Charlamos con Claire Rodier, especialista en políticas europeas de inmigración y asilo sobre los acontecimientos de Ceuta, las políticas migratorias y los CIE durante su visita a Madrid.
Migreurop se ha personado como acusación popular en las diligencias abiertas en un juzgado por la muerte en febrero de 15 migrantes que trataban de llegar a Ceuta. ¿Esperan algo de los tribunales o existe un muro de impunidad ante la muerte de migrantes en las fronteras?
Hay que recordar que en 2005, cuando 15 personas murieron en el momento del salto de las vallas de Ceuta y Melilla, no se puso en marcha ninguna diligencia y no se establecieron responsabilidades, a pesar de que murieron personas.
Es muy difícil negar la responsabilidad, principalmente la responsabilidad global de los Estados. Negar la responsabilidad global en acontecimientos como el naufragio de Lampedusa o las muertes en la frontera oriental por disparos de guardias o en Ceuta y Melilla en 2005 es muy difícil. Estamos en un sistema que organiza la impunidad para este tipo de acontecimientos. La única excepción es Italia, que fue condenada dos veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber expulsado migrantes y habérselos entregado a las autoridades libias, que los maltrataron. Las acciones judiciales son muy difíciles de emprender porque la mayoría de las veces las víctimas no pueden acudir directamente a los tribunales y además no hay muchos tribunales competentes para los acontecimientos relacionados con los controles migratorios. Las asociaciones españolas que forman Migreurop han lanzado esta iniciativa para forzar el muro de la impunidad, aunque no nos hacemos muchas ilusiones, pero es nuestra responsabilidad intentar ir más allá de constatar que lo que ha ocurrido es un drama.
Las de Ceuta son las últimas de un reguero de muertes en las fronteras de Europa…
Este acontecimiento es muy dramático pero se inscribe en una especie de continuidad, de consecuencia de esa actitud hostil de Europa hacia la migración. Desde mediados de los años 90 han muerto entre 17.000 y 20.000 personas en el recorrido migratorio cuando intentaban alcanzar o cruzar una frontera empujadas por la necesidad económica o de supervivencia, huyendo de un país en guerra, etc. Tan sólo en la primera quincena de octubre, 700 personas murieron entre Lampedusa y Malta, la mitad eran sirios y los otros eritreos y somalíes, personas que huían de sus países para pedir protección. Ver que Europa genera una política cuya consecuencia es que 700 personas, demandantes de asilo, se ahoguen a algunos kilómetros de sus fronteras es algo terrible.
¿Cómo y quién ejerce la violencia en las fronteras europeas?
Hay un proceso que consiste en que la UE ha externalizado los controles migratorios, que ocurren más allá de sus fronteras físicas, sea en el mar con las interceptaciones marítimas, sea en otros países, como Marruecos, Argelia, Libia, Túnez o, en el otro lado, Turquía, Ucrania, los Estados de los Balcanes. Lo que hemos constatado a partir de las observaciones y testimonios de los migrantes es que cuanto más nos alejamos de las fronteras físicas, más aumenta la violencia, porque los riesgos de visibilidad por la opinión pública europea, que puede conmoverse con lo que pasa justo a sus puertas, se alejan. Otro aspecto es que las reglas en materia de protección de derechos humanos que forman parte del corpus jurídico de la UE no son aplicables cuando se pasan las fronteras, y es más fácil delegar la gestión de la migración a marroquíes, argelinos, turcos… porque en cualquier caso no se buscarán responsabilidades ante nuestras propias instancias jurídicas.
El naufragio de Lampedusa es un buen ejemplo de esa diferencia entre lejos y cerca porque se produjo a menos de un kilómetro de la costa y los cadáveres se llevaron al puerto. Naufragios como ése se producen muy a menudo, con muchos muertos, personas que se ahogan pero cuyos cuerpos nunca se encuentran. Si ha habido tanta emoción por parte de la opinión europea, de los políticos, desplazamientos de la Comisión Europea a Lampedusa… es porque vimos los cadáveres, y esa cuestión de la visibilidad es muy importante para explicar esa hipocresía que consiste en subcontratar la gestión migratoria. Y sí, los controles migratorios son algo violento, tanto a nivel físico como psicológico, como se constata en los CIE, donde hay muchas personas con problemas psicológicos graves. Es una realidad poco conocida y cada vez más apartada para evitar que nos demos cuenta.
¿Cuál es el balance de las políticas migratorias españolas y europeas?
La situación de España está muy ligada a la postura de la UE porque desde 2000 los Estados miembro de la UE han adoptado reglas y políticas comunes en materia de inmigración y asilo. La situación de España me parece el símbolo del fracaso de las políticas migratorias basadas en la edificación de muros y en la obsesión por hacer de Europa una fortaleza y multiplicar los dispositivos de vigilancia y control. La experiencia de los últimos 10 o 15 años muestra que a pesar del aumento de los dispositivos que se han puesto en marcha no ha habido una disminución significativa de la presión migratoria proveniente del continente africano. Estamos en una situación de fracaso de este tipo de políticas y de dispositivos simbolizada por lo que pasa en Ceuta y Melilla hoy, porque cuando ocurrieron los hechos gravísimos de 2005, en los que 15 personas murieron, España decidió reforzar y elevar los muros que rodean Ceuta y Melilla y esto se presentó como una operación para acabar con este tipo de drama, y después de casi diez años los mismos fenómenos vuelven a ocurrir.
¿Cómo ha evolucionado el refuerzo de las fronteras europeas en los últimos años?
Si tomamos como punto de partida 2004-2005, con el cierre del estrecho de Gibraltar, vemos que las rutas migratorias se han ido desplazando debido a los controles que se han ido poniendo en marcha. Primero fue el sistema SIVE para proteger el sur de España; después de 2006 se produjeron pasos desde Senegal y Mauritania hacia Canarias, y esa ruta se cerró con las primeras operaciones de Frontex asociadas al Gobierno español. Tras el cierre de la ruta de Canarias, las rutas se desplazaron para pasar algo por Argelia, pero más por Libia hacia Lampedusa y Malta. Entonces hubo intervenciones de Italia y el Frontex a lo largo de Lampedusa y las rutas se desplazaron hacia Grecia, primero a las islas griegas y después a la frontera greco-turca. Ha habido un desarrollo de los controles migratorios para cerrar toda la zona sur de Europa, son como cerrojos que bloquean bien determinado camino y desplazan los flujos sin que se constate una disminución significativa de la presión migratoria. Hay un desarrollo de los controles que alimentan a la industria que se ha especializado en estos dispositivos, que son cada vez más sofisticados, pero no resultados globales que desemboquen en la interrupción de los flujos migratorios, y es normal porque en mi opinión los flujos migratorios no pueden interrumpirse.
El Consejo de Ministros español acaba de aprobar un reglamento para los CIE, duramente criticado por ONG. ¿Qué leyes, convenciones y derechos se están violando con los centros de internamiento de extranjeros?
Los CIE son lugares de ausencia de derecho absoluto porque no hay normas europeas para la duración de la retención y tampoco para la modalidad de gestión o estándares mínimos, aparte de los estándares clásicos de derechos humanos que prohíben la tortura y los atentados contra la vida humana. Hay muchísimas violaciones de derechos de todo tipo, del derecho de asilo, de recurso, de acceso a la justicia, de vivir en familia. Se violan muchos derechos fundamentales, como el derecho a la integridad física, porque son lugares donde no hay apenas vigilancia exterior, así es que las cosas ocurren entre la policía –o los guardias de seguridad en los países en que estos centros están privatizados– y los migrantes, con mucha impunidad y ausencia de transparencia.
Globalmente los CIE son lugares de violencia, sea psicológica o sea física, y lugares donde los derechos no pueden no ser violados, con grados más o menos elevados según el país. Es verdad que España tiene muy mala reputación, pero hay otros países que no tiene reputación porque nadie tiene acceso a estos centros.
¿Cuál es la situación de los CIE en Europa?
Hay una dinámica europea de presión que viene un poco de todas partes y también de las ONG del Parlamento Europeo para que haya más transparencia en el sistema de detención de inmigrantes, que es muy opaco. Nosotros pedimos la supresión de este sistema carcelario para personas que no han cometido delitos más allá de infringir las leyes relacionadas con la entrada o estancia de extranjeros. Los sistemas de detención deberían prohibirse y eliminarse completamente de las políticas migratorias.
En Europa, unas 600.000 personas son encerradas cada año en centros de internamiento, y el objetivo de esta detención es sólo la gestión de su expulsión. De ellas, unas 300.000 son expulsadas cada año. Y se retiene a otras 300.000 personas, niños, enfermos, ancianos, en centros a menudo con muy malas condiciones de vida, sin haber cometido un delito, sin haber sido condenadas por un juez, durante varios meses, para ponerlas finalmente en libertad tras varios meses. Ésta es otra aberración de las políticas migratorias de la UE. Nuestro objetivo es la supresión de esos centros.