Si el gobierno nos empuja al dilema de morir de hambre o por covid, a los mineros los condenan a extraer oro y plata a cambio de sus vidas. Estos días, la premura empresarial por extraer más mineral dado su alto precio, masifica los contagios y aumenta las muertes, generando resistencia en la base obrera.
Desde que Vizcarra y la CONFIEP lanzaron su plan de reactivación señalando a la minería como prioridad, medios y expertos de toda especie no han hecho más que repetir el mismo mensaje como la salida ante la bancarrota. Al mismo tiempo, las mismas mineras, que no gozan de simpatías en los pueblos, gastan algo de sus gigantescos recursos para mostrarse solidarias con la población arrasada por el covid, movidas no precisamente por intenciones humanitarias, sino porque esperan las autorizaciones para operar Tía María, Conga y otros proyectos, y para disimular el inmenso crimen que cometen, por ánimo de lucro, contra sus propios obreros.
Más allá de haberse puesto en movimiento, lo que se ve es que la minería no motoriza nada ni genera nuevo empleo, como se propagandiza. Por el contrario ha producido 7 mil nuevos desocupados entre ceses colectivos y suspensiones. Además, los que hablan en favor de ellas, lo hacen pontificándolas como ejemplo de seguridad y avanzada tecnología, pero al lado de inmensos y modernos equipos, están enfermando miles y muriendo otros.
Despide, contagia y causa enormes estragos en la vida obrera pero sus cuentas lucen maravillosas; mejor dicho, están de fiesta. Ya recuperaron el nivel de producción que tenía antes de marzo y ahora se encaminan a superar sus niveles de producción del año pasado. Esto en pandemia. El milagro solo se explica por una sola razón: aceleran con todo propiciando los contagios e imponiendo infernales jornadas de trabajo usando a los obreros como material descartable. Todo empresario prioriza la ganancia sobre la vida, pero algunos como los de Gamarra lo hacen por poco dado que se cayeron sus ventas; en cambio las mineras lo hacen espoleadas por un mercado al alza. El oro subió su cotización internacional en 30.7%, lo mismo la plata y el cobre, principales productos que extraen las mineras.
Esto no niega excepciones. Cobriza está paralizada hace 8 meses y sus 1,500 trabajadores sin salarios; igual minera Raura con 1,600 en la calle y Atacocha con otros tantos, y también 11 empresas y 9 contratas han declarado suspensiones perfectas. Todas, por supuesto, no están en crisis y se benefician de los millones de Reactiva Perú; solo responden a distintos planes de optimización de ganancias.
Contagios y ataques como el polvo de la minas
Así, los contagios se expanden como el polvo de las minas: la federación minera estima que estos ascienden a 10 mil (un cálculo que puede ser muy conservador), y cuenta muertos en todas partes sin saber cuándo acabará. Los protocolos de seguridad, ya minimizados hasta el ridículo, no se cumplen. A los trabajadores no se les toma pruebas de descarte cuando vuelven a sus pueblos, peor, los envían a ellos enfermos y sin protocolo; así el virus se extiende de las minas a las comunidades más pobres y alejadas. En Marsa se usa un sistema llamado “camas calientes” porque, para ahorrarse el tiempo y costo de implementar nuevos campamentos, se rota el uso de las camas conforme a los turnos de trabajo. En Casapalca los mineros comparten las mismas habitaciones, a las que, además, ingresan con las botas y la ropa de faena cargados de polvo. En otras minas los vehículos transportan hasta 200 personas. Al trabajador que se contagia lo envían a descansar durante 7 días y no 15. Así el virus se expande y golpea con dureza.
Lo más cruel es que enfermando en la mina la empresa no asume ninguna responsabilidad por el trabajador, porque “no es una enfermedad profesional”. Por eso luego de enfermar, decenas de ellos son arrumados como animales en alojamientos a merced de una salud pública ya colapsada y a lo que puedan hacer sus desesperadas familias, permitiendo así que sus estados se agraven y algunos mueran, como sucedió con el trabajador Zenón Silva.
Y enfocado en extraerles el mayor provecho antes de que caigan enfermos, los trabajadores son confinados en las minas. Hace años las mineras impusieron jornadas de 12 hrs. e internamientos de 15 y 30 días. Una demanda ante el Tribunal Constitucional falló el 2014 en el sentido de que no se debe trabajar más de 14 días seguidos, pero Vizcarra flexibilizó la norma y ahora se aplican internamientos de 30 días, y en el caso de Huanzalá hasta de 40 días. Así, si el trabajador no se derrumba por el covid cae por agotamiento.
Ni en siglos pasados los esclavistas actuaban así con sus esclavos. Cuando el siglo XVIII se liberó la fuerza de trabajo y se creó un mercado para que el capital disponga de ella, se veneró esa “libertad” aun cuanto significa trabajar para un tercero toda una vida por un salario de sobrevivencia. Hoy ni esto se respeta porque estos días los capitalistas nos condenan a morir cuando nos dejan sin empleo, y cuando nos emplean nos someten a infernales jornadas y en entornos de contagio que causan enfermedad y muerte.
También se arrasan derechos
Ante esta situación, exigir cumplimiento de la ley, defender la vida y salud, ejercer los derechos establecidos en las normas, denunciar y protestar, se ha vuelto actos que equivalen a terrorismo, y se pagan con cárcel, despidos y persecución. Luis López, secretario general de los trabajadores de Minera Chinalco, fue despedido por denunciar que la empresa no cumple los protocolos de prevención del covid 19. En Shougang, otro dirigente que denunció que el plan de vigilancia no estimaba carpas provisionales y en malas condiciones para alojar a los obreros, también fue despedido. El dirigente Luis Cerna de Marsa fue detenido cuando se desplazaba por la calle, donde fue cercado por 15 miembros de la policía que lo llevaron detenido sin causal ni orden previa, y luego tuvieron que liberarlo forzados por las numerosas expresiones de rechazo; además, es víctima de constantes amenazas y ahora recibió una carta de pre-despido.
La misma respuesta represiva se descarga con una dosis de odio y saña. La movilización de los obreros de Cobriza junto a sus esposas e hijos del 22 de junio reclamando trabajo porque no tienen qué comer, recibió por toda respuesta una fuerte represión policial. En la protesta de los mineros de Marsa las mujeres fueron especialmente maltratadas y golpeadas; Luz Saldaña Fernández, vicepresidenta del Comité de la Mujer Minera, resultó con hematomas en diversas partes del cuerpo.
70% de los trabajadores mineros se encuentran bajo la modalidad de tercerización. Esta condición, usualmente aprovechada para burlar los derechos laborales e impedir la organización obrera, ahora se usa no solo para desprenderse de los que enferman o presentan vulnerabilidades ante el covid 19, sino también como arma para someter a los trabajadores y despedir a los que reclaman.
Vizcarra el mayordomo
El Estado y el Gobierno, que normalmente son vistos como árbitros y siempre se espera de ellos una actitud “imparcial” cuando en realidad están hechos para defender los intereses capitalistas, ante la actual crisis terminaron por retirarse toda máscara. Vizcarra no solo aprobó normas y le entregó miles de millones, sino además actúa como su policía y las instituciones como sus dependencias. Las instituciones llamadas a fiscalizar compiten unos con otros en abstención absoluta cuando no negligencia. La federación minera cursa cartas todos los días y muchas de forma reiterada, pero nadie responde. La SUNAFIL, a la que el Gobierno ofreció duplicar su número y recursos, no aparece por ningún lado. Para fiscalizar y multar a los victimarios no existen, pero son eficientes para ensañarse con las víctimas, o sus defensores como a la federación minera a la que le acaban de colocar una considerable “multa” administrativa.
Hasta la mayoría del Congreso, que por puro interés electoral busca ganarse la simpatía popular fungiendo de opositor al gobierno, nada hace, revelando su verdadero carácter de clase. Desde el 30 de junio la Comisión de Trabajo tiene encarpetado un pedido para reunir a las partes, pero se entretiene en cualquier trivialidad. Ya no hablemos de la gran prensa, que igual se amamanta de la renta minera: dedica grandes titulares al caso Los Olivos, pero de las minas donde se producen más muertes, contagios y monstruosos atropellos, ni una palabra.
Resistencia y salidas
Toda esta situación catastrófica es denunciada y resistida por los propios trabajadores. En Marsa, en asamblea realizada en el ingreso a la mina, el dirigente Luis Cerna dirigiéndose a sus compañeros, le dijo: ellos quieren producción, pero nosotros queremos nuestras vidas, y a renglón seguido realizaron un paro y una movilización de repercusión nacional. En Cerro Corona, en asamblea realizada el 31 de julio se acordó iniciar una huelga indefinida “porque la empresa no cumple con los protocolos sanitarios”, según denuncia Ramón Quispe Aparco, secretario general del sindicato. No hay base donde no se produzca protesta.
Pero si bien estos expresan la gran valentía y coraje que anida en la base obrera, no son suficientes para cambiar el curso actual de las cosas si no se unifica la respuesta y se pasa a una acción nacional, como un Paro o la Huelga General, tal como se conquistó las 8 horas.
Pero este es un problema de dirección. De dirección porque el Frente Amplio y Nuevo Perú mientras apoyan al gobierno están dedicados a alistarse para las elecciones, y la CGTP rehúye a su responsabilidad centrando todas sus miras a ser incluida en los organismos del Gobierno, y mejor si son remuneradas. Con esta misma política tampoco dejan luchar a los que luchan: marginan y atacan a la dirigencia minera de Jorge Juárez que sola hace frente a las poderosas mineras, e intentan dividir a la federación, solo porque no responde a sus órdenes.
Ante este panorama verdaderamente difícil, hay que avanzar identificando un orden de tareas.
1. El primero de todos es el deber de hacer nuestra cada lucha y acción del sector minero como de cualquier otra base obrera. En esta misma línea, debemos respaldar sus demandas, en particular la que exige al Gobierno sincerar la realidad en contagios y muertes por unidad minera, y agregamos, por cada lugar de trabajo, para que se conozca el costo en vidas, enfermedades y también en despidos y ceses, para sostener las ganancias capitalistas. ¡Vizcarra: basta de ocultarnos información de los muertos, contagios y otros saldos desastrosos que está haciendo pagar a la clase obrera!
2. Estamos en la necesidad de unir y coordinar esfuerzos en cada sector y en cada región, de poner en pie organismos para la lucha. Hay que tomar en nuestras manos la pelea por defendernos y conseguir una salida.
3. Desde esos espacios, pugnar y pugnar para que las direcciones se despercudan y se obliguen a convocar al menos a un Paro Nacional para frenar el plan genocida de Vizcarra y los empresarios.
4. Pero como esto no resuelve el problema de dirección, hay que poner en pie una nueva, verdaderamente de clase y de combate, como exigen los tiempos actuales. Un partido que agrupe a lo mejor de los luchadores obreros y que dedique todas sus energías a dar pelear en cada lugar, a unir las fuerzas de la clase obrera, a vertebrar su organización y movilización a nivel nacional y a crear confianza en sus propias fuerzas, para desde ahí luchar por una salida obrera y popular a la crisis que vivimos.
¿Cuál es el otro camino? ”Las elecciones del 2021”, responderán de la vereda del Frente Amplio y Nuevo Perú, haciéndose eco de lo que dicen los partidos burgueses. ¿Y mientras tanto, hay que morir, enfermar y soportar el plan genocida de nos aplican? ¿Hay que dejar a su suerte a todos los que pelean y resisten? Mientras haya una salida vale la pena hacer el esfuerzo por él y vivir con dignidad. La federación minera prepara una asamblea nacional de delegados para el próximo 5 de setiembre en la que discutirá la situación que vive y resolverá medidas. Hay que desearles las mejores decisiones: No solo sus bases sino toda la clase obrera las necesita.
Federico Romero. Red Obrera