Las declaraciones del refugiado turco Bulut Yayla publicadas ayer por el diario griego Epikaira señalan hacia una presunta red policial clandestina en Grecia que estaría conectada con servicios de inteligencia turcos y estadounidenses. Yayla fue secuestrado la pasada semana en el centro de Atenas y conducido ilegalmente a su país por tres grupos diferentes de […]
Las declaraciones del refugiado turco Bulut Yayla publicadas ayer por el diario griego Epikaira señalan hacia una presunta red policial clandestina en Grecia que estaría conectada con servicios de inteligencia turcos y estadounidenses.
Yayla fue secuestrado la pasada semana en el centro de Atenas y conducido ilegalmente a su país por tres grupos diferentes de captores antes de ser entregado a la Unidad Antiterrorista de Estambul dos días después. El caso fue denunciado por organizaciones de derechos humanos, por el principal partido opositor (Syriza) y el jueves la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados solicitó al gobierno griego una investigación de los hechos. «Si los informes fueran ciertos, el secuestro constituiría una grave infracción de la ley, mientras que su devolución forzada al punto de origen de un solicitante de asilo corre el riesgo de violar una serie de normas internacionales, de las cuales Grecia es signataria», señaló el ACNUR en su comunicado.
Según el relato transmitido por los abogados del joven refugiado, durante su traslado pasó por las manos de personas que hablaban griego, turco e inglés, fue golpeado con saña e introducido de manera clandestina en Turquía, y antes de ser entregado a la policía de este país en la ciudad fronteriza de Edirne uno de sus raptores le dijo que «esto le pasa a quien se mete con Estados Unidos».
Acusado de participar en el atentado con bomba contra la embajada de EEUU en Ankara en febrero pasado, Yayla fue detenido y torturado por la policía de su país antes de llegar a Grecia y pedir asilo político.
Ahora es la policía griega la que se halla en un aprieto, pues o bien reconoce su participación en el secuestro, y existen pruebas y testigos presenciales que pueden certificarlo, o aceptan que miembros de los servicios secretos turcos operaron impunemente en las calles de Atenas.
Pero mientras se pone en marcha la anunciada investigación, algunos medios griegos y turcos comenzaron a presentar indicios sobre acuerdos secretos y actuaciones poco claras. En esa línea se sitúa el encuentro que tuvo lugar el pasado 4 de febrero entre el jefe de la policía griega, Nikos Papagianopulos, y su homólogo turco, donde se acordó que Grecia desmantelaría «células terroristas turcas» de izquierdistas radicales, así como de kurdos en Grecia. Este acuerdo se rubricó un mes despúes con la firma de un tratado de cooperación y lucrativas inversiones en diversas áreas, siendo la salud, el turismo y la inmigración solo algunas de las cuestiones abordadas en la reunión entre el primer ministro griego, Antonis Samaras, y el turco, Recep Tayyip Erdoğan. Según señaló IPS, «el mismo día, la Institución Estratégica de Ankara destacó que inversiones privadas turcas en Grecia se habían usado como herramienta de presión para promover el acuerdo sobre las extradiciones». Luego se conocieron otros informes sobre los preparativos para las extradiciones. Como se ve todo muy democrático, como caracteriza a ambos personajes y a la actuación de sus huestes policiales.
Epikaira también citó el extraño suicidio de un miembro de la unidad antiterrorista griega, quien al parecer había ido a recibir a un grupo de agentes turcos y decidió quitarse la vida en los baños del aeropuerto de Atenas en circunstancias aún no aclaradas. El diario se preguntó si serían estos los encargados de supervisar las condiciones y el desarrollo del plan de secuestro del refugiado Yayla.
Por si esto no fuera suficiente sobre las turbias conexiones de la policía griega con servicios de inteligencia extranjeros, este lunes el periódico To Vima publicó un extenso reportaje en el que desvelaba la existencia de un pequeño grupo independiente dedicado a tareas antiterroristas, denominado ‘Los invisibles’, y que estaría compuesto por policías griegos y comandos de la CIA.
Si bien la colaboración en operaciones encubiertas ya se llevó a cabo en 1991 para detener en Budapest al militante anarquista Marinos Christoforos, el grupo de ‘Los invisibles’ se formó entre los años 1992-93, estaría financiado en parte por la Embajada de EEUU en Grecia y figurarían cargos de los servicios de inteligencia norteamericanos en su cadena de mando.
En un primer momento, las oficinas del nuevo servicio se situaron en las inmediaciones del Hotel Caravel, bajo la tapadera de una empresa comercial. Sin embargo, descubierto fortuitamente cambió de emplazamiento para llevar a cabo muchas de sus reuniones en las oficinas que la CIA tiene en Atenas, donde los policías griegos reciben órdenes específicas. To Vima citó como fuente a un alto funcionario policial para sostener muchas de las afirmaciones que contiene el trabajo periodístico.
El reportaje no denuncia de manera crítica la existencia de ese grupo, ni la cooperación que en materia policial existe con la CIA, pues no en vano es un medio de comunicación que defiende fervientemente al gobierno y sus políticas de ajuste, sin embargo no deja de sorprender que esa información aparezca precisamente ahora, después de 20 años, en un momento en que alguien dentro del cuerpo de policía tiene que estar preparando un buen manojo de explicaciones para hacer frente a las denuncias. Como sorprendente es también el silencio mediático existente en torno a esta noticia, pues ni un solo periódico de tirada nacional se ha hecho eco de ella. Quizá porque remueve ciertas aguas en las cloacas del estado, pues no sería muy descabellado buscar a los responsables del secuestro de Yayla entre los dirigentes del grupo de operaciones encubiertas.
Según explicó la abogada Ioanna Kurtovik «no hay nada que podamos hacer en Grecia a través de medios legales. Fue un secuestro ilegal y la parte turca está tratando que parezca que lo detuvieron en Turquía, mientras que la policía griega niega tener conocimiento de su existencia». Sin embargo el Consejo Griego para los Refugiados fue muy claro al decir que Yayla llegó hace dos meses a Grecia y presentó sus datos para pedir asilo político, lo cual realizó formalmente hace tres semanas. Tan seguros estaban de que algo se tramaba que hace unos días enviaron una petición urgente a la Corte Europea de Derechos Humanos para evitar la extradición de Yayla a Turquía.
Efectivamente las medidas legales llegan tarde, si es que están de camino.
Antonio Cuesta es corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina
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