Un nuevo informe copublicado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Transnational Institute y Stop Wapenhandel, analiza las 19 principales operaciones de Frontex concluyendo que ninguna tiene un mandato de rescate de personas.
El nuevo informe «Custodiar la fortaleza. El papel de Frontex en la militarización y securitización de los flujos migratorios en la Unión Europea» co publicado por el Centro Delàs de Estudios por la Paz, el Transnational Institute (TNI) y la campaña holandesa contra el comercio de armas Stop Wapenhandel examina el papel de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, en la custodia de la fortaleza.
La investigación analiza el mandato, regulaciones y funciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y demuestra que implementa prácticas securitarias que criminalizan a las personas que son forzadas a huir de sus hogares. Frontex actúa como un agente para frenar, interceptar y externalizar la gestión de las fronteras a terceros países y retornar por la fuerza a las personas que huyen de la violencia.
El informe destaca el importante aumento del presupuesto de Frontex en los últimos años, que con un presupuesto total de 1.658 millones de euros para el periodo 2005-2018, ha pasado de 6,2 millones de euros el 2005 a 288 millones el 2018. Este año 2019, continúa este incremento, con un presupuesto votado de 333 millones de euros. Esta tendencia a un presupuesto cada vez mayor de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas expresa una apuesta política para la fortificación de las fronteras europeas así como para reforzar la Agencia como sistema de control fronterizo, a la vez que se niega las operaciones humanitarias y de rescate.
«Es especialmente flagrante la apuesta de la Unión Europea para reforzar el papel de Frontex en las operaciones de retorno de las personas, especialmente desde el año 2016 cuando se le dota de un papel de coordinadora de estas operaciones. Se puede constatar que se destina una parte cada vez más importante de su presupuesto a este fin», señala Ainhoa Ruiz Benedicto, investigadora del Centro Delàs de Estudios por la Paz y autora del informe. Así lo muestra el análisis del presupuesto de Frontex, en el que las operaciones de retorno han pasado de contar con 80.000 euros en 2005 a 47,8 millones en 2018, y un presupuesto votado de 63 millones para 2019. El número de operaciones de retorno coordinadas por Frontex aumentó en casi un 76% en 2018 respecto a 2017, según datos de la propia Agencia.
El análisis muestra que, de las 19 principales operaciones conjuntas realizadas por Frontex ninguna tiene un mandato específico de rescate de personas ni incluye una flota civil o humanitaria en sus acciones. Todas ellas se centran en combatir e interceptar diferentes crímenes fronterizos, entre los cuales se encuentran los relacionados con los flujos migratorios. Este modus operandi criminaliza la migración y hace imposible abordar las migraciones desde una perspectiva humanitaria. Operaciones desarrolladas en el mar Mediterráneo como Poseidon y Triton, creadas para sustituir Mare Nostrum -desarrollada por el gobierno italiano, no por Frontex, y con un mandato de rescate-, tuvieron un presupuesto para 6 meses de actividad, de 18 millones y 19 millones, respectivamente, mientras que Mare Nostrum contó con un presupuesto de 54 millones también para 6 meses, en octubre de los años 2013 y 2014.
El análisis de sus operaciones como Coordination Points y Focal Points, demuestran cómo Frontex está teniendo un papel crucial en el proceso de expansión de la Europa Fortaleza, actuando y coordinando operaciones en terceros países a través de los cuerpos de seguridad desplegados por el mandato de Frontex. De este modo se impulsa la externalización de la gestión de fronteras y se impone la agenda europea a terceros países.
«La Unión Europea necesita hacer efectivo su compromiso con el rescate de personas, en vez de apostar firmemente por las prácticas securitarias fronterizas que nos llevan a un mayor control del movimiento de las personas, vulnerando el derecho de acogida y contribuyendo a un aumento de las violencias que impactan en las vidas y cuerpos de las personas que tienen que huir de las violencias», concluye Ruiz Benedicto.
