carcelarios. ¿A dónde conduce eso?. Tan solo a acrecentar la violencia.
Por lo demás, está claro que la Fuerza Armada no está preparada para enfrentar una “ola delictiva”. Con tanques y cañones no se enfrenta la extorsión ni el sicariato, ni tampoco se le derrota con barricadas ni trincheras. El “Estado de Emergencia”, entonces, persigue otros objetivos. Lo que busca es intimidar a la población, paralizarla, impedir que se exprese, porque se sabe que lo hará en sentido contrario al rumbo oficial. Y eso, es lo que se busca impedir.
De alguna manera eso se ha dejado entrever en la presentación del “Gabinete Álvarez” en el Congreso de la República el miércoles pasado. Ahí si hubo muchas palabras y lluvia de promesas. Innecesarias, quizá, porque después de todo, el “voto de confianza” estaba cantado. La “mayoría parlamentaria” -esta vez liderada por Rospigliosi- no hizo sino “subirse al carro” y anexarse a la locomotora de 38 años que preside hoy el Ejecutivo.
Y lo hizo, naturalmente, sin abdicar de sus “prerrogativas”. ¿Cuáles? En primer lugar, llamar “senderista” al asesinado Ruiz Sáenz para liberar de culpa -y sanción- al oficial Magallanes en cuyo beneficio idearon todas las leyendas posibles, asegurando que disparó en defensa de su vida porque “estaba a punto de ser linchado” y además, lo hizo al cielo, sólo que como era de noche y éste estaba cerrado, la bala rebotó al suelo y como éste era de cemento, se alzó otra vez para alojarse por pura casualidad en el cuerpo de este “subversivo”. Y es que Magallanes, ahora, es “un héroe”, el prototipo de lo que debe ser un Policía “que cumple su deber”, es decir, que “matas senderistas”.
Si a eso añadimos la inaceptable condena de 15 años de prisión dictada contra Guillermo Bermejo, tendremos la idea redonda del terror que invade a la clase dominante. En su desesperación, y a sabiendas que habrá de perder cualquier consulta electoral elementalmente democrática invierte el papel de “la prueba” y sostiene que el acusado, “no pudo demostrar su inocencia” ante “las acusaciones plateadas”
Es el miedo -que les muerde las entrañas- el que acciona esta política. Y es que al final de este túnel no se ve la paz, sino la muerte.
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