La CE recoge el espíritu del ‘Informe Wert’ y propone una reforma basada en la relación enseñanza-empleo, con el objetivo de recortar drásticamente la universidad pública e impulsar los campus privados.
Hace ya tres años, un «comité de expertos» designado por el ministro de Educación, el malogrado José Ignacio Wert, publicó un informe para la reforma del sistema universitario español. Aquel documento proponía un amplio abanico de reformas entre las que se incluía la reducción de la democracia en el gobierno de las universidades, la plena entrada del mundo empresarial en el funcionamiento de la universidad y en el diseño de las enseñanzas y de la investigación o la reforma de la selección y promoción del profesorado. El rechazo que generó el informe, criticado por amplios sectores de la comunidad universitaria, así como la priorización de otras reformas en la educación no universitaria, llevaron al Ejecutivo de Rajoy a desistir de la implementación de la reforma de la Universidad, o al menos eso parecía. La sorpresa llega, en pleno periodo preelectoral, cuando encontramos algunas de las líneas maestras de aquel informe y sus principales propuestas en el programa de reformas para España que ha preparado la Comisión Europea.
Este programa fue publicado el pasado 28 de mayo. Como cada año desde 2009, la Comisión ha redactado el conjunto de medidas que deben ser aplicadas en cada uno de los Estados miembros de la UE entre lo que queda de 2016 y el final de 2017, las llamadas «Recomendaciones por País«. Estas recomendaciones que anualmente llegan desde Europa son aprobadas con la participación y el asentimiento de los ejecutivos estatales, muchos de los cuales (especialmente el español de Rajoy) han implementado la mayoría de estas (auto)instrucciones con enorme entusiasmo. Paradójicamente, nos encontramos en un momento en el que el Partido Popular puede perder el gobierno pero dejarnos en herencia un programa otorgado, unas medidas de obligado cumplimiento que incluyen la corrección duradera del déficit excesivo de aquí a 2017, la adopción de las medidas estructurales necesarias para ello y la utilización de todos los recursos posibles para reducir el déficit y la deuda. Pero además, en esta ocasión, una buena parte de estas medidas se orientan de manera específica a la reforma (privatización y gestión empresarial) de nuestro sistema universitario.
Para justificar su intromisión en un área tan fundamental de la política estatal, la Comisión Europea utiliza el viejo argumento de vincular el desempleo actual con el sistema educativo, culpabilizando al segundo del insostenible nivel del primero. Pese a haber abaratado hasta límites increíbles la mano de obra, a base de precarizar las relaciones de trabajo es evidente que en España no conseguimos ni una rebaja contundente del desempleo ni una reducción del paro de larga duración; ¿por qué? La Comisión apuesta por un «cabeza de turco» ajeno al actual modelo productivo, el culpable del desempleo ha de ser el sistema educativo. Regresa así el mantra de la inadecuación de la educación superior a las exigencias del mercado de trabajo, un discurso que permeaba el Informe Wert y que ahora ocupa el centro del argumentario que utiliza la UE para acusar al sistema educativo español de mantener un nivel general de cualificación bajo que «dificulta la transición hacia actividades de mayor valor añadido y mina el crecimiento de la productividad».
Pero la Comisión va más allá. En sus recomendaciones vincula la evidente situación de «sobretitulación» de las y los jóvenes españoles y el bajo nivel de formación de los puestos de trabajo que se crean, no a un problema del tejido empresarial, sino a un defecto del sistema educativo, que según su opinión no está suficientemente adaptado a las necesidades del mercado laboral. Se trata de un argumento tan manido como inconsistente: ¿de verdad consideran posible mantener una vinculación estrecha entre las formaciones cursadas y los requerimientos particulares de los puestos de trabajo en cada momento? Una planificación de la oferta educativa lo más «ajustada» posible a estos requerimientos a día de hoy ¿no acabaría siendo inadecuada en 2020?; ¿la función del sistema educativo debe ser la producción de mano de obra adecuada a las necesidades empresariales o la generación de ciudadanía…?
Basándose en esta crítica, la Comisión plantea dos líneas fundamentales de reforma de nuestro sistema de educación superior: el aumento de la cooperación entre las empresas y las universidades, la «flexibilización» del sistema de gobernanza universitaria y la financiación por resultados de los organismos públicos de investigación y las universidades. Se recupera así una parte fundamental de aquel Informe Wert que hoy vuelve con más fuerza puesto que las «Recomendaciones» de la Comisión son medidas de obligado cumplimiento de los Estados miembros. Así las cosas, gobierne quien gobierne, se va a ver enfrentado a la voluntad de la UE de modificar nuestro sistema universitario con una clara orientación neoliberal, sin contar para ello con la comunidad universitaria y sin más base que ese dogma. sin ninguna evidencia que lo respalde, que se defiende desde los aparatos políticos ajenos a la educación superior y demasiado influidos por los lobbies empresariales.
Estas propuestas, como el anterior Informe Wert, tienen el claro objetivo de recortar drásticamente la universidad pública e impulsar los campus privados, volviendo a los esquemas elitistas de muchos años atrás, y de someter sus objetivos a la simple satisfacción de los intereses de los sectores económicos más alejados del conocimiento profundo y de la I+D básica o que no responda al inmediato rédito mercantil. Es una forma clara de justificar la asfixia económica a las universidades públicas que el PP está llevando a cabo para desmontar la Universidad Pública como derecho y servicio público. La universidad es un servicio público, fundamental para la construcción y mantenimiento de una sociedad democrática. No es un modelo en absoluto perfecto y requiere cambios y mejoras, pero no en el sentido que se propone desde la UE y desde luego decididos entre todas las personas que conformamos la comunidad universitaria, pero también las y los usuarios y la sociedad en general. Es hora de recomponer el movimiento universitario por un modelo social de universidad pública, como desarrollamos en nuestro último libro, La Educación que necesitamos, que ponga el conocimiento al servicio y al alcance de toda la sociedad frente a los objetivos clasistas, privatizadores y mercantilistas de esta nueva ofensiva neoliberal.
Adoración Guamán es profesora de la Universidad de Valencia. Alberto Garzón es el coordinador de IU y diputado. Enrique Díez es profesor de la Universidad de León.
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