La maniobra realizada por el gobierno nacional de anunciar una suba de tarifas en los servicios de luz y agua para luego negarla, señalando que «no habrán aumentos hasta que se eliminen los planilleros, se desarmen los contratos colectivos y se sinceren los costos» es un nuevo avance del gobierno en su guerra declarada contra […]
La maniobra realizada por el gobierno nacional de anunciar una suba de tarifas en los servicios de luz y agua para luego negarla, señalando que «no habrán aumentos hasta que se eliminen los planilleros, se desarmen los contratos colectivos y se sinceren los costos» es un nuevo avance del gobierno en su guerra declarada contra los sindicatos.
El ministro Gustavo Leite de Industria y Comercio, uno de los principales voceros del Poder Ejecutivo, con esas palabras colocaba a los sindicatos al mismo nivel de «los planilleros» (personas que cobran sin trabajar) y dejaba ver que son los gremios «los causantes» del mal funcionamiento de las empresas públicas o de alguna probable suba de tarifas que pudiera aplicarse. El gobierno también se autoproclamó como «el sindicato de la ciudadanía» para luchar contra los sindicatos, intentando crear animadversión en la sociedad hacia el movimiento sindical. Todo esto con la complacencia de los grandes grupos mediáticos que no atinaron a cuestionar absolutamente nada del discurso, sino al contrario lo aplauden.
En esta cruzada parecen estar juntos todos los sectores económicos poderosos y de pensamiento neo liberal. Olvidaron sus rencillas internas y se pusieron de acuerdo para combatir y desarmar lo poco que queda de Estado en el país y sentar las bases para endurecer el ajuste económico y avanzar con las intenciones privatizadoras.
El discurso reiterado hasta el hartazgo que da como un hecho que Paraguay tiene un estado demasiado grande, que el gasto publico destinado a los funcionarios estatales es muy elevado, que existen privilegios, que hay corrupción, que hay gente que no trabaja, etc. es el principal arma de guerra del gobierno y sus aliados.
Este discurso que no ha encontrado hasta hoy una contestación que ayude al debate y al menos a la disputa de la opinión pública, es instalado sin presentar si quiera datos certeros. Es que los datos no son convenientes a sus fines. Los trabajadores del sector público representan aproximadamente un 10% de la población económicamente activa, cifra que es inferior al promedio regional y que esta bastante alejada del 15% promedio de empleados públicos en los países de OCDE. Muchos de los países con mayor desarrollo humano basan sus avances justamente en una mayor presencia del Estado y algunos de ellos llegan a porcentajes de empleo público de alrededor de 30% de su PEA. Otros datos que refutan la idea de que la estructura estatal paraguaya es elefantiásica, nos muestran que el gasto público per capita del estado paraguayo es uno de los mas bajos de América Latina, solo superior al de Honduras, Guatemala y Haití.
El intento de demonizar al Estado y a los funcionarios públicos se basa en que gran parte de lo recaudado se destina a pagar salarios, sin embargo poco o nada se dice respecto a la absoluta imposibilidad de sostener un Estado con una recaudación paupérrima, marcada por una baja presión tributaria de apenas 13%, mientras el promedio regional es superior al 20%. Es decir, el problema no es que se gasta mucho, si no que se recauda poco.
Claramente no se puede negar que la existencia de personas que cobran un salario del Estado sin prestar ningún servicio, es un mal extendido y que definitivamente desangra al erario público; sin embargo, el gobierno colorado de Cartes y los sectores mas retardatarios de la oligarquía paraguaya, pretenden ocultar que fueron ellos mismos quienes instalaron y extendieron las prácticas prebendarias y fraudulentas, utilizándolas como herramienta política y lesionando al Estado. Simulan asustarse de su propio muerto, pretendiendo cargar la culpa sobre otros, para luego lavarse las manos ante la ciudadanía.
Las declaraciones de Leite y la decisión del ejecutivo indican el inicio de una nueva etapa turbulenta en la relación entre el gobierno y el movimiento sindical, mas aun teniendo como antecedentes los casos de persecución y despidos de dirigentes sindicales, ataques al derecho a huelga y la realización de dos huelgas generales en los últimos años. Esta etapa requerirá un gran esfuerzo del movimiento obrero organizado que deberá defender los derechos conquistados y explicar a la población que los sindicatos y contratos colectivos no son una traba para el desarrollo, sino al contrario son elementos fundantes de la democracia que colaboran en buscar mejores condiciones de vida para los trabajadores y una mejor redistribución de la riqueza en un sistema en el que los poderosos tienden a apoderarse de la mayor parte de la torta dejando solo las migajas. La coyuntura exige también de manera particular a los sindicatos del sector público, que ademas de luchar por sus reivindicaciones económicas, deberán ser celosos custodios de la calidad del servicio que se presta a la población.
El gobierno nacional lanzó el guante contra el movimiento sindical, decidió ir por todo en los últimos dos años de estabilidad que le quedan antes que inicie la carrera presidencial para el 2018. Cartes y sus muchachos definitivamente están dispuestos a sacrificar libertades democráticas elementales como la libertad sindical y la contratación colectiva a fin de achicar el estado y aplicar sus planes de concesiones y privatizaciones para beneficiar a los grandes capitales.
La aplicación de estas políticas en distintos países de la región fueron las causantes de la profundización de la pobreza, el estancamiento económico, el desempleo y la precarización laboral que finalmente llevaron a grandes estallidos sociales. Ante esta situación es importante poner frente al discurso y la práctica neoliberal, la propuesta de construir un país con mas y mejor Estado, un Estado que garantice la equidad, mejor redistribución de la riqueza, el acceso a salud, educación, vivienda, empleo, seguridad social y al ejercicio pleno de las libertades democráticas; el movimiento sindical esta llamado a ser columna vertebral de la defensa de este proyecto, lo que requerirá unidad, honestidad y sacrificio.
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