El Parlamento Europeo iniciará a las 17.30 el debate en segunda lectura sobre la directiva de las 65 horas semanales. Hay división entre los parlamentarios. La misma se votará el miércoles en Estrasburgo. Mañana la CES europea ha convocado una manifestación ante la Eurocámara para mostrar el rechazo de los trabajadores a que se produzca un retroceso en el derecho a la jornada laboral, ya que en el Estado español supondría volver a una jornada de 1870.
Nadie se atreve a avanzar un pronóstico sobre la votación en segunda lectura que este se producirá en el Parlamento Europeo sobre la directiva de las 65 horas. A partir de las 17.30 se debatirá la iniciativa que pone en peligro los logros sociales en materia de jornada de trabajo que se han conseguido durante los últimos 138 años.
Los lobbys empresariales están presionando de forma directa para conseguir que las empresas puedan ampliar el número de horas de trabajo. En la actualidad, en la Unión Europea se puede implantar una jornada de hasta 48 horas, sin embargo la Comisión Europea ha cedido a las presiones de los empresarios para ampliar ese período a 65 horas, de media.
Alejandro Cercas (PSOE), ponente de la iniciativa europarlamentaria que rechaza la ampliación, afirma en sus informes contrarios a las 65 horas que «todos los estados miembros deberán respetar el máximo de 48 horas semanales» y exige que se elimine la cláusula que permite rebasar ese tope, «si hay compromiso entre los empresarios y los trabajadores».
«Chantaje»
Las centrales sindicales denuncian de forma decidida que, si se da luz verde a la iniciativa, «los trabajadores no tendremos ninguna fuerza para evitar que se rebasen las 48 horas, porque el chantaje de los empresarios es muy activo y máxime en estos momentos en los que la crisis económica está eliminando puestos», según indica la CES. Esta confederación sindical ha convocado para mañana una manifestación en Estrasburgo para presionar a los europarlamentarios con el lema «Prioridad a las derechos de los trabajadores y no a al aumento de la jornada de trabajo».
El informe de la comisión de Empleo de la Eurocámara exige eliminar esa cláusula de superación «pasado un período transitorio de tres años», porque como explica el parlamentario Alejandro Cercas, «esta cláusula permite a los países no aplicar el tiempo máximo de trabajo semanal de 48 horas calculadas sobre una media anual, e introduce un máximo de 60 horas calculadas sobre una media trimestral, que posibilita a los empresarios elevar la jornada de trabajo hasta las 65 horas».
En esa comisión parlamentaria también se reclamó que se considere «como trabajo efectivo el tiempo de guardia, incluidos los períodos inactivos», que afecta, sobre todo, al personal sanitario. Además el informe parlamentario, que tratará de frenar la iniciativa de la Comisión Europea, hace hincapié en que la legislación europea debe favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, y, a la vez, reclama que no se acepte la directiva porque perjudicaría de forma directa la seguridad y la salud de los trabajadores. Los informes científicos y médicos reconocen que cuanto más largas son las jornadas de trabajo la inseguridad aumenta y afecta de forma directa a la salud.
La Comisión Europea presentó una propuesta de revisión de la directiva del tiempo de trabajo en setiembre de 2004. La Eurocámara se pronunció en contra en primera lectura en mayo de 2005. Después de tres años de bloqueo, el Consejo Europeo logró un acuerdo en junio de 2008 con los votos en contra del Estado español y Grecia y las abstenciones de Bélgica, Chipre, Hungría, Malta y Portugal