No por esperadas las conclusiones del informe del Consejo de Europa sobre las cárceles secretas de la CIA en suelo europeo y sus ya famosos vuelos transportando prisioneros a centros de tortura, dejan de ser alarmantes. Al presentar las conclusiones de tres meses de investigación de la comisión dirigida por el fiscal suizo Dick Marty, […]
No por esperadas las conclusiones del informe del Consejo de Europa sobre las cárceles secretas de la CIA en suelo europeo y sus ya famosos vuelos transportando prisioneros a centros de tortura, dejan de ser alarmantes.
Al presentar las conclusiones de tres meses de investigación de la comisión dirigida por el fiscal suizo Dick Marty, el secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, denunció ayer en Estrasburgo la escasísima colaboración prestada por sus 46 estados miembros. Italia, Polonia, Albania, Macedonia y Bosnia-Herzegovina, han enviado según Davis respuestas «decepcionantes» a las preguntas hechas por la comisión de investigación.
España figura por su parte entre la quincena de países que mostraron escasa colaboración con la investigación, aportando en algunos casos información incompleta, y en otros, no contestando siquiera a algunas de las preguntas. En esa misma categoría se sitúan junto a España, Francia, Noruega, Suiza, Licechtenstein, Mónaco, Rusia, Eslovaquia, Turquía, Lituania, Andorra, Serbia y Montenegro, Croacia, Georgia y Azerbaiyán.
España fue también uno de los países que aportó sus respuestas, en español, el día límite previsto, el pasado 21, y su traducción en inglés, seis días después. Otros países las presentaron incluso después de la fecha límite. La parte sustancial de las respuestas de España es la propia comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, ante la Comisión de Exteriores del Congreso, el pasado 24 de noviembre. Fue aquélla la primera ocasión en la que el Gobierno aceptó dar explicaciones después de más de seis meses de ser requerida por partidos como Izquierda Unida. En aquel momento el ministro Moratinos concluyó que no había «evidencias» de que las escalas de numerosos vuelos de la CIA que desde 2003 hasta 2005 (al menos) se produjeron en los aeropuertos civiles de Son Sant Joan de Mallorca, y Los Rodeos y Reina Sofía de las islas Canarias, hubieran violado «los acuerdos bilaterales» o «las leyes españolas».
España no contestó al otro bloque de preguntas clave que se hizo a todos los estados miembros: si había funcionarios involucrados por acción u omisión en las escalas de los aviones de la CIA, o en detenciones ilegales llevadas a cabo por ésta, y si había investigaciones policiales sobre el tema.
El secretario general del Consejo de Europa sostuvo que hay una manifiesta falta de control de los países sobre la actividad que desarrollan en sus territorios los servicios secretos extranjeros. «La mayor parte de Europa parece ser un excelente coto de caza para los servicios secretos extranjeros», advirtió. Esa es la conclusión que se desprende también del análisis de las 44 páginas de su informe, en el que detalla exhaustivamente cómo respondieron los estados miembros a cada una de las preguntas que les hizo la comisión sobre su control de eventuales violaciones de los Derechos Humanos por parte de servicios secretos extranjeros.
«La legislación y marco administrativo sobre las actividades de los servicios secretos se muestra inadecuada en la mayoría de nuestros estados miembros(…) Las actividades de los servicios secretos extranjeros es insuficientemente controlada», se lee en el texto.
«Necesitamos regulaciones apropiadas que provean efectivas salvaguardas contra abusos, que exista una supervisión democrática por parte de los parlamentos nacionales y un control judicial en los casos de alegaciones sobre violaciones de los Derechos Humanos», añade el informe.
El secretario general del Consejo de Europa aclaró que a pesar de que los «presuntos actos ilegales» de la CIA son realizados como parte de la lucha contra el terrorismo y ésta es una prioridad para el Consejo, ello no puede ser contradictorio con el respeto del Convenio Europeo de los Derechos Humanos y con la Convención Europea contra la Tortura, de la cual precisamente ese organismo -creado en 1949 con 10 miembros- es el garante. El secretario general del Consejo dice en su texto que ni la inmunidad diplomática de la que gozan los estados, ni los acuerdos bilaterales que celebren con un determinado país pueden violar la legislación europea sobre Derechos Humanos.
Davis defendió la alianza de Europa con EEUU en materia antiterrorista, pero la condicionó a que ésta sea «como socios iguales y no como los tres famosos monos, ciegos, sordos y mudos». En su informe, el máximo representante del Consejo deja constancia de que las renditions (entregas) o extraordinary renditions de prisioneros a terceros países «no son términos definidos legalmente».
«Se entiende normalmente que son las capturas y posteriores tranferencias de personas de una jurisdicción a otra, fuera de los procedimientos legales de extradición, deportación o transferencias de personas, y, con el riesgo de ser sujeto de torturas o tratamiento inhumano y degradante», dice Terry Davis, recordando los numerosos artículos de la legislación europea violados por ese tipo de operaciones encubiertas.
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LA INVESTIGACION EN LA QUE BASA MADRID SU RESPUESTA AL CONSEJO DE EUROPA
R. M.
De los dos bloques de preguntas realizadas a los estados miembros por el Consejo de Europa, España sólo respondió a uno. Es aquel referido a cuáles son las investigaciones judiciales que se realizaron ante las denuncias sobre las escalas de aviones civiles de la CIA en España.
El núcleo central de la investigación realizada por el Tribunal de 1ª Instancia de Mallorca, el juzgado número 5, lo constituye el informe realizado por la 1701º Comandancia de las Illes Balears, Compañía Puerto-Aeropuerto Palma, de la Guardia Civil. En sus poco más de 100 páginas se puede comprobar la limitada profundidad de la misma, pese a los numerosos datos denunciados tanto por los abogados mallorquines que presentaron la denuncia judicial, como por medios de comunicación y partidos políticos.
Uno de los aviones identificados como cárcel flotante de la CIA.
El trabajo de la Guardia Civil se basó fundamentalmente en interrogatorios a los responsables de las compañías que hicieron el mantenimiento de los aviones, a personal de los hoteles donde se alojaron sus tripulaciones -aunque sin lograr identificarlos y a periodistas que investigaron el tema-. A los responsables de mantenimiento de los aviones de la CIA se les preguntó fundamentalmente si habían visto «algún cambio estructural» o «algo anormal» en los aparatos. «No», dijeron.
En esas simples respuestas se basó fundamentalmente el Gobierno en definitiva de aseverar que no hubo nada «anormal» en esos vuelos.
Descargue el Informe del Consejo de Europa (en Inglés)
Video de la Conferencia de Prensa de Terry Davis