La población de la ciudad-Estado de Berlín aumenta rápidamente. Tras la caída del muro y el descenso demográfico, consecuencia sobre todo de la huida a la periferia de una parte de las clases medias en la década de 1990, volvió a crecer progresivamente una década después. Contribuyen a ello los nacimientos, pero sobre todo la […]
La población de la ciudad-Estado de Berlín aumenta rápidamente. Tras la caída del muro y el descenso demográfico, consecuencia sobre todo de la huida a la periferia de una parte de las clases medias en la década de 1990, volvió a crecer progresivamente una década después. Contribuyen a ello los nacimientos, pero sobre todo la inmigración. Así, desde comienzos de este decenio se instalan en la ciudad cada año 40 000 personas. Y el Senado/1 prevé que la población pasará de 3,562 millones de habitantes en 2014 a 3,828 millones en 2030. A su vez, la construcción de viviendas no mantiene el paso: 6 800 en 2014 y menos de 4 500 en los años anteriores, mientras que los observadores cifran en 10 000 el mínimo necesario para hacer frente a la «penuria habitacional» (Wohnungsnot). Sin embargo, en este contexto de creciente atracción de la capital alemana y de fuerte tensión en el mercado inmobiliario, el «problema de la vivienda» (Wohnungsfrage) en Berlín también es el problema característico de la gran ciudad neoliberal, el de los alquileres cada vez menos asequibles.
Para un parque de 1,9 millones de viviendas, de las que el 85 % son de alquiler, dos tercios de ellas en manos privadas, Berlín es más que cualquier otra gran ciudad de Alemania o de Europa una «ciudad de inquilinos» (Mieterstadt). Sin embargo, la evolución actual favorece cada vez menos a los inquilinos. En primer lugar, el predominio del alquiler disminuye: la proporción de viviendas en propiedad ha pasado de un 8 % en 1992 a alrededor del 15 % actualmente. Y lo que es más importante, las rentas de alquiler aumentan. Desde 2009, el alquiler medio ha aumentado cerca de un 50 %. A pesar de que en promedio siguen siendo inferiores a otras ciudades europeas de tamaño equivalente, incluso en comparación con Múnich o Fráncfort, los alquileres de Berlín constituyen una carga cada vez mayor para los presupuestos de una población que tiene una quinta parte viviendo por debajo del umbral de pobreza.
Sobre todo, porque los aumentos más fuertes se dan (se han dado) en los barrios populares de viviendas antiguas del interior de la ciudad, donde viven los grupos sociales más precarios. Si el promedio de los precios de los alquileres ha disminuido en algunos casos en los barrios ricos y caros, en determinadas partes del norte del distrito de Neukölln, actualmente uno de los más afectados por el proceso de gentrificación, se han producido aumentos de hasta más del 90 % entre 2009 y 2014. Para los inquilinos de renta baja, el aumento de los alquileres comporta la amenaza de verse «desplazados» (verdrängt) fuera de la ciudad o a su periferia lejana.
Aunque esté regulado y limitado por la ley -en particular por el dispositivo del Mietspiegel, cuyo principio es similar al de la regulación de los alquileres que se debatió con ocasión de la ley Duflot en Francia-, todo aumento significativo de los alquileres (a menudo de más del 100 % entre dos contratos) se hace posible por la vía de la realización de las llamadas obras de «modernización» -que los críticos califican «de lujo», como la colocación de un segundo balcón, una segunda bañera o ducha o un ascensor-, o de la «renovación energética». Y el freno a los alquileres (Mietpreisbremse), que se estableció en 2015 por el gobierno federal y gracias al cual el ministro federal de Justicia y Protección de los Consumidores, Heiko Maas, ha pasado a ocupar la primera línea del escenario, todavía no parecer ser, como su nombre indica, más que una solución paliativa para asegurar que el aumento de los alquileres, aunque inevitable, al menos no resulte tan doloroso. Pese a todo, en Berlín los hogares ven cómo la parte del gasto correspondiente a la vivienda (alquiler y cargas) supera a menudo el 50 % de su presupuesto. Si esta situación incide en la vida cotidiana de cada vez más berlineses, obligados a recortar otros gastos y por tanto a cambiar de estilo de vida para adaptarse, también alimenta un proceso de politización y extensión de un movimiento de inquilinos cada vez más amplio e incluyente.
Contra la política neoliberal del Senado
En Berlín, el problema de la vivienda tiene una larga historia de protestas de los inquilinos y de negociaciones con los propietarios y las autoridades públicas, siempre sobre el telón de fondo más general de la cuestión social. En todas las épocas, los avances del derecho a la vivienda frente al derecho a la propiedad solo han sido posibles gracias a la movilización y la organización de «la base» o a la tradición alemana de la «oposición extraparlamentaria». La época actual se inscribe en esta historia agitada de la vivienda y de los inquilinos en Berlín. La degradación de la situación que experimentan estos últimos, pertenecientes sobre todo a la clase media baja, desde la década de 2000, ha alimentado el surgimiento de una miríada de iniciativas locales que, junto a los actores existentes, han favorecido una dinámica de politización bastante amplia y popular. Ocurre que, de una manera u otra, todos estos actores luchan por que todo el mundo tenga el derecho a vivir en la ciudad y a aprovechar los recursos y servicios que esta ofrece; es el equivalente a la consigna del «derecho a la ciudad» retomado de Henri Lefebvre por ciertos investigadores y movimientos urbanos, por ejemplo, en Hamburgo. Con un vocabulario común, luchan contra los procesos de «revaluacion» (Aufwertung) y de gentrificación característicos de la neoliberalización de la ciudad y que provocan la precarización y el desplazamiento (Verdrängung) de las clases populares al exterior de la ciudad.
Esta dinámica de resistencia se ha nutrido en gran medida de dos iniciativas recientes de «decisión popular» (Volksentscheid). Se trata de uno de los instrumentos de democracia directa previstos en la modificación de la constitución de la ciudad-Estado en 2006, que permite someter una ley al voto de los ciudadanos sin pasar por la cámara de diputados. Para que se vote y adopte una ley (o una modificación de la constitución o una petición de elecciones anticipadas), la iniciativa de decisión popular debe cumplir los trámites de presentación de una «solicitud de inicio del procedimiento» y de validación de una «iniciativa popular» (Volksbegehren). Para ello, la iniciativa debe superar varios umbrales: la solicitud de inicio del procedimiento se valida con la recogida de 20 000 firmas de ciudadanos y ciudadanas en un periodo de 6 meses, y después la iniciativa popular propiamente dicha se valida cuando la haya firmado el 7 % del electorado en un plazo de 4 meses (50 000 firmas y las del 20 % del electorado para una modificación de la constitución o una petición de elecciones anticipadas).
En cada una de estas etapas, las autoridades han de comprobar que la ley cumpla los criterios de constitucionalidad y de viabilidad. Quienes lo inicien pueden modificar la ley sobre la marcha en la medida en que no alteren la «sustancia» misma de la ley. Quedan excluidos los proyectos de ley presupuestaria, fiscal, sobre las tarifas de las empresas públicas o las retribuciones de su personal, a menos que se opongan a convenios firmados por el land. La cámara de diputados puede decidir votar la ley sometida a decisión popular. Si la ley no es adoptada por esta vía, quienes la han impulsado tienen un plazo limitado para poner en marcha las etapas de iniciativa popular (7 meses, 3 si la ley ha sido tramitada, pero rechazada, por la cámara de diputados) y después de «decisión popular» (Volksentscheid) (4 meses, 2 para la convocatoria de elecciones anticipadas). Esta última etapa convoca a toda la ciudadanía a votar a favor o en contra de la ley. La cámara de diputados tiene 60 días para proponer un proyecto de ley alternativo. La ley será aprobada si obtiene la mayoría con un quórum del 25 % de los votantes (del 50 % para una modificación de la constitución o la convocatoria de nuevas elecciones).
En cinco ocasiones, este procedimiento ha alcanzado, efectivamente, la última etapa de decisión popular, y cuatro veces ha dado lugar a la votación de una ley. Entre las más recientes figura la ley relativa a la obligación de publicar los expedientes de privatización de las compañías de agua berlinesas en 2011, a la remunicipalización de las redes berlinesas de electricidad en 2013, a la conservación del parque de Tempelhof y al rechazo del proyecto de construcción aprobado por el Senado en 2014. Los ciudadanos berlineses, en particular a través de numerosas iniciativas, han aprendido poco a poco a aprovechar este instrumento de democracia directa, y es evidente que constituye, por su dimensión legal, una vía de politización y movilización «por la base». Y probablemente sea este el motivo por el que la clase política berlinesa, en particular su nuevo alcalde, Michael Müller, desean poner cada vez más obstáculos al procedimiento, como la exigencia de registrar, junto al nombre, el apellido y la firma, una fecha de nacimiento válida, o el derecho del Senado a emplear fondos presupuestarios para financiar la campaña en contra de las iniciativas populares.
En 2013 triunfó la iniciativa de decisión popular «100 % Tempelhofer Feld». Con su amplia movilización, los berlineses y berlinesas vetaron el proyecto aprobado por el Senado de construir 4 700 viviendas y equipamientos en el antiguo campo de despegue y aterrizaje del aeropuerto de Tempelhof, reconvertido desde 2010 en un parque muy apreciado por los habitantes del entorno y los turistas. Esta iniciativa, y la movilización que suscitó, reunió a múltiples grupos y al vecindarios de todos los rincones de la ciudad. La incomprensión, la vehemencia e incluso la animosidad que manifestó la clase política, en especial los notables del Partido Socialdemócrata (SPD) que gobierna en Berlín hacia el movimiento, son las mejores señales de una divergencia de intereses y de un alejamiento cultural.
Ante el rechazo del programa de construcción, el entonces alcalde de la ciudad, Klaus Wowereit, denunció, , el «egoísmo» y el «embrutecimiento popular» (!). Según Andrej Holm, sociólogo de la Universidad Humboldt, crítico de la política neoliberal y participante en diversas iniciativas de resistencia, la clase política berlinesa preconiza en su mayoría el «mito de la obra nueva», según el cual «la obra nueva resuelve el problema de la vivienda». Holm replica, junto con los activistas de la iniciativa, que los habitantes, conscientes sin embargo de la necesidad de construir vivienda nueva, han expresado con esta decisión popular su «desconfianza ante la vacilante política de vivienda del Senado». Así, la idea de subvencionar la construcción de viviendas de alquiler reducido de 6,5 euros/m2 no es suficiente; lo que hace falta es una política de vivienda «100 % social», encaminada resueltamente a facilitar el acceso al alquiler de las familias más precarias, promoviendo en particular unos alquileres no superiores a 4 o 5 euros/m2.
Mal que les pese a los distintos interesados en este proyecto, tanto si se trata de agentes públicos o privados, este episodio ha jalonado la historia del «problema de la vivienda» en Berlín con una nueva victoria popular. La democracia directa ha permitido decir no. Es más, la movilización ha contribuido a convertir la cuestión de la vivienda «asequible» y del aumento (ilegítimo) de los alquileres en un tema de debate legítimo y ampliamente compartido. Ha hecho que cada vez más ciudadanos de distintos horizontes se interesen por la cuestión en su complejidad y que de este modo cuestionen más seriamente las falsas soluciones de los políticos, pese a la amplia promoción que hacen de ellas los medios de comunicación. Se ha visto que los gobiernos recientes no han sabido percatarse de la crisis que se avecinaba, y lo que es más grave, de que ellos han contribuido a su surgimiento.
La política de la vivienda en la República Federal de Alemania siempre ha sido liberal y basada en la promoción de la lógica de mercado. Es cierto que existen las llamadas viviendas «comunales», gestionadas directamente por la administración pública. Sin embargo, las llamadas viviendas «sociales» responden a una lógica muy distinta. En el convenio de vivienda social de Alemania, la autoridad pública se compromete a pagar una parte de la renta de alquiler directamente al propietario hasta que se haya amortizado la inversión necesaria para la construcción del edificio. A partir de ese momento, la vivienda entra en el mercado libre. Durante el siglo XX, y especialmente tras los dos conflictos bélicos mundiales, esta política permitió, a través de sociedades inmobiliarias de utilidad pública (Wohnbaugesellschaften, WBG), pertenecientes a los ayuntamientos o los länder, sostener el esfuerzo de reconstrucción y asegurar el acceso a una vivienda digna a gran parte de la clase obrera.
Sin embargo, tanto en Berlín como en otras ciudades de Alemania Occidental, la gestión de estas sociedades sigue las pautas, desde finales de la década de 1980, de un modelo privado, cada vez más apartado de la vivienda social. Y la neoliberalización de la política de vivienda no se detiene ahí. En Berlín, la crisis presupuestaria sirve de argumento para la venta a fondos de inversión privados de las viviendas comunales a precio de saldo: en 2004 se vendieron 70 000 viviendas comunales en un solo lote al módico precio de 2 000 millones de euros al fondo de inversión CERBERUS, es decir, de menos de 29 000 euros por vivienda. Con la reducción de los convenios de vivienda social, la adopción de disposiciones favorables a la modernización y conversión (Umwandlung) de viviendas de alquiler en viviendas en propiedad, y con la concesión de subvenciones para la construcción de viviendas nuevas con rentas de alquiler mínimas demasiado caras, la política de vivienda en Berlín aparece cada vez menos favorable a los pequeños inquilinos. De ahí el veto popular de Tempelhof.
Animados por esta victoria, determinados actores, surgidos sobre todo de iniciativas locales (en particular Kotti & Co, una comunidad muy activa de inquilinos de grandes complejos de Kreuzberg existente desde 2011), del partido Die Linke o del grupo de activistas Interventionistische Linke, lanzaron en 2015 la iniciativa de «decisión popular relativa a los alquileres» (Mietenvolksentscheid, MVE). Esta vez, la ley sometida a decisión popular proponía disposiciones para una «reorientación de la política de acceso a la vivienda»: revertir la privatización de la gestión de las empresas constructoras de utilidad pública pertenecientes al land (landeseigene Wohnbaugesellschaften, LWBG); convertirlas en organismos públicos y de este modo dedicarlas a facilitar el acceso y mantenimiento de viviendas para las familias menos ricas; prohibir los desahucios a instancias de estas empresas y declarar obligatorios los consejos de inquilinos destinados a «codecidir» y «codefinir» la política de estas empresas. Paralelamente a este control público de las WBG, la ley preveía la creación de un fondo destinado a construir viviendas comunales y a subvencionar las obras de modernización para que estas no empujen al alza las rentas de alquiler. En suma, el proyecto de ley iba en contra de las subvenciones estatales orientadas según la lógica del mercado y pretendía obligar a la administración a paliar las deficiencias de este.
Lanzada en los primeros meses de 2015, la iniciativa movilizó un número importante de activistas y el apoyo, de cerca o de lejos, de una multitud de colectivos. Máxime cuando la llegada masiva de personas refugiadas a Berlín -gran causa por la que se movilizan actualmente las y los ciudadanos alemanes- y la cuestión de su alojamiento acentúan la urgencia de la situación. La campaña de recogida de firmas comenzó en las calles, con tenderetes montados por voluntarios en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en los barrios más afectados por el problema (Herrmannplatz, Frankfurter Allee, Herfurthstrasse). El 1 de junio se depositan 49 249 firmas, de las que 40 214 fueron válidas, ante las autoridades, es decir, más del doble del número requerido para pasar a la fase de «iniciativa popular» (Volksbegehren). Ante este primer éxito y la creciente movilización, el grupo parlamentario del SPD comienza a negociar con ciertos «iniciadores» de la iniciativa, cinco representantes, con los cuales se constituye un «círculo de coordinación» (KO-Kreis). Esta etapa marca el comienzo de la recuperación del movimiento por parte de las instituciones, que lo desvirtúan con ayuda de los expertos.
La recuperación por el SPD contra la movilización por la base
Los activistas de «Wir Bleiben Alle!» («¡Nos quedamos todos!»), una asociación de vecinos y grupos militantes que se oponen al desplazamiento de los habitantes del barrio, abren un debate mediante textos en su página web. Los principales grupos impulsores de la iniciativa toman parte en este debate, y el hecho siguiente parece estar fuera de toda duda: los cinco «representantes» no han sido elegidos en ningún momento por los componentes de la iniciativa para negociar con el SPD, sino que se han «autodesignado». Sin embargo, después de dos meses de negociación a puerta cerrada, sin que haya trascendido nada de nada, los miembros se ven confrontados con el hecho consumado: harían mejor en abandonar el procedimiento de decisión popular so pena de que sea rechazado con toda seguridad, especialmente porque atenta contra las reglas comunitarias sobre las ayudas estatales y la garantía de la propiedad… ¡Pero que no cunda el pánico, las negociaciones han dado sus frutos y el SPD presentará una ley sustitutiva en la cámara de diputados!
Tras una breve ojeada a las propuestas del SPD, la diferencia con el contenido de la iniciativa salta a la vista. De acuerdo con la ley del SPD, votada el 12 de noviembre de 2015 y en vigor desde el 1 de enero de 2016, las LWBG siguen estando gestionadas de manera privada, creándose un organismo público encargado de velar por que cumplan su misión de utilidad pública, si bien sin establecer mecanismos de sanción para asegurar este control. Se declaran obligatorios los consejos de inquilinos, pero estos no tendrán más derecho que a reclamar información y solo dispondrán de un voto en los consejos de administración de las empresas; por tanto, no podrán oponerse a las decisiones. En vez de obligar a las LWBG a fijar un tope de los alquileres equivalente al 30 % de los ingresos del hogar, la ley prevé que la administración pague a los arrendadores el importe del alquiler que sobrepase ese umbral mediante el equivalente al subsidio de vivienda (Wohngeld) personalizado. Finalmente, el fondo creado debe servir para promover la construcción y la adquisición de viviendas sociales de alquiler «asequible», es decir, de acuerdo con el criterio del Senado, a partir de 6,5 euros/m2. Por mucho que vengan acompañadas, desde que se negociaron, de promesas grandilocuentes de construir viviendas comunales y de una política orientada a los inquilinos por parte de los políticos, en particular del senador encargado del desarrollo urbano, Andreas Geisel, todas estas disposiciones tienden finalmente, pese a la relación de fuerzas, a preservar la lógica de mercado.
En todas partes, y en particular en los medios, se desata el debate: ¿ha tenido éxito la iniciativa o ha fracasado? El caso es que, con ella, los iniciadores perseguían objetivos diferentes, incluso contradictorios. Para los dirigentes de la iniciativa, que rechazan tajantemente términos como «acuerdo» o «compromiso», «la presión ha dado resultado», se han conseguido mejoras. En virtud de la ley, los inquilinos de viviendas cuya subvención iba a expirar (en particular los grandes bloques de Kreuzberg) verá como el Senado paga para paliar el aumento de los alquileres, que por tanto quedará sancionado oficialmente. Además, estas mejoras no son más que «un primer paso»: el movimiento debe continuar para que el problema de la vivienda halle una respuesta, en particular que se sitúe en el centro de la batalla electoral prevista para finales de 2016. Sin embargo, aunque todo el mundo admite que estas mejoras no habrían sido posibles sin la movilización de los colectivos locales y sin la dinámica «de base», el resultado de la iniciativa ha dejado un amargo sabor de boca entre un buen número de activistas más o menos próximos a esta, que se sienten «estupefactos».
De la noche a la mañana, los «activos» se enteraron, al mismo tiempo que los medios, de que su proyecto de ley no podía aprobarse, pero que se había llegado a un acuerdo. Incluso para la Interventionistische Linke, que sin embargo había participado en el «círculo de coordinación», pero que algunos meses después ha realizado un análisis retrospectivo en el que parece arrepentirse, este resultado es un fracaso porque ha dado lugar a una interrupción del proceso de movilización, léase a la desmovilización. Algunos activistas de Wir Bleiben Alle -iniciativa que desde el comienzo se mostró crítica y mantuvo sus distancias- denuncian incluso la «traición» del movimiento por las personas que han negociado el compromiso, que se han mostrado «ingenuas», se habrían dejado «embaucar» por el poder creyendo que podrían hablar de igual a igual y no habrían visto cómo se reproducían, durante las negociaciones, las «estructuras de poder», especialmente patriarcales.
Otras incluso habrían obrado según intereses personales, a imagen y semejanza de Jan Kunhert, ex diputado verde, asesor inmobiliario, que ya rondaba las esferas políticas y que ha sido nombrado recientemente director de la nueva institución pública encargada de supervisar las actividades de las WBG. El fracaso se debería además al hecho de que el SPD, al haber cortado la hierba bajo los pies del movimiento popular, aprovechando la legitimidad de la iniciativa mediante el reclutamiento de uno de sus líderes, puede presentarse ahora como el representante del pueblo de los inquilinos, como Geisel, quien ha declarado en Die Welt: «Berlín sebe seguir siendo una ciudad de inquilinos», como si mañana esto pudiera cambiar sin su consentimiento…
Lógicas de la movilización de los inquilinos
«Realmente se puede hablar de un fracaso», considera H., de la Berliner Mietergemeinschaft (BMG, literalmente Comunidad de inquilinos de Berlín), activo en la publicación de esta última, el Mieterecho, y en el grupo local del distrito de Neukölln. Segunda federación de inquilinos más grande de Berlín, con 24 000 miembros, existente desde 1958, la BMG apoyó la iniciativa, pero sin participar directamente en sus instancias de decisión. Se considera una organización militante y subraya su independencia de los partidos, mientras que es notorio que la Berlíner Mieterverein (BMV), la primera federación de inquilinos, mantiene vínculos estrechos con el SPD. Junto con determinados partidos, sindicatos y grupos activistas locales, la BMG lanzó en 2015 la «Iniciativa por la construcción de nuevas viviendas comunales» (Initiative für Neubau kommunaler Wohnungen), un grupo que presiona a favor de la construcción de viviendas públicas.
En esta línea, ha lanzado ahora la campaña «Por una vivienda digna para todos». J., un militante muy activo en los actos de interpelación y sensibilización, me explica en presencia de otros activistas: «Desde la década de 2000, la población aumenta, pero el número de viviendas nuevas no sigue el mismo ritmo» (hace con las dos manos el gesto que representa dos curvas de un diagrama, en que una asciende mucho más rápido que la otra). «Ahora tenemos la cuestión de los refugiados. El Senado quiere construir viviendas ‘modulares’ y acondicionar los continentes. Nosotros estamos en contra. Estamos convencidos de que dentro de 4 o 5 años, esas viviendas formarán una especie de ‘mercado de alquiler de segunda clase’ para los menos ricos.» Y otro militante destaca hasta qué punto la política actual del Senado en la cuestión de los refugiados y su alojamiento consiste en «medidas de urgencia», sin una visión a largo plazo.
Si se dedican principalmente a asesorar y acompañar jurídicamente a los inquilinos, los grupos locales de distrito de la BMG tratan también de movilizar y organizar a estos últimos: «Por ejemplo, cuando viene a vernos alguien porque le rescinden el contrato para vender la vivienda, tratamos de reunir a los vecinos de todo el inmueble para que se organicen. A veces acuden treinta personas, a veces menos… Es difícil. La disposición de la gente a luchar es muy escasa.» Volviendo sobre el resultado del movimiento por una decisión popular relativa a los alquileres, H. deplora: «Ahora no sucede gran cosa por aquí.» Si sus palabras pasan como una minimización para un observador extranjero poco acostumbrado a tanta proliferación de iniciativas locales, sí reflejan una realidad: las reuniones de las distintas iniciativas de barrio y de distrito parecen movilizar a menos personas que en los primeros meses de 2015, en el momento del lanzamiento de la iniciativa de decisión popular.
Además, de una reunión a otra, a menudo te encuentras con las mismas personas. M. es uno de esos militantes activos en diversas instancias de la ciudad y hace de puente entre estas y los demás colectivos locales. Es uno de los pilares de un grupo de vecinos de un barrio de Neukölln que se han movilizado en contra del proceso de «revaluación» y de «desplazamiento» y por la sensibilización en torno a estas cuestiones. Miembro del consejo de barrio, se encarga en el mismo de llevar estas cuestiones y, a través de ellas, de meter un poco de política en sus sesiones, donde interviene llevando en la chaqueta la insignia de la «Unión por alquileres asequibles en Neukölln» o de la Mietenbündnis (Alianza de inquilinos).
Como otras personas en otros lugares, se encarga de movilizar a la gente del barrio. S., vecina del mismo barrio, entregada más bien a la causa de la lucha contra la gentrificación, cuenta que M. ha venido a reunirse con ella y sus convecinos para «dar marcha a esa cosa (el consejo de barrio), creo que esas fueron sus palabras». El hecho de que sea además un experto en las cuestiones técnicas y jurídicas relativas a la vivienda y a los alquileres en Berlín no facilita su labor de movilización. S. dice de él: «No todos le comprenden. Por eso, al final la gente (en el consejo de barrio) dejó de escucharle. Decían: ‘Ah, otra vez es M. el que habla…’. Tiene los conocimientos, está situado muy arriba en la jerarquía del saber.»
Revaluación económica o defensa de los pequeños inquilinos: el «dilema del SPD»
Interpeladas por las iniciativas y organizaciones locales, las administraciones, los distritos (Bezirke), han hecho valer durante mucho tiempo su impotencia ante los problemas de la vivienda. Según H., Heinz Buschkowsky, quien fue alcalde de distrito de Neukölln de 1991 a 1992 y de 2001 a 2015, «sobre todo ha pasado del problema». Y eso que los distritos tienen cierto margen para evitar el desplazamiento. Así, las iniciativas locales berlinesas, que tras un áspero tira y afloja lograron en mayo de 2014 que se prohibieran las llamadas «vacantes especulativas», se encargan hoy de detectar y denunciar los casos de vacantes dudosas.
Entre las reivindicaciones principales de las iniciativas de barrio o de distrito figuran ante todo la aprobación y aplicación de las ordenanzas de conservación (Erhaltungsverordnung) o protección del medio (Milieuschutzsverordnung) y de regulación de la conversión (Umwandlungsverordnung) de las viviendas de alquiler en viviendas de propietario ocupante. Ordenanzas de este tipo ya se han aplicado en barrios de Friedrichshain, Pankow y Tempelhof. Supeditan las obras de reforma-modernización de las viviendas de alquiler, así como su conversión en viviendas de propiedad, a una solicitud de autorización al distrito, que debe decidir con arreglo a unos criterios de rechazo publicados con antelación. En Neukölln, las iniciativas locales, entre ellas la Mietenbündnis, han logrado que se aprueben estas ordenanzas para los barrios de Reuterkiez y Schillerkiez. Sin embargo, según H., para estos barrios «ya es demasiado tarde», lo que significa que la dinámica de aumento de los alquileres, de transformación de la estructura habitacional y de desplazamiento de los hogares más pobres ha rebasado un punto de no retorno.
Actualmente, las iniciativas luchan por que se apliquen dichas ordenanzas en los barrios mencionados, aunque también por su ampliación a la totalidad del territorio norte del distrito de Neukölln. La administración replica que, debido al recorte del gasto público, no dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo el estudio previo a dicha ampliación. Ya ni siquiera puede atribuir recursos suplementarios para la aplicación de las ordenanzas ya aprobadas. Una vez más, la crisis presupuestaria impide cerrar el paso al mercado. Una concejala del SPD en el consejo de distrito de Neukölln habla del «dilema del SPD»: resumidamente, el partido está desgarrado entre la necesidad de impedir la precarización y el desplazamiento de las clases populares por un lado y el deseo de revaluar el distrito para atraer a poblaciones más ricas, potenciales contribuyentes, por otro.
La gestión de barrio: acompañar la gentrificación
El SPD berlinés ha dedicado muchos esfuerzos y fondos a este objetivo, tanto a escala del land como de los distritos urbanos: favoreciendo y subvencionando la mejora de los inmuebles y espacios públicos, por un lado, pero también, más difusamente, mediante la actividad de «gestión de barrio». Fruto del programa «Ciudad Social», cofinanciado por el Estado federal y los länder, unos equipos de gestión de barrio (Quartiersmanagement, QM), formados en general por cuatro empleados, actúan en los barrios designados a partir de determinados indicadores -globalmente similares a los de la política urbana en Francia- que revelan «una necesidad particular de desarrollo».
Entre los proyectos fomentados por los QM, los que promueven fiestas, limpieza, ajardinamiento y embellecimiento de calles y espacios públicos por parte del vecindario son regulares y característicos de un planteamiento encaminado al aprendizaje de comportamientos propicios a la revaluación del territorio. La financiación de una «agencia de uso temporal» (Zwischennutzungsagentur), cuya misión consiste en favorecer la instalación, en los locales desocupados o en las antiguas fábricas abandonadas, de comercios, bares u otras actividades típicas de una cultura «alternativa», más bien destinados a las clases medias, ha ejercido una influencia más estructuradora en todo el territorio norte de Neukölln. «Esta agencia es sin duda uno de los principales factores de gentrificación del barrio», dice S.
Más en general, para S. y otras vecinas y vecinos procedentes de la clase creativa baja, la acción de los QM está encaminada a acompañar la gentrificación, a facilitarla y sobre todo a hacer que sea menos conflictiva. En efecto, los instrumentos y conceptos que emanan de ellos, en primer lugar los de participación y «activación», parecen promover ciertos comportamientos y devaluar otros: destilan una representación legitimista del «buen ciudadano», que participa «de buen grado» en los proyectos e instancias que proponen las instituciones, pero que no contesta ni entra en conflicto o no expresa violencia.
Sin embargo, esto no significa que la conciencia popular, aunque sea de manera tan difusa y cómoda, se deje anestesiar. Así, fue a partir del consejo de barrio (Quartiersrat) de Reuterkiez -uno de los instrumentos derivados del QM- que unos vecinos constituyeron la alianza de inquilinos reivindicativa en 2013. Más en general, la amenaza de desplazamiento de los vecinos de origen y de movilización de las iniciativas locales y supralocales han obligado al QM a no seguir despreciando la cuestión del aumento del número de inquilinos amenazados. Así, a partir de comienzos de la década de 2010 se crearon consejos jurídicos gratuitos, destinados a los inquilinos. Sin embargo, cuando le pregunto si el QM apoya la iniciativa de decisión popular relativa a los alquileres, O., un gestor de un barrio de Neukölln, responde: «No, no, nosotros ayudamos a las personas a resolver sus problemas particulares.»
La convergencia de las luchas
Así, parece que la ambivalencia de la acción de los políticos no se debe más que a la presión popular: sin ella, ¿acaso no se dejarían arrastrar hacia la perpetuación de la lógica de mercado y del orden social? Esto es lo que lleva a decir a un gran número de actores que el resultado de la iniciativa de decisión popular ha sido un fracaso: «Si la contradicción (entre mejoras concretas en el terreno legal y la constitución a largo plazo de un contrapoder de transformación social) no se hubiera resuelto a favor de uno de los bandos, hoy estaríamos, a pesar de la amenaza jurídica (de inviabilidad de la ley), ante todo celebrando el triunfo», analiza la Interventionistische Linke. Así, la iniciativa podría haber sido un pretexto para la consolidación del movimiento de base. Al igual que el concepto de «derecho a la ciudad», según Andrej Holm, el instrumento de decisión popular parecía «susceptible (…) de asociar varias iniciativas bastante marginales bajo el techo común de una confluencia mayoritaria».
Desde 2013, el movimiento había favorecido, en particular por su dimensión legal, la interacción de un conjunto muy disperso de colectivos y movimientos, dando pie a un debate en el que las reivindicaciones de dignidad y derechos sociales se enlazaban con las que se oponen al derecho de propiedad y al capitalismo neoliberal. S. lo expresa así: «Lo que tiene de bueno este movimiento es que moviliza a grupos sociales muy diversos.» Es el mensaje que transmite el documental «Inquilinos rebeldes» (Mietrebellen), realizado en 2014 por Gertrud Schulte Westenberg y Matthias Coers (militante de la BMG). Al contar las historias de inquilinos desahuciados o de pensionistas expulsados de sus centros de día para dejar sitio a la construcción de viviendas de lujo para veraneantes, sacando a relucir las iniciativas «Kotti & Co» y «Stop desahucios», este documental tiene por objeto mostrar la existencia y la posibilidad de ampliación de un «movimiento inquilinario» (Mieterbewegung). Subraya asimismo la importancia de la comunicación a través de páginas web: cada iniciativa tiene una página o un blog, que van actualizando de forma más o menos regular, y donde aparecen los vínculos con las páginas de las demás iniciativas.
Esta dinámica de politización lleva, sin embargo, a ciertos activistas de WBA a declarar que «¡el fracaso (de la iniciativa de decisión popular) es una oportunidad!»: «Tenemos más razones para confiar en nosotros que lo que parece». Y llaman a la ofensiva en este comienzo de año, pero no con los mismos actores: un movimiento de «resistencia por la base», al margen del abrazo opresivo del SPD neoliberal, y que no caiga en las trampas racistas y nacionalistas de la «cuestión de los refugiados». La posibilidad de este tipo de movimiento en la capital de uno de los Estados del mundo más entregados al establecimiento de un orden económico y político neoliberal encierra motivos de esperanza y ofrece instrumentos para pensar la resistencia en nuestras ciudades.
Thomas Chevallier es doctorando en ciencias políticas en el laboratorio Ceraps de la Universidad de Lille 2.
Traducción de Viento Sur