En Haití, la renuncia de Ariel Henry y la propuesta de un Consejo Presidencial de Transición, es el último capítulo de una prolongada crisis política e institucional, marcada por décadas de intervención internacional. Publicado en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) el 25 de marzo de 2024.
El pasado lunes 11 de marzo Ariel Henry presentó su renuncia como primer ministro de Haití y propuso la conformación de un Consejo Presidencial de Transición en el país.
Este episodio no es más que el último bucle de una larga crisis institucional y política que dura ya décadas, y durante la cual las intervenciones internacionales han sido un lugar común.
El inicio del ciclo de crisis: la era de los Golpes de Estado
Las últimas elecciones celebradas en un clima de relativa normalidad democrática en Haití tuvieron lugar en 1990. En aquellas elecciones, el popular exsacerdote y teólogo de la liberación Jean-Bertrand Aristide se hizo con la Presidencia con un 67,5% de los votos. Aristide apostaba por una transformación integral de las estructuras de poder haitianas y señalaba a las intervenciones extranjeras como uno de los factores clave para explicar su subdesarrollo. En 1988 decía: «El imperialismo estadounidense ha sustentado al Gobierno de Haití. Las elecciones no son la salida, las elecciones son un modo de aquellos en el poder para controlar al pueblo. La solución es la revolución, primero en el espíritu del Evangelio; Jesús no podía aceptar que el pueblo pasara hambre. Es un conflicto entre clases, entre ricos y pobres. Mi trabajo es predicar y organizar.»
Aristide fue derrocado tan sólo 8 meses después de su victoria electoral por un golpe de Estado orquestado por militares locales encabezados por el general Raoul Cedras, formado en la Escuela de las Américas (SOA) en Fort Benning, Georgia, y con la aquiescencia del entonces presidente George Bush (padre). Cedras estableció una férrea dictadura militar que dejó 4.000 muertos.
El cambio de color político en la Presidencia de EE. UU. permitió a Aristide retornar al poder a mediados de 1993 con la mediación de Bill Clinton (quien asumió el Gobierno en enero de ese año), y gracias a una operación militar internacional de gran escala.
Aristide fue electo para una tercera Presidencia en 2004, pero volvió a ser derrocado por un golpe de Estado, protagonizado esta vez por exmilitares con financiamiento y logística de República Dominicana y Estados Unidos[1] (de nuevo bajo el Gobierno de un Bush, esta vez George W. Bush hijo).
El tiempo del intervencionismo “humanitario”
La segunda expulsión de Aristide dio pie a un ciclo intervencionista determinado por la presencia de misiones internacionales. Primero fue la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), entre 2004 y 2017, y después su sucesora, la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), entre 2017-2019.
Si bien Haití ha vivido hasta 12 intervenciones internacionales desde el año 1992, por su envergadura, despliegue militar, composición multinacional y por contar con una conducción militar latinoamericana (brasileña), la MINUSTAH supuso un hecho inédito. A pesar de lograr una cierta estabilidad en el país lo cierto es que nunca logró la “pacificación” del país, y su paso por el país caribeño quedó fuertemente manchado por los resonados casos de abuso sexual a mujeres y niñas, la perpetración de varias masacres (la de Cité Soleil del año 2007 fue la más emblemática) y la introducción de una epidemia de cólera a través del contingente nepalí de Cascos Azules, hechos que deslegitimaron gravemente este tipo de iniciativas.
Un factor no baladí que influyó en la cronificación de la intervención de las agencias internacionales fue el devastador terremoto de 7,3 grados de magnitud que sacudió Haití el 12 de enero de 2010, dejando más de 220.000 muertos (un 2% de la población), más de 300.000 heridos y su ya débil economía arrasada.
El Haití postONU, paramilitarismo y crimen organizado
A partir de julio de 2018, la emergencia de un multitudinario ciclo de movilización en rechazo al aumento de los precios de los combustibles impulsada por el Fondo Monetario Internacional, encontraron al Estado y a las clases dominantes haitianas sin capacidad de respuesta.
Ante el vacío dejado por el agotamiento del modelo de los golpes militares; por la ilegitimidad para forzar una nueva intervención militar internacional; y con una Policía Nacional escasa, mal preparada y peor pertrechada, fueron los actores asociados a los grupos de intereses económicos quienes ocuparon el espacio. Así, favorecieron una escalada del poder paramilitar en el país, una escalada que destruyó el tejido social comunitario que alimentaba las protestas antineoliberales y que sumió al país en un clima de caos y violencia en la que solo imperaba la ley del más fuerte.
Tal y como reveló la propia prensa estadounidense[2] -que comenzó a informar sobre la presencia de mercenarios y exmarines norteamericanos infiltrados en el país- fuerzas paramilitares con vínculos con EEUU presuntamente armaron, financiaron y cualificaron a los grupos delincuenciales locales y coadyuvaron a constituir federaciones paramilitares, un fenómeno desconocido hasta entonces en el país. Según un informe de 2023 publicado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), la mayoría de este armamento proviene, hasta el día de hoy, del Estado de Florida (EEUU). A través de asesinatos selectivos, masacres y secuestros masivos, estos grupos paramilitares lograron aterrorizar a la población y cortar en seco el ciclo de movilización antineoliberal.
Contexto político y posibles escenarios
Los últimos comicios – impugnados por múltiples organismos nacionales e internacionales- se celebraron en 2016. En aquel proceso electoral resultó electo el empresario bananero Jovenel Moïse, quién quebró el orden constitucional al prolongar su mandato una vez vencido. Moïse fue asesinado en julio de 2021 por sicarios colombianos y norteamericanos.
Al vacío de poder generado en 2021 se suma el cese de funciones del Parlamento ya en enero de 2020 y la elección (apenas dos días antes del magnicidio), del neurocirujano Ariel Henry como primer ministro. La elección de Henry nunca fue ratificada por el Parlamento. Tras el asesinato de Moïse, el Core Group, un grupo de países con intereses en Haití liderado por los Estados Unidos, publicó un comunicado que sugería -y a la vez respaldaba- que Henry ejerciera un Gobierno interino, lo que de hecho sucedió entre el 20 de julio de 2021 y el 11 de marzo de este año.
La ilegitimidad de origen de Henry, el deterioro continuo de todos los indicadores socioeconómicos, la pérdida del control territorial en la zona metropolitana frente al accionar de las pandillas (que incluyó un ataque y fuga masiva de las dos principales cárceles del país), así como el retiro de sus apoyos internacionales, propiciaron el pasado lunes la renuncia de Henry, que fue anunciada por el presidente interino de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en una reunión urgente convocada por el organismo.
El principal país interesado en dar una solución formal y forzosa a la crisis es Estados Unidos. El descalabro haitiano, estrecha y públicamente vinculado a la injerencia norteamericana, salpica a la Administración demócrata. Estados Unidos intenta propiciar una intervención tercerizada que, como en tiempos de la MINUSTAH, le permita mantener el control de la situación, preservar su imagen y socializar los costos políticos y operativos de la intervención. En palabras del secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken: «una transición que conduzca al país hacia el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad y la celebración de elecciones libres y justas».
El interés histórico y permanente de EE. UU. en Haití se explica por la abundancia de minerales como plata, oro, cobre y níquel, lo que justifica la presencia de grandes compañías mineras estadounidenses y canadienses en el norte del país[3]. A su vez, la isla La Española (que comparte Haití con República Dominicana) es una importante estación de paso para la cocaína que parte de Sudamérica y atraviesa el Caribe para llegar al Sur y a la Costa Este de los Estados Unidos.
En este contexto, Kenia prometió a Estados Unidos enviar una misión policial, destinando para ello unos mil efectivos (aunque se estima que harían falta unos 70 mil para combatir seriamente a las pandillas). Sin embargo, la implicación de la policía keniana en violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y su falta de preparación para actuar en un país desconocido y contra bandas fuertemente armadas y arraigadas en los territorios, ha frenado hasta ahora el envío.
La renuncia de Henry ha renovado las negociaciones para establecer un Gobierno de transición en función de lo acordado en el seno de la CARICOM, para lo que se estipuló la creación de un organismo provisional con siete miembros plenos y dos observadores. En cualquier caso está previsto que se celebre una elección presidencial en Haití en 2024. La renuncia de Henry da verosimilitud a la celebración de unos comicios, si bien la situación de inestabilidad social y la descomposición de las instituciones dificultan su celebración. A día de hoy el clima es similar al de un conflicto bélico, con actores tan relevantes como EE. UU. evacuando a sus ciudadanos del país[4].
Notas:
[1] A fines de marzo de 2004, en Santo Domingo se publicaron los resultados preliminares de una comisión investigadora sobre Haití dirigida por el exfiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark. Allí se revelaba que «los gobiernos de Estados Unidos y de República Dominicana habrían participado en el suministro de armas y en el entrenamiento en ese país de los´rebeldes´.
[2] https://www.miamiherald.com/news/nation-world/national/article237957369.html
[3] https://www.openglobalrights.org/Land-grabs-Haiti-mining-threat-extractives-industry/?lang=Spanish
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