Los acontecimientos de las últimas horas en Venezuela —marcados por una escalada abierta de la agresión imperialista estadounidense, materializada en el bombardeo de Caracas y en el absurdo secuestro del presidente Nicolás Maduro— no pueden ser comprendidos como un episodio aislado o circunstancial. Se inscriben, por el contrario, en el esfuerzo más amplio de Estados Unidos, cristalizado en lo que los propios estrategas estadounidenses han denominado el “Corolario Trump” de la Doctrina Monroe, orientado a reafirmar su plena hegemonía en el hemisferio occidental, en un contexto histórico caracterizado por el agotamiento de la unipolaridad y por la priorización explícita de frenar el avance del paradigma de la multipolaridad, cuyo principal polo emergente es China.
La alineación de los sectores más agresivos y reaccionarios de las élites latinoamericanas con las directrices emanadas de los halcones estadounidenses encuentra, en esta ofensiva, su expresión más acabada hasta el momento. Tal convergencia inaugura una nueva coyuntura, aún de contornos difíciles de prever, cuyo eje central es el aniquilamiento de los gobiernos progresistas de la región, concebido como parte indisociable del esfuerzo más amplio por debilitar los vínculos soberanos de China con sus pares, los países en desarrollo.
La hegemonía en América Latina como pieza fundamental para la contención de China
Son numerosas las evidencias que indican que, en el mediano y largo plazo, Estados Unidos difícilmente encontrará alternativas para asegurar la unipolaridad estratégica y la hegemonía económica globales que ambiciona. Y no es un secreto para nadie que, entre los diversos polos que emergen con fuerza en el nuevo orden multipolar en gestación, el más pujante está constituido por la República Popular China. Por diversos factores estructurales, no resulta en absoluto fantasiosa la creencia de que, en el período venidero, las crecientes relaciones de China con el mundo —y especialmente con sus pares, es decir, los países en desarrollo— conducirán a un rediseño del orden global. Tampoco sería fantasioso suponer que las crecientes disparidades a favor de China en ámbitos como la cohesión social, el avance tecnológico y el crecimiento económico pesarán para que esta se consolide como liderazgo, con un papel que se sitúe por encima del ejercido por los estadounidenses en ese nuevo orden.
Es por estos factores que, como reiteradamente señalan numerosos analistas relevantes en sus más diversos escritos, la estrategia estadounidense para la preservación de su “hegemonía” no pasa únicamente por la búsqueda de retomar el rumbo de su propio desarrollo económico, sino, principalmente, por la adopción de políticas agresivas destinadas a reducir drásticamente el ritmo de crecimiento de su principal adversario. Partiendo de esta comprensión, que observa el debate sobre la recuperación económica estadounidense y el papel a desempeñar por Estados Unidos en el mundo bajo la lógica de un juego de “suma cero” —en el que la ganancia de uno presupone la pérdida del otro—, resulta evidente que la alternativa adoptada por los estadounidenses no pasa por el respeto al multilateralismo, al libre comercio ni a las “libertades democráticas” que proclaman a los cuatro vientos.
La reciente National Security Strategy (NSS) deja implícitas tales lecturas, tanto al enfatizar el reconocimiento de lo que serían “más de tres décadas de supuestos estadounidenses erróneos sobre China” como al mencionar, como factor fundamental de la estrategia de reposicionamiento estadounidense, que “debe ser preeminente en el Hemisferio Occidental como condición de nuestra seguridad y prosperidad”. En lo que respecta específicamente a América Latina, se menciona la dificultad de revertir la influencia extranjera en algunos países debido a los “alineamientos políticos” establecidos, pero se observa, no obstante, que “muchos gobiernos no están ideológicamente alineados con potencias extranjeras, sino que se sienten atraídos a hacer negocios con ellas por otras razones, incluidos los bajos costos”.
En el caso de los primeros, con mayores “alineamientos políticos” con los “competidores no hemisféricos”, queda claro que la opción de la extrema derecha estadounidense para contenerlos no es otra que el uso de la fuerza, mediante chantajes económicos, políticos y militares de diversa índole, alineados con el paradigma del “Corolario Trump”, que la nueva NSS incorpora formalmente a la ya tradicional Doctrina Monroe. En el caso de los gobiernos que mantienen vínculos económicos y diplomáticos robustos con los “competidores no hemisféricos” (cuyo principal exponente es, claramente, China), la alternativa sería exhibir los “numerosos costos ocultos —en espionaje, ciberseguridad, trampas de endeudamiento y otros mecanismos—” supuestamente “incrustados en esta asistencia extranjera de bajo costo”.
De este modo, resulta plenamente inteligible la secuencia de acontecimientos en América Latina desde el inicio del nuevo mandato de Donald Trump. Para los gobiernos progresistas que esbozan una mayor cercanía con una visión del mundo alineada con el paradigma de la multipolaridad, el enfoque del gobierno estadounidense no es otro que la presión por el regime change. Para los gobernantes más conservadores, o incluso para los progresistas más “recatados”, las presiones se concentran en exigir que sacrifiquen sus propios intereses económicos y financieros en nombre de la adhesión a la estrategia estadounidense de garantizarse como “preeminente en el Hemisferio Occidental”, condición previa para su propia “seguridad y prosperidad”.
De ahí que el apoyo incesante a la extrema derecha latinoamericana sea una constante en los movimientos diplomáticos del gobierno de Trump. Son sus liderazgos los que, a diferencia de los segmentos más moderados de las élites locales, están dispuestos a adherir a la “cruzada” tanto del derrocamiento, a cualquier costo, de los gobiernos progresistas aún existentes en América Latina, como del autosabotaje de las economías y del futuro de sus propios países, mediante el daño irracional de los vínculos bilaterales con China. Todo ello en nombre de la vasallaje ideológica al imperialismo estadounidense, reproduciendo los episodios más clásicos de la subordinación de las élites oligárquicas latinoamericanas a los dictados imperiales.
Hubo quienes apostaron a que tales movimientos no tendrían otro efecto que precipitar la aproximación de los países latinoamericanos a China e incluso fortalecer la posición soberanista de los gobiernos populares de la región. Subestimaron el grado de alineamiento entre las burguesías latinoamericanas y los planes sórdidos de los halcones de Washington.
En Ecuador y Honduras, los fraudes electorales que sellaron las derrotas de las fuerzas progresistas contaron con el explícito beneplácito de las autoridades estadounidenses. En Bolivia, la proscripción de Evo Morales allanó el triunfo electoral presidencial de la derecha tras más de dos décadas, mientras que, en Perú, la intangibilidad de la escandalosa prisión del presidente Pedro Castillo sigue respaldando mandatos sucesivos e impopulares. La victoria electoral de la extrema derecha pinochetista en Chile fue ampliamente respaldada por los estrategas yanquis. Gobiernos títeres, como los de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, no vacilan en arrodillarse ante las más humillantes demandas provenientes del norte. En Colombia y Brasil, las fuerzas conservadoras esperan ansiosamente una nueva ronda de injerencia explícita y agresiva de los estadounidenses a su favor, de cara a las elecciones presidenciales del presente año. Incluso en México, donde los gobiernos de Morena habían logrado una estabilidad considerable, las presiones directas de Estados Unidos y el fomento de métodos clásicos de las “revoluciones de colores” para forzar el regime change han adquirido proporciones cada vez mayores.
En este contexto, resulta evidente que gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba tendían a convertirse en los blancos prioritarios del imperialismo yanqui. Después de todo, constituyen los casos más claros en América Latina en los que las fuerzas populares y revolucionarias no se encuentran únicamente en una condición circunstancial de gestoras del orden burgués —en coaliciones amplias, flexibles e inestables—, sino en una posición de fuerza dentro del aparato estatal, con amplio arraigo social y una extraordinaria resiliencia frente a las adversidades impuestas desde el exterior (como sanciones sucesivas, chantajes y amenazas militares de toda índole). En términos de relaciones internacionales, terminan siendo, por lógica, los países con mayor capacidad para profundizar sus vínculos soberanos con los “competidores no hemisféricos” tan citados por los documentos estadounidenses.
La centralidad de Venezuela, más allá del petróleo
En este sentido, resulta incontrovertible la reiterada mención a la centralidad de Venezuela para los estadounidenses, debido al hecho de que el país posee lo que probablemente sean las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo. Es ampliamente conocida la influencia histórica que las petroleras noratlánticas ejercieron sobre el control del petróleo venezolano y sobre la consolidación de las élites corruptas y subordinadas que dirigieron el país a lo largo de buena parte del siglo XX. El ascenso de la Revolución Bolivariana y su respectivo enfoque respecto de la cuestión petrolera tocaron el núcleo de los intereses petroleros de Estados Unidos, afectando no solo los bolsillos de sus barones del petróleo, sino también la propia estabilidad de sus planificaciones estratégicas (dada la proximidad del petróleo venezolano en comparación con otras fuentes fundamentales, como el Golfo Pérsico, que implican rutas infinitamente más largas e inseguras para Estados Unidos).
Sin embargo, la rivalidad con el chavismo y con la Revolución Bolivariana debe entenderse a partir de marcos que van mucho más allá del petróleo, y atraviesa cuestiones de fondo que remiten a los deseos más profundos de las élites estadounidenses de reafirmar el pleno dominio de América Latina y el Caribe y, por consiguiente, del conjunto del Hemisferio Occidental. En la década de 1990, en un momento de creciente consolidación de la unipolaridad estratégica de Estados Unidos y de hegemonía casi completa del paradigma neoliberal, fue la victoria de Hugo Chávez, en 1998, la que inauguró un nuevo ciclo de cuestionamiento ardoroso de los pueblos latinoamericanos a los intentos de hegemonía yanqui en la región. La refundación del país y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sacaron a la luz un amplio proceso de movilización social, que involucró diversos mecanismos de organización comunal, democracia directa y conquistas de derechos políticos y sociales de gran envergadura. Entre ellos se incluyeron la recuperación por parte del Estado nacional de la gestión de PDVSA y de los asuntos vinculados al petróleo, la erradicación del analfabetismo, los constantes referendos y consultas populares, así como la participación del pueblo en la construcción de diversos mecanismos de poder popular y en la asignación y distribución de los recursos públicos.
Entre 1998 y 2012, Hugo Chávez participó en no menos de quince consultas populares nacionales —incluidas elecciones presidenciales, referendos y consultas constitucionales—, en las cuales sus propuestas y candidaturas resultaron vencedoras en catorce ocasiones. La transparencia de los procesos electorales fue tal que llegó a ser certificada incluso por el Carter Center, poco sospechoso de simpatía hacia la Revolución Bolivariana, con el expresidente estadounidense Jimmy Carter llegando a afirmar, en 2012, que “de las 92 elecciones que hemos observado, diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo”.
Con los ejemplos exitosos de la Revolución Bolivariana, gobiernos como los de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador organizaron igualmente Asambleas Constituyentes de carácter popular para rehacer las respectivas constituciones de sus países, incorporar mecanismos de consulta popular más densos y profundizar las conquistas de derechos políticos y sociales del pueblo. Junto con Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y otros países, Venezuela impulsó la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), proponiendo la cooperación y la solidaridad entre los países de la región para fortalecer tales conquistas, mediante mecanismos de integración regional que abarcaran dimensiones más allá de aquellas tradicionalmente vinculadas a los intereses comerciales y financieros de las grandes empresas (razón por la cual, posteriormente, el ALBA incorporó el “TCP” a su sigla, bajo la denominación de Tratado de Comercio de los Pueblos).
Junto con otros gobiernos progresistas ascendentes de la región —como los de Lula en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay y Néstor Kirchner en Argentina—, Venezuela encabezó el proceso de rechazo de los países latinoamericanos al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), promovida desde la década de 1990 por Estados Unidos y finalmente derrotada en la Cumbre de Mar del Plata en 2005. En los años siguientes, Venezuela contribuyó de manera significativa a los debates y procesos que dieron lugar a la conformación de mecanismos de integración y cooperación regional como UNASUR, el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), la CELAC y el Banco del Sur, concebidos al margen de los marcos de las herramientas hemisféricas tradicionalmente lideradas por Washington.
Lógicamente, nada de esto quedó impune. Estados Unidos actuó de manera permanente en favor de la desestabilización y la caída del gobierno de Hugo Chávez. En el más notable de estos esfuerzos —ampliamente documentado y detallado en documentales como La revolución no será televisada, de Kim Bartley y Donnacha O’Briain, y The War on Democracy, de John Pilger—, Chávez llegó a ser secuestrado por militares reaccionarios durante el intento de golpe de Estado de 2002, cuando el gobierno títere de Pedro Carmona, representante de la burguesía venezolana, fue rápidamente reconocido como nuevo presidente por Estados Unidos. No obstante, Chávez fue restituido a la presidencia por la acción de militares y militantes leales a la patria y a la democracia, llevado en brazos por el pueblo y dispuesto a profundizar aún más las reformas populares en curso.
Durante los gobiernos de Nicolás Maduro, son igualmente ampliamente conocidas las conexiones de Estados Unidos con el fomento de las sanguinarias “guarimbas” que atemorizan a la población venezolana, el apoyo al gobierno autoproclamado de Juan Guaidó (instrumento utilizado para el secuestro arbitrario de activos financieros venezolanos en el exterior), la imposición de cientos de sanciones ilegales contra dirigentes políticos, empresas y ciudadanos venezolanos, así como las diversas tentativas de golpe de Estado e incluso de asesinato del presidente Maduro, que incluyeron el uso de mercenarios, intentos de soborno a oficiales militares y el apoyo a operaciones subversivas destinadas a manipular procesos electorales, entre otras acciones.
Así, la premura en la definición del rumbo del proceso político venezolano cumple, para Estados Unidos, múltiples funciones de carácter prioritario. Es indudable la relevancia de la cuestión petrolera, y resulta difícil creer que Estados Unidos se embarcaría en cualquier aventura militar de mayor envergadura contra “competidores no hemisféricos” sin antes asegurar una ruta segura de abastecimiento petrolero para sus refinerías. Sin embargo, sus objetivos van claramente mucho más allá. Derrotar a la Revolución Bolivariana puede representar, en los cálculos de la Casa Blanca, la principal victoria estratégica a ser alcanzada en el corto plazo contra los movimientos populares y las fuerzas progresistas latinoamericanas, que constituyen la punta de lanza del enfrentamiento a los intereses imperiales en el Hemisferio Occidental.
La Revolución Bolivariana fue —y continúa siendo— una parte fundamental del imaginario político e ideológico que animó la renovada ola de resistencia a la hegemonía estadounidense en la región desde finales de la década de 1990, y sigue siendo el corazón palpitante de la llama “bolivariana” que mantiene encendidas las resistencias cubana y nicaragüense. El intento de consolidar una victoria rápida y mediante métodos violentos, incluso antes de aguardar los posibles desenlaces de los procesos electorales en Colombia y Brasil, revela la clara intención de producir una desmovilización preventiva de eventuales focos de resistencia armada y de desmoralizar a las fuerzas progresistas que luchan en otros frentes de la región. Aun así, los desenlaces de tal aventura permanecen inciertos, y las luchas en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos pueden igualmente cobrar nuevo impulso y un mayor grado de radicalidad.
Se abre una nueva coyuntura, pero la rueda de la historia no girará hacia atrás
Es dentro de este contexto, por lo tanto, que se inscribe el criminal atentado perpetrado por las autoridades estadounidenses en las últimas horas, con el bombardeo de la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, en una operación evidentemente carente de cualquier base legal. Con este movimiento, Donald Trump y los halcones de la extrema derecha estadounidense dan una clara demostración de que no escatimarán esfuerzos, independientemente del grado de violencia y arbitrariedad, para hacer valer los intereses estratégicos de Estados Unidos de garantizar una hegemonía total en el Hemisferio Occidental como condición previa para su cruzada global de contención contra China y frente al creciente avance del paradigma de la multipolaridad.
Sin embargo, es preciso subrayar que la historia de las luchas populares en América Latina está marcada por la brutalidad del contubernio entre sus oligarquías subordinadas y los intereses de los imperialismos noratlánticos. Es este contubernio el que respalda la brutalidad cometida contra el presidente Maduro y el pueblo venezolano, y son esos mismos intereses los que alimentan los brindis y celebraciones de los vendepatrias y de sus aliados en barrios acomodados de Miami y Madrid, ansiosos por la caída del gobierno popular que, desde hace casi tres décadas, resiste las agresiones dirigidas desde Washington. Se abre así una nueva coyuntura, en la cual estos sectores reaccionarios ya no temen propagar abiertamente su furia golpista y su disposición a adoptar los métodos más sórdidos y sanguinarios que les permitan golpear, de una vez por todas, a las fuerzas progresistas.
En el año en que se cumplen cien años de la inmortalidad del comandante Fidel Castro, la memoria de los grandes héroes de nuestras luchas populares iluminará al pueblo venezolano y al conjunto de los pueblos latinoamericanos en sus batallas contra el imperialismo, la arbitrariedad y la codicia de quienes pretenden perpetuar las inmensas desigualdades y lacras sociales que caracterizan al capitalismo en su rostro más cruel. Fue a partir de estas luchas —que comprometieron a diversas generaciones de militantes, muchas veces anónimos, pero profundamente entregados a la construcción de un futuro mejor para nuestros pueblos— que se crearon las condiciones para que, quizá en la región más improbable del mundo, germinaran las más claras demostraciones de rebelión contra la hegemonía incontestable del imperialismo yanqui en la década de 1990, con repercusiones fundamentales para la política hemisférica del presente.
Heredero de las almas libertadoras de Simón Bolívar y Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro —de origen humilde, durante muchos años conductor de autobús y dirigente sindical de base— suscitó la más descarnada demostración de odio y agresividad por parte de las élites plutocráticas cuando se vieron confrontadas con las victorias y la resistencia de quienes están comprometidos con las causas más nobles de la humanidad, invariablemente antagónicas a sus mezquinos intereses. Capturado por las autoridades coloniales, Túpac Katari, líder de la gran rebelión indígena en la región andina a fines del siglo XVIII, inmortalizó la consigna: “volveré y seré millones”. La rueda de la historia no girará hacia atrás, y el secuestro del presidente Maduro no quedará impune, con los brazos de millones de nuestros pueblos asegurando que las conquistas políticas y sociales de la Revolución Bolivariana finalmente triunfarán, y que el imperio del capital y de la arrogancia, con sede en Washington, inevitablemente perecerá.
Tiago Nogara. Profesor de la Universidad de Nankai
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