Por un momento, el corazón se me sobresaltó en el pecho. El titular de portada del Daily Mail de ayer contenía los términos «viaje», «escándalo», «excesivo» y «6,2 millones de libras». Imaginé hasta que lo leí correctamente que se refería al contrato que acaba de firmarse por valor de 6.200 millones de libras para ampliar […]
Por un momento, el corazón se me sobresaltó en el pecho. El titular de portada del Daily Mail de ayer contenía los términos «viaje», «escándalo», «excesivo» y «6,2 millones de libras». Imaginé hasta que lo leí correctamente que se refería al contrato que acaba de firmarse por valor de 6.200 millones de libras para ampliar la autovía M25. Un atisbo de esperanza. «La factura de 6,2 millones de libras: el escándalo de cómo los parlamentario se pasean a cuenta del contribuyente con facturas de viaje astronómicas» referido a un timo que resulta ser precisamente mil veces menor que el escándalo de gastos de viaje que a mí me interesa.
Entiendo el enojo y la fascinación del público por los gastos de los parlamentarios, y la candente cuestión de cómo se consiguen exenciones al impuesto sobre incremento patrimonial en tu segunda vivienda. Pero resulta microscópico al compararlo con la corrupción que lleva felizmente bullendo durante quince años, sin ser importunada por la prensa popular.
En abril, la ampliación de cuatro partes de la M25 iba a costarnos a ustedes y a mí 5.000 millones de libras esterlinas. Con esto ya se trataría de un timo espectacular. La organización Campaign for Better Transport había calculado que la misma cantidad de espacio viario adicional – suponiendo que hiciera falta de veras falta- se podría haber creado por 478 millones de libras. Sólo que de alguna manera, en las últimas cuatro semanas, los 5.000 millones para ampliar cuatro partes de la autovía se han convertido en 6.200 millones para ampliar dos. En Sicilia, los funcionarios se avienen a tratos de este tipo con la ayuda de refinados obsequios como cabezas de caballo cortadas y chalecos llenos de pescados. En el Reino Unido, el gobierno se ofrece voluntariamente sin necesidad de ningún incentivo evidente.
No hay nada notable en esta inflación: parece ser una propiedad inherente a los programas de iniciativa financiera privada del gobierno. La IFP permite a los consorcios bancarios, empresas de construcción y servicios construir y gestionar nuestras infraestructuras públicas. Aunque el gobierno mantiene que con ello se ofrece mayor valor que utilizando fondos públicos, en realidad las cifras que hay tras los proyectos de IFP están amañadas. Mientras el gobierno se queda con buena parte del riesgo de la deuda, los inversores se guardan los beneficios, que con frecuencia multiplican muchas veces el valor de los proyectos.
El riesgo público en el que ha incurrido hasta ahora la iniciativa financiera privada se cifra hasta ahora en 215.000 millones de libras. Buena parte de este desembolso (¿la mitad?, ¿tres cuartos?, los acuerdos son tan complejos y opacos que nunca lo sabremos de cierto) es pura filfa. Algún día el reembolso de los pagos destruirá las finanzas públicas británicas. Esta extravagancia hace parecer ascetas a los parlamentarios británicos.
Pero este dispendio nunca aparecerá en la portada del Daily Mail, ni en página alguna del mismo. Aunque dice hablar en nombre de las clases medias bajas, el Mail sirve a la clase rentista, que se beneficia de estos arreglos. La cuestión resulta además tan compleja que es difícil ver de qué modo podría aparecer en una historia de la prensa popular. No hay más que escribir las palabras iniciativa financiera privada para perder al 90% de los lectores.
A lo largo de 12 años investigando la cuestión, he topado una y otra vez con el muro de ladrillos de la indiferencia pública. He usado todos los medios imaginables para representar la envergadura y escala de esta estafa, y no me ha funcionado ninguno. Al igual que los investigadores universitarios Jean Shaoul y Allyson Pollock, las revistas Private Eye y Red Pepper, y el columnista del Sunday Telegraph, Liam Halligan, todos los cuales han pasado años denunciando el escándalo, parece que me haya dedicado a perder el tiempo. La cuestión resulta demasiado lejana y demasiado compleja como para encender la indignación pública. La obscuridad del proyecto lo ha protegido del escándalo público que ahora se concentra en los parlamentarios.
Pero por si acaso hay alguien que siga leyendo, volveré a intentarlo. Las condiciones ofrecidas por el nuevo plan de la M25 son tan generosas que ni siquiera un orangután con traje y corbata dejaría de aprovecharlas. El nuevo precio parece representar el coste que tiene para el gobierno mantener a los bancos en el acuerdo. El proyecto está destinado a estar listo para las Olimpiadas, pero las empresas implicadas han alargado las negociaciones durante tanto tiempo -exigiendo condiciones aún más escandalosas- que el gobierno está ahora dispuesto a pagar el precio que sea para conseguir la ampliación de las carreteras, independientemente de los riesgos futuros. La opción de enfrentarse al problema reduciendo el volumen de tráfico -una red orbital de autobuses constituye la solución más evidente- nunca se tomó en consideración. Cuando Alistair Darling era Secretario de Transportes se le preguntó en la Cámara de los Comunes por esta alternativa. La descartó de un plumazo.
Uno de los rasgos coherentes de la IFP es que los proyectos se idean a la inversa, a fin de cumplir las condiciones de los inversores empresariales. Así es cómo, por ejemplo, el proyecto de reforma de dos hospitales de Coventry, cifrado en 30 millones de libras, se convirtió en un proyecto privado por valor de 410 millones de libras consistente en demoler ambos y reconstruir uno de ellos, que albergaba menor número de camas y disponía de menos doctores y enfermeras. El proyecto original era demasiado barato como para atraer fondos privados. De forma semejante, un sistema de autobuses orbital ofrece sólo modestos beneficios.
El año pasado, el Tesoro prometió incluir los acuerdos de financiación privada en la cuentas gubernamentales, con el fin de cumplir con las normas de información financiera internacional. La mayoría de los proyectos de IFP no cuentan a efectos de deuda pública, que es una de las razones por las que el gobierno los encuentra tan atrayentes. (La otra razón es que esta forma de bienestar para las empresas le ganó al Nuevo Laborismo el apoyo de los grupos de negocios y de parte de la prensa derechista). Pero el 13 de mayo pasado, en el culmen del escándalo por los gastos parlamentarios, el Tesoro renegó discretamente de esta promesa.
Cuando el Laborismo se negaba a la IFP en la oposición, Darling se quejaba de que el «aparente ahorro de hoy podría verse contrarrestado con el formidable compromiso de gasto sobre los ingresos en los años por venir». Ahora, como ministro de Economía, ha decidido seguir ocultando este compromiso a la opinión pública. Los departamentos del gobierno publicarán dos juegos de cuentas: uno que mantiene los los proyectos de IFP en los libros para ceñirse a las normas internacionales y otro que los deja fuera para ocultar la amplitud del lastre del pasivo público. Es lo que hacía Enron: elaboraba un conjunto de cuentas distintas para públicos distintos.
El Tesoro no ha emitido ningún comunicado de prensa para anunciar este cambio de política, y se niega a enviarme las orientaciones de los departamentos gubernamentales, que explican cómo funcionarán las nuevas reglas. La iniciativa financiera privada, al igual que el Parlamento, se ha visto protegida durante años por el secreto y la confusión.
Jamás podríamos permitirnos esta extravagancia, pero seguir hoy dilapidando dinero en los proyectos de IFP, cuándo sabemos los problemas en qué andan metidas las finanzas del gobierno, resulta demencial. La pasada semana, la agencia de «rating» Standard & Poor´s avisaba de que podría rebajarse la clasificación crediticia del Reino Unido. A ninguna persona de este gobierno parece preocuparle esa deuda adicional, no reconocida, que se carga sobre los hombros de futuras administraciones mediante la IFP. Dado que estos proyectos duran 25 o 30 años, sus riesgos serán problema de otros.
El ministro de Sanidad, Alan Johnson, acaba de apelar a un examen de la raíz a la copa para ver cómo funciona nuestra democracia». La idea de que en ello pudiera incluirse una reevaluación de la iniciativa financiera privada, ¿sería demasiado esperar? Sí. No hay campañas de la prensa popular contra esta corrupción ni las habrá. Los conservadores, que inventaron la IFP, no tienen ningún interés en desecharla. El verdadero escándalo de gastos británico parece inmune a cualquier denuncia.
George Monbiot es el autor de algunos libros muy vendidos como The Age of Consent: A Manifesto for a New World Order y Captive State: The Corporate Takeover of Britain. Escribe habitualmente en The Guardian.
Traducción para www.sinpermiso.info : Lucas Antón