Norma es considerada un avance pero es necesario impulsar campañas sobre derechos de las mujeres. El 22 de junio entró en vigencia la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en Nicaragua, con la aprobación de su reglamento cinco meses después que fuera sancionada por la Asamblea Nacional. La norma penaliza con 25 a […]
Norma es considerada un avance pero es necesario impulsar campañas sobre derechos de las mujeres.
El 22 de junio entró en vigencia la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres en Nicaragua, con la aprobación de su reglamento cinco meses después que fuera sancionada por la Asamblea Nacional. La norma penaliza con 25 a 30 años de cárcel los femicidios perpetrados por cualquier hombre con el que la mujer víctima tuviera alguna relación, incluyendo parejas actuales o pasadas, familiares o amigos.
La ley surgió de dos anteproyectos diferentes. La primera propuesta de ley fue presentada por el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra en octubre del 2010 con el respaldo de más de 12,000 firmas de mujeres de todo el país. Cuatro meses después fue presentada otra iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, y de la fusión de ambas se derivó la ley aprobada por el Parlamento nacional.
«La aprobación de la ley es la culminación de un proceso, pues es un esfuerzo que se viene trabajando desde hace muchos años desde distintas instancias del Estado. Cuando salió el proyecto del Estado y fue hecho público por la Corte Suprema de Justicia, salió también la propuesta del Movimiento María Elena Cuadra. Hubo muchas personas y medios de información que trataron de confrontar a ambas instancias para ver quién se ganaba el crédito, pero los dos sectores tuvieron la sabiduría de colocarse por encima de estas nimiedades y empujaron en conjunto el proyecto en la Asamblea», expresó a Noticias Aliadas, Roberto Larios, director de Prensa y Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia.
«Es una ley enormemente necesaria y es producto de muchos años de lucha de las feministas de Nicaragua, de las organizaciones del movimiento de mujeres, y a la vez es el resultado de los esfuerzos que se han hecho durante más de 30 años en Nicaragua para erradicar la violencia contra las mujeres», enfatizó Ana María Pizarro, directora de la organización no gubernamental Sí Mujer e integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia, durante el foro «La Seguridad Humana de las Mujeres, Una urgencia para los Estados, la sociedad y la integración regional», celebrado en Managua en marzo.
Femicidio y misoginia
A pesar de que el movimiento de mujeres considera que la ley no fue analizada ni consultada debidamente, reconoce que las medidas que el país venía aplicando no lograron detener y resultaron insuficientes para erradicar la violencia contra las mujeres.
En los últimos 10 años, aproximadamente 800 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua, según la Red de Mujeres contra la Violencia y en el primer trimestre del 2012, fueron asesinadas 26 mujeres, entre ellas dos niñas y una adolescente, nueve más que el mismo periodo del 2011, según el monitoreo de prensa y medios electrónicos que registra el observatorio de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
La ley establece por primera vez en la legislación nacional el delito de femicidio, crimen que comete el hombre contra una mujer como resultado extremo de la violencia que ocurra tanto en el ámbito privado como público, y considera también la misoginia, definida como conductas de odio hacia las mujeres que se manifiestan en actos violentos o crueles contra ellas por el hecho de ser mujeres y a la que considera como una de las causales del femicidio, lo que representa para las feministas nicaragüenses «un enorme avance en la legislación nacional».
Asimismo, la normativa establece medidas de protección integral para «prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres víctimas de violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder».
Según Pizarro «la ley obliga al Estado a establecer una política de protección integral hacia las mujeres, que seguramente va a sobrepasar el estricto tema de la violencia, puesto que establece una serie de medidas y disposiciones que son necesarias establecer en el país y refuerza algunas que ya existían, además incorpora en la Ley definiciones de otras legislaciones que benefician a las mujeres».
Por ejemplo, para el ejercicio efectivo de todos derechos, se plantea que el país debe fortalecer e impulsar campañas de difusión de todos los derechos de las mujeres, mejorar las políticas públicas para prevenir la violencia, garantizar recursos económicos para las instituciones que tienen que cumplir la Ley, generar estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de la violencia y promover la apropiación y la amplia participación de diferentes asociaciones de la sociedad civil.
Violencia de género es delito
«La ley es necesaria para penalizar a los agresores», expresó a Noticias Aliadas, Teresa Blandón, directora de La Corriente Feminista. «Debe quedar en la sociedad que la violencia de género es un delito que viola los derechos humanos, a las mujeres, niñas, niños, que ofende a la sociedad y es importante que lo tengamos claro, pero la ley no es suficiente para cambiar la mentalidad de las personas».
«Los hombres matan mujeres y las violan porque es el recurso más rápido y eficiente que tienen los agresores para tratar de controlar a las mujeres e impedir que las mujeres ejerzan su autonomía y sobre todo para disciplinarlas. Evitar que las mujeres transgredan los mandatos patriarcales que las ubican como en un plano de inferioridad a los hombres, que pueda ir de una forma simple de violencia hasta la más extrema como es el femicidio», enfatiza Blandón.
Sin embargo, el movimiento feminista coincide en afirmar que la ley es un punto de partida y que mientras el Estado y la sociedad en su conjunto no se comprometan en modificar los idearios o mensajes que promueven la desigualdad y el poder de dominación, no será posible erradicar la violencia.
De todas formas, este proceso continuará con la implementación de seis juzgados especializados en violencia que se ubicarán en los departamentos que muestran mayores índices de violencia hacia las mujeres como son: Managua, Masaya, Matagalpa, León, Granada y Puerto Cabezas en la Región Autónoma del Atlántico Norte.
«Este es el esfuerzo mejor articulado hasta el momento para aplicar una ley, ya que se ha realizado un intenso proceso para la selección de expertos y expertas que fungirán como jueces y juezas y magistrados y magistradas», expresó Larios.
Agregó que el principal reto es garantizar los recursos económicos que demanda la aplicación de la ley. «Con fondos del Poder Judicial se va garantizar el funcionamiento inmediato de los seis juzgados, pero si no se atiende el requerimiento presupuestario para el próximo año habrá retardación de justicia, pues los juzgados van a estar copados de casos. Garantizar el presupuesto es fundamental. De nada sirve la ley si no hay recursos para aplicarla», concluyó.
Fuente: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6665