La pandemia de la COVID-19 precipitó una crisis económica y financiera en escala mundial. Desde marzo, el mundo es testigo de una crisis sin precedentes a raíz de la imposición del confinamiento, que afecta lo mismo a países industrializados, que emergentes.
América Latina es una de las regiones más afectadas, con aumentos récords en los niveles de desempleo y pobreza. A pesar de la profundidad de la crisis, no hay coordinación entre gobiernos, sino la ejecución de políticas de “sálvese quien pueda” (‘Beggar thy neighbour’).
En entrevista exclusiva con el Centro de Investigación sobre la Globalización (Global Research) para el Boletín “Integración regional. Una mirada crítica”, Claudio Lara Cortés, integrante del Grupo de Trabajo “Integración regional y unidad latinoamericana” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), recuerda que los gobiernos progresistas de América Latina no lograron comprender los alcances del neoliberalismo en las arenas monetaria y financiera.
La construcción de alternativas frente a la crisis actual es urgente, de no ejecutarse pronto, la región corre el riesgo de enfrentar otra “década pérdida”, quizás peor de la registrada en la década de 1980, cuando padeció los estragos de la crisis de la deuda externa. El reto por delante es, sostiene Lara Cortés, construir mecanismos que, cuestionando la teoría convencional, permitan salir de la crisis.
La pandemia de la COVID-19 colocó a la economía mundial al borde del colapso. Y América Latina es una de las regiones más afectadas. ¿Cómo evalúas la situación actual para la economía internacional y nuestro Continente?
Desde mi punto de vista, la pandemia de la COVID-19 vino a precipitar las secuelas de la crisis financiera que estalló en Estados Unidos en 2008 y que luego se propagara al resto del mundo. En realidad, en un contexto de largo estancamiento económico, tales secuelas han reaparecido una y otra vez como posibilidades de crisis, siendo la última a mediados de septiembre de 2019 cuando se produjo un colapso en el funcionamiento ‘normal’ del mercado de recompra (repos) estadounidense, clave en la mantención de liquidez en el sistema financiero. Ello requirió de un importante rescate de la Reserva Federal (FED), meses antes que surgiera la Covid-19 en China.
La pandemia solo está acelerando dicha tendencia y la globaliza. En los meses de marzo y abril de 2020, cuando los inversores empezaron a temer que la epidemia se convirtiera en una pandemia mundial, se registró una brusca caída de las principales bolsas de valores, y eso terminó arrastrando los precios de las materias primas (‘commodities’), impactando fuertemente sobre las fuentes de financiamiento de América Latina. Rápidamente, los bancos centrales tomaron medidas para evitar un desastre financiero; ya sea bajando sus tipos de interés, ampliando sus programas de compra de activos financieros, estableciendo líneas de canje de divisas entre ellos u otorgando facilidades de crédito y deuda.
El coronavirus no sólo precipita la crisis de los mercados financieros y sus múltiples rescates, sino además las políticas generalizadas de confinamiento han provocado una brutal caída de la actividad económica. Las estimaciones para este 2020 de los organismos internacionales nos informan de caídas en el PIB mundial superiores a un cinco por ciento y también del colapso en el comercio global mayor a un 20 por ciento. Por supuesto, tasas que duplican a las registradas el año posterior al estallido de la crisis en 2008 y los primeros perjudicados son los de siempre, los trabajadores formales e informales.
Como resultado, estamos observando una fuerte disminución de los ingresos fiscales y, en paralelo, un nuevo incremento del gasto público por parte de los gobiernos, vinculado al aumento en el gasto sanitario, al financiamiento del rescate y a la mitigación del desastre laboral. En consecuencia, tenemos grandes déficits fiscales, índices bursátiles en alza con mercados altamente volátiles y un inesperado bajón económico global. Una crisis que hasta ahora no está claro cómo va a resolverse.
Lo que sí está claro es el desenvolvimiento de dos fenómenos que repercuten sobre América Latina. Por una parte, el endeudamiento en la economía mundial (público más privado) que ha llegado a cotas inimaginables, superando este 2020 el 330 por ciento del PIB global. Por otra, desde la aparición del COVID-19, los inversionistas internacionales han retirado grandes sumas de activos de nuestros países, lo que ha llevado a una depreciación dramática de sus monedas, especialmente en aquellos que están ya sobreexpuestos debido a la caída de los precios de sus productos básicos.
En pleno apogeo de la crisis de 2008, hubo una respuesta coordinada entre bancos centrales. Hoy, sin embargo, la implementación de políticas comunes está ausente. ¿Cuál es tu balance de las respuestas frente a la crisis actual?
En efecto, una de las particularidades de la crisis de 2008 fue que los gobiernos de los países centrales respondieron con políticas monetarias no convencionales de manera coordinada (“relajamiento cuantitativo y tasas cercanas a cero”). Después, se sumaron también algunos de los países denominados emergentes. En buena medida porque en 2008 se trataba de una crisis verdaderamente global, en todo sentido. Sin embargo, esa coordinación fue de corto alcance, contradictoria y en último término, impotente.
Esa coordinación giró en torno a la política monetaria con la finalidad de asegurar su papel central en la estabilización económica, pero al poco andar divergieron en la forma de aplicarlas. Su costo ha sido altísimo, sus monedas se han devaluado (dólar, euro, etc.) y los balances de los bancos centrales alcanzan hasta ahora máximos históricos; mientras sus inyecciones masivas de dinero desataron un ‘tsunami de liquidez’ sobre nuestras economías, según palabras de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Dada la magnitud de los flujos, estos se estaban volviendo cada vez más problemáticos para los gobiernos, provocando no sólo una grave inestabilidad macroeconómica y financiera (fuerte apreciación de la moneda, por ejemplo), sino además se constituyeron en mecanismos a través de los cuales se transmitieron las crisis de los países ‘maduros’ a los nuestros (y emergentes en general). El principal problema es la impotencia mostrada por la aplicación de la flexibilización cuantitativa para impulsar la inversión o la productividad del trabajo o el crecimiento económico.
Lo que estamos viviendo ahora es el “reinicio” de las consecuencias de aquellas políticas monetarias no convencionales. Otra vez, los alcances de la actual crisis son plenamente globales y, sin embargo, como bien señalas, hasta el momento no ha habido una respuesta coordinada a las alturas de sus requerimientos, ni siquiera en el plano sanitario.
En América Latina esta falta de coordinación es todavía más evidente, cada uno de nuestros países busca superar la crisis a su manera, dando prioridad a la política monetaria para ‘estabilizar’ las economías. Por ejemplo, a través de la defensa de las monedas, pero también recurriendo a mecanismos que antes estaban “prohibidos” para la teoría monetaria convencional, como era la emisión de dinero. El caso de Chile es llamativo al respecto, ya que recientemente decidió emitir deuda por primera vez desde la década de 1980.
En este sentido, podríamos decir que, en alguna medida, la pandemia de la COVID-19 ha permitido ejecutar algunos “mecanismos de salida” en las arenas monetaria y financiera que contradicen los lineamientos de la ideología dominante, pero que igualmente han demostrado ser impotentes para recuperar las economías, quedaron ‘sin municiones’.
La reforma del Sistema Monetario Internacional se puso sobre la mesa tras la crisis de 2008. Sin embargo, la reforma apenas trastocó el predominio de Estados Unidos y su moneda, el dólar. ¿Consideras que China está promoviendo cambios de mayor profundidad en este sentido?
Hay un tema clave en el que no se ha profundizado. En el momento de una gran crisis, suele ocurrir una sucesión hegemónica. Sucedió después de la Gran Depresión de 1929, cuando Estados Unidos convertida en la primera potencia mundial, posicionó al dólar en una moneda de referencia internacional. Hoy, sin embargo, a pesar de la profunda crisis global, no parecen existir condiciones para una sucesión de ese tipo, tal como plantean diversas teorías convencionales y críticas en Occidente. Incluso, me parece que el objetivo de China no es conquistar el mundo ni “reemplazar” a Estados Unidos como nuevo imperio.
Muy al contrario. La alianza China-Rusia y la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) parece buscar un mundo multipolar basado en un comercio más justo en el sentido de “ganar-ganar”. Ese mismo principio es asumido por el acuerdo regional para la asociación económica, o RCEP, recientemente firmado en la 37ª Cumbre de la ASEAN, así como por la “Nueva Ruta de la Seda”, lanzada en 2013. En términos más amplios, China y estas naciones defienden un multilateralismo ‘reformado’ (más equilibrado) y un libre comercio que respete la soberanía de los Estados. En el plano monetario en particular, recomiendan más emisiones de Derechos Especiales de Giro (SDR, por sus siglas en inglés) para apoyar la liquidez internacional. El interés de China es, en cierto modo, impedir el derrumbe del sistema mundial donde deben caber todos.
La otra cara de esta estrategia del gigante asiático, dada la ausencia de concesiones de las potencias occidentales, es disputar palmo a palmo el predominio del dólar en el área monetaria internacional mediante el desarrollo de un nuevo renminbi (RMB) o Yuan digital que pronto se implementará para el uso de transacciones monetarias, de todo tipo, incluidas transferencias, comercio e incluso como moneda de reserva. El yuan, en efecto, ya es una moneda de reserva cada vez más fuerte. Esta tendencia se mejorará aún más a través de los acuerdos señalados.
Por ejemplo, el quid del acuerdo RCEP firmado en noviembre de 2020 es que sus transacciones se llevarán a cabo en monedas locales y en yuanes, no en dólares estadounidenses. El RCEP es un instrumento masivo para desdolarizar, principalmente la Región Asia-Pacífico y gradualmente el resto del mundo. Asimismo, gran parte del financiamiento para proyectos de este acuerdo y también de la Nueva Ruta de la Seda (OBOR, por sus siglas en inglés) puede provenir en forma de préstamos a bajo interés del Banco Asiático de Infraestructura e Inversión (AIIB) de China y otras fuentes de financiamiento nacionales y los países participantes. La conformación del Fondo de Reservas de la OBOR apunta en el mismo sentido.
Son iniciativas que desafían a instituciones surgidas tras los Acuerdos de Bretton Woods (FMI, Banco Mundial, entre otras) y conllevan “micro disputas” geopolíticas que, sin embargo, en el mediano plazo podrían poner en cuestión el predominio del dólar en escala internacional.
Quedaron en el “tintero”, sin embargo, instrumentos como el Fondo de Estabilización de los BRICS (acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para plantar cara al Fondo Monetario Internacional (FMI). En nuestra región, se abandonaron el Banco y el Fondo del Sur…
Estoy convencido que el proceso para construir una nueva arquitectura financiera regional iniciado a fines de la primera década de este siglo por los denominados “gobiernos progresistas” era esencialmente correcto. Siguen conservando validez sus principales pilares, como son su institucionalidad democrática, la incorporación de mecanismos de financiamiento sostenibles y un diseño integral que abarque todo el sistema financiero.
No obstante, esa propuesta de crear una Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) probó ser demasiado avanzada para ese período. En ese entonces el predominio neoliberal en el plano monetario y de las finanzas se “globalizó”, a través de la coordinación de los bancos centrales. De preferencia, en países con gobiernos “progresistas” que priorizaron por ciertas reformas en el ámbito político, mientras promovían el libre mercado a través de la movilidad de los capitales sin restricciones y los acuerdos o tratados comerciales, por ejemplo.
Los fundamentos ideológicos de esos acuerdos se trasladaron a las discusiones sobre financiamiento al interior de la NAFR, si orientarlo a grandes obras de infraestructura y apalancar la expansión de las empresas multilatinas como esperaba Brasil, o promover desarrollos con contenido social, favoreciendo a empresas públicas y PYMES, tal cual sugerían los países del ALBA. No debe sorprender, entonces, el fracaso en lograr un consenso regional en torno al rol del Banco del Sur. Así, muchos gobiernos de la región siguieron con sus salidas “individualistas”, apostando a la acumulación de reservas internacionales como mecanismo de prevención de crisis del sector externo.
No todos los gobiernos supieron comprender el alcance del neoliberalismo en las arenas monetaria y financiera, que estaba oculto en la lógica de instrumentos de carácter “técnico” que son esencialmente apolíticos y antidemocráticos. Por lo mismo, no pueden explicar las pronunciadas fluctuaciones de los tipos de cambio y los gigantescos movimientos de capitales especulativos, en especial de grandes fondos de inversión y otras instituciones que operan por fuera de las normas que rigen los bancos, conocidas como la “banca en las sombras” y que después de la crisis de 2008-2009 proliferan en América Latina y Asia.
Menos aún pueden responder por qué las políticas de relajamiento cuantitativo que están siendo aplicadas durante la pandemia provocan grave inestabilidad macroeconómica y financiera en nuestras economías o al fracaso de la estrategia de acumulación de reservas internacionales para prevenir la crisis del sector externo. Hoy es indispensable pensar cómo vamos a desafiar esta lógica tecnocrática que además muestra ser inoperante.
Ante esta crisis capitalista sin precedentes acelerada por la propagación del COVID-19 urge recuperar el proceso de construcción de una NAFR. Pero ese proceso debe ser ahora parte integral no sólo de las finanzas, sino también del conjunto de la economía y de los propios procesos de integración regional; motivados por estrategias de desarrollo decididas democráticamente. Estos parecen ser propósitos lejanos, pero pueden iluminar objetivos más inmediatos.
Actualmente, todos los países del continente necesitan fortalecer sus sistemas públicos de salud y subvenciones para poder recuperarse lo más rápido posible de sus enormes pérdidas socioeconómicas, creadas por la pandemia. Además, requieren financiar las vacunas contra el COVID-19. En este sentido, sería conveniente establecer acuerdo entre países para desarrollar los sistemas públicos de salud o para realizar compras conjuntas de vacunas. En estas tareas, sin duda, los aportes que surgen en nuestro Grupo de Trabajo pueden contribuir.
Esta entrevista ha sido realizada por Ariel Noyola Rodríguez, corresponsal del Centro de Investigación Sobre Globalización (Global Research) en América Latina y el Caribe en exclusiva para el Boletín Nº 11 “Integración regional. Una mirada crítica”.