La norma deberá ser refrendada aún por la Cámara alta antes de entrar en vigor. La oposición critica que se le den funciones propias de los servicios de espionaje
El debate fue agitado y por momentos enconado. Y no es casual, porque el proyecto de ley aprobado por los parlamentarios del Bundestag supone para algunos un cambio de paradigma en materia policial. En lo sustancial, la labor de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) no se limitará, como hasta ahora, a la investigación de delitos ya cometidos, sino que tendrá también carácter preventivo.
Amplias atribuciones
Se trata, por ejemplo, de evitar atentados terroristas, dotando a los funcionarios de investigaciones de una serie de facultades adicionales. Una de las medidas más controvertidas es el «espionaje online», que podrá llevarse a cabo introduciendo vía internet troyanos en el PC del sospechoso, con la autorización de un juez. La ley toma providencias para cautelar la esfera privada del «observado» disponiendo, por ejemplo, que el encargado en la BKA de la «protección de datos» tome parte en la evaluación de las informaciones recabadas, para velar por el respeto del derecho a la privacidad del afectado.
Tales resguardos son considerados insuficientes por los detractores de esta ley, que no confían en que un organismo policial se auto-restrinja. El BKA podrá, además, observar viviendas con cámaras y micrófonos e intervenir teléfonos, siempre con la venia judicial, a menos de que haya un peligro inminente. En este caso los detectives tendrán tres días de plazo para presentar a posteriori la correspondiente orden de un juez.
«FBI alemán»
Son demasiadas facultades para la oposición, que exhibió una inusual coincidencia en sus críticas, desde los escaños de la izquierda hasta los de los liberales, pasando también por los ecologistas. La jefa de la bancada verde, Renate Künast, habló por ejemplo de un «FBI alemán». Incluso dentro de las filas de la Socialdemocracia, socio de la coalición gubernamental con los cristianodemócratas de Angela Merkel, hubo cierta resistencia: un parlamentario reprochó, por ejemplo, la «mezcla de tareas policiales con las de los servicios secretos».
El ministro alemán del Interior, Wolfgang Schauble, defendió en cambio con vehemencia la nueva ley, instando a sus detractores a poner fin a su «campaña de difamación». Según el ministro, las medidas son necesarias para proteger la libertad. «Por eso, no se trata de un ataque contra el Estado de Derecho sino de una ley para la defensa del Estado de Derecho», aseguró Schäuble».
Quejas gremiales
Como la oposición no lo ve así, algunos políticos de sus filas ha anunciado desde ya que presentarán una queja ante el Tribunal de Garantías Constitucionales contra esta ley, que todavía debe pasar por la Cámara Alta (Bundesrat) antes de entrar en vigor. La polémica continuará pues, al igual que las críticas, a las que se han sumado también, entre otras, las asociaciones de editores de revistas, de abogados y de médicos. Sus protestas obedecen a que la nueva norma sólo excluye de la posibilidad de ser vigilados a los sacerdotes, parlamentarios y abogados defensores de los sospechosos. Los periodistas, en cambio, no gozan del mismo resguardo e incluso pueden ser forzados a entregar información y material al BKA, so pena de ser sancionados con multas o arresto coercitivo.