El trabajo sucio de la política de fronteras europea

La mitad de los países que han recibido ayuda europea en materia de control de fronteras y migraciones pueden definirse como regímenes autoritarios, y presentan graves deficiencias en cuanto a su desarrollo humano, sus libertades y derechos o la situación de las mujeres. Es una de las conclusiones del informe Expandiendo la frontera, elaborado por las ONG Transnacional Institute y Stop Wapenhandel.

El informe, el tercero elaborado por estas ONG en tres años consecutivos acerca de la llamada política de externalización de fronteras practicada por la UE, destaca el aumento de este tipo de medidas por parte de la Unión Europea para hacer frente a las sucesivas crisis de fronteras y de migraciones que afectan a las fronteras sur y este de la Unión, como pudieron ser la crisis de los cayucos que afectó a las costas de las islas Canarias en la segunda mitad de los 2000 o la afluencia de refugiados sirios a las costas griegas en el verano de 2015.

Países como Libia, Egipto, Turquía, Afganistán o Mauritania son receptores de miles de euros -6.000 millones, solo en el caso de Turquía- en ayudas y en recursos por parte de la Unión Europea a través de diversos programas y procesos de diálogo intergubernamentales, a pesar de sus bajos o nulos estándares en cuestiones relacionadas con los derechos humanos de su población en general, y de la población refugiada o en tránsito a terceros países en particular.

Una de las consecuencias, destaca el trabajo, es el aumento de la mortandad en este tipo de trayectos: en 2017, la ruta más peligrosa del mediterráneo central se cobró una vida por cada 57 personas que trataron de cruzarla irregularmente, mientras que, en 2015, en la más segura ruta del mediterráneo oriental perdió la vida 1 de cada 257. Las cifras para los tránsitos en el desierto en el Sahel y el Sahara no son conocidas, pero el número de muertes se estima en el doble.

Dada la complejidad y los distintos niveles de la política europea de fronteras, el informe tiene en cuenta una selección de 35 países en función de su presencia en diferentes marcos de diálogo intergubernamentales, de si pueden recibir fondos europeos como el Fondo Fiduiciario de Emergencia para África o si forman parte de acuerdos bilaterales de cooperación tanto de ámbito comunitario como de alguno de sus estados miembros.

El resumen no es muy alentador: de esos 35 países, la mitad (17) tienen un gobierno definido como «autoritario», la mitad (17) son considerados como «no libres» (y solo tres entrarían en la categoría de «libres»), en un tercio (12) sus habitantes padecen un «riesgo extremo» de ver vulnerados sus derechos humanos, la mitad (18) se encuentran en los últimos puestos en el índice de desarrollo humano de la ONU, y dos tercios de ellos (25) se encuentran en el último tercil en un índice sobre bienestar de las mujeres.

El informe no presenta una cifra global del gasto que supone para la Unión Europea esta política de externalización de fronteras, una tarea que sus autores definen como «difícil». No solo por la cantidad de programas y niveles de decisión implicados (de la estatal a la europea), sino por la conocida práctica de incluir el control migratorio en partidas significativas destinadas a políticas de cooperación.

Sólo Frontex, el programa que desde 2016 ha subido al nivel de agencia europea para el control costero y fronterizo, ha ido aumentando su dotación presupuestaria y su mandato, hasta ser un agente «más activo en la militarización de la seguridad fronteriza europea». Si desde 2010 ha más que triplicado su presupuesto (de los 93 millones a los 333.000 millones de euros previstos para 2019), su implicación en acuerdos con terceros países -el ámbito reseñado por el informe- ha ido incrementándose al mismo nivel, hasta colaborar en tareas concretas como los vuelos de deportación.

 

Desde 2010 hasta 2016, Frontex coordinó 400 vuelos conjuntos de devolución a terceros países, 153 de los cuales tuvieron lugar en 2016. Según TNI, en estos vuelos (que han deportado a cerca de 10.000 personas a sus supuestos países de origen) la implicación de personal y mandos de los terceros países ha ido incrementándose (con financiación europea). Las previsiones presupuestarias para la agencia suben, ya a partir de una fecha tan cercana como 2021, a cifras milmillonarias: 1.070 millones de euros que irán subiendo a 1.870 millones en 2027.

Agentes de Sudán en suelo belga invitados por Frontex

Sudán, con un régimen dictatorial inmerso en una guerra civil, envió agentes a Bruselas (Bélgica) para la identificación de ciudadanos sudaneses presentes entre 160 personas detenidas en septiembre de 2016 por la policía belga. El objetivo declarado era ayudar a su deportación. Organizaciones de derechos humanos alertaron de que el interés de las autoridades sudanesas podía ser específicamente la identificación de opositores políticos en el exilio.

Además de las inversiones de Frontex en terceros países, el informe cita dos referencias sobre las cantidades que se ha podido gastar la Unión Europea en que otros gobiernos -o uno de los bandos en disputa en una guerra civil- le hagan el trabajo sucio en cuestiones de inmigración. Por un lado, Leonard den Hertog, experto del CEPS (Centre for European Policy Studies) cifraba en 19 los fondos distintos que la UE destina a cuestiones de inmigración en terceros países. Según este investigador, «la seguridad y la inmigración irregular se han considerado como las mayores prioridades».

Un think tank británico, el Overseas Development Institute (ODI), estimaba en septiembre de 2016 que la UE había dedicado 15.300 millones de euros a que países no miembros «traten de impedir que los refugiados emprendan sus rutas» hacia Europa. Fue el caso de los 6.000 millones acordados con Turquía para la detención de refugiados sirios en su camino a las costas griegas.

Esta valoración hace justicia al lamento privado del entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en una ejecutiva del PSOE: «A pesar de haber endurecido notablemente la política de inmigración, algún sector de la población piensa que tenemos la manga muy ancha» señalaba el segundo de Zapatero en 2009. Entre 2006 y 2008, más de 50.000 personas se vieron obligadas a hacer el peligroso cruce de Mauritania a las costas europeas en Canarias después de los saltos masivos a las vallas de Ceuta y Melilla en el verano y otoño de 2005, cuyo saldo de muertes a manos de la policía marroquí sigue sin conocerse.

De los acuerdos bilaterales entre España, Mauritania, Senegal o Cabo Verde, la Unión Europea adoptaría -en Libia, sin ir más lejos- la formación de personal militar y de vigilancia costera, el pago de fragatas y material de monitoreo, la apertura de centros de detención-el de Nouadhibou en Mauritania se abriría con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo- y el acceso de personal de la UE a aguas territoriales de los países emisores. Todo con el objetivo de «retornar a los tripulantes [de los cayucos] inmediatamente [a la costa mauritana] y que la UE evitara cualquier responsabilidad legal sobre ellos».

Según destaca el informe, Mauritania se encuentra en el puesto 155 (de 188) del ranking de desarrollo humano, se puede considerar políticamente como un régimen autoritario, sus habitantes -y especialmente aquellos que, procedentes de otros países africanos, han sido interceptados en su paso a Europa- sufren un riesgo «extremo» de ver vulnerados sus derechos humanos básicos y el grado de bienestar, paz y seguridad para las mujeres se encuentra en el percentil inferior.

Desde 2014 se está produciendo un leve repunte de la ruta hacia Canarias que ha llevado a la financiación de tres nuevos proyectos de control fronterizo por valor de 15 millones d euros. El Gobierno español es uno de tres gobiernos citados en el informe (junto con Alemania e Italia) en impulsar acuerdos bilaterales propios, además de los proyectos desarrollados por su cuenta por la Comisión Europea.

En este trance, se podrá acusar a la Unión Europea y sus países miembros de muchas cosas, pero no de inflexibilidad: sus fondos y recursos para el control fronterizo han beneficiado según el TNI a dos de las partes en conflicto en Sudán (además del Gobierno, «también ha acabado respaldando a las Fuerzas Rápidas de Apoyo, formadas por combatientes de las milicias Janjaweed responsables de violaciones de derechos humanos en Darfur»).

En Libia, el TNI califica de «catastrófica» la intervención de la OTAN para derrocar a Gadafi y detalla cómo la financiación para campos de detención y patrullas marinas ha acabado beneficiando a los señores de la guerra en conflicto por el control del país, algo que ha sido reconocido -señala el informe- en documentos internos tanto de la Comisión Europea como de la embajada alemana en Níger. La manga ancha europea ha llegado al nivel, denuncia TNI, de saltarse su propia política de embargo de armas: un quinto de los países receptores de ayudas están sometidos a un embargo europeo o de la ONU.

«Es un concepto de seguridad limitado y, en última instancia, contraproducente, ya que no aborda las causas de raíz que obligan a la gente a migrar: los conflictos, la violencia, el subdesarrollo económico y la incapacidad de los Estados para gestionar debidamente estas situaciones», concluye el informe.

Un complejo militar industrial europeo

La famosa expresión del presidente norteamericano Dwight Eisenhower sobre los intereses creados en torno a lo que llamó el «complejo militar industrial» norteamericano tiene su correlato europeo y actual. «El aumento del gasto en seguridad de fronteras ha beneficiado a una amplia variedad de empresas, en particular a las fabricantes de armas y a las de seguridad biométrica», señala el informe, que destaca los intereses de la francesa Thales, la alemana Airbus o la italiana Leonardo. El sector tiene su propio grupo de presión: la Asociación Europea de Industrias Aeroespaciales y de Defensa (ASD) ha empezado a centrarse en la externalización de fronteras de la UE.