Traducido para Rebelión por Gorka Larrabeiti
«Creemos que, en la isla de Lampedusa, hay una significativa violación de los derechos humanos. Sin embargo, no podemos sólo denunciarla, sino que, además, debemos acumular pruebas; no es fácil, pero lo estamos intentando». Lo ha afirmado el europarlamentario socialista francés Martine Roure, durante una conferencia de prensa ayer en Bruselas. Roure presentó junto a otros colegas que habían visitado en misión oficial a Lampedusa la semana pasada, los resultados de la visita al Centro de Permanencia Temporal (CPT) de los inmigrantes ilegales.
Asimismo, Roure denuncia «la mascarada dramática» organizada, antes de la visita de los eurodiputados «por parte de las autoridades italianas, que trasladaron a todos los prófugos a no se sabe qué destino» con un puente aéreo que duró tres días; de modo que, al final, los eurodiputados eran más que las personas alojadas en el Centro, reducidas a once.
«Estamos realmente perplejos; no hemos podido ver cómo funciona de verdad el CPT, pero hemos constatado que las condiciones de vida son insoportables y que es imposible tratar de modo correcto a los inmigrantes allí reunidos», ha observado el europarlamentario francés, al hacer referencia a la estructura, que cuenta con sólo «12 baños sin puerta y 18 lavabos con agua salobre», y que la media de presencias, de abril a setiembre oscila «entre las 340 y las 400, con picos de hasta 1000», para una capacidad teóricamente limitada a 186 personas. Una situación que «debe cesar», ha dicho el europarlamentario francés, advirtiendo que la Asamblea de Estrasburgo «no bajará la guardia».
A las autoridades italianas, los europarlamentarios de la delegación a Lampedusa les han presentado por escrito cuatro preguntas, a las cuales no han obtenido respuesta durante la visita. Han solicitado, en particular, las cifras precisas y detalladas de todas las presencias en el CPT; una copia de los decretos de expulsión según los cuales los inmigrantes ilegales son «repatriados» a Libia; una copia del acuerdo entre Italia y Libia para las readmisiones; y las cifras precisas de expulsados.
El italiano Claudio Fava (Democratici di Sinistra) ha recordado que el pasado otoño 1156 personas fueron repatriadas en masa, en 11 vuelos, «presumiendo que todos eran egipcios, según un juicio rápido de los intérpretes». Fava ha estigmatizado la costumbre de las expulsiones colectivas, sin posibilidad de comprobar si entre las personas expulsadas hay alguna que tenga derecho al asilo y sin una oportunidad concreta de asistencia legal. Ha insistido también en que no hay ninguna garantía por parte de Trípoli (que no ha firmado ninguna de las convenciones internacionales pertinentes), sobre el respeto de los derechos humanos en los propios campos de acogida. Centros en los que, ha subrayado, «ninguna autoridad italiana ha puesto jamás los pies». Por ello, el eurodiputado siciliano ha solicitado la denuncia del acuerdo italo-líbico (que no ha sido publicado jamás) en lo referente a las readmisiones.
«Los periodistas que entraron no podían ni filmar ni fotografiar, nos seguían siempre: tenía la impresión de estar en Angola», ha observado el alemán Wolfgang Kreissl-Doerfler (PSE). Y ha añadido: » El gobierno italiano tiene que aclarar no pocas cosas… He visto lo suficiente para poder decir que mis dudas y mis peores expectativas se han visto confirmadas».
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