En Marruecos, ese país al que a menudo el Gobierno español y la Unión Europea disfrazan de democracia, disentir equivale en demasiadas ocasiones a acabar entre rejas. Así ha sucedido en el caso de muchos jóvenes que por su militancia en un sindicato estudiantil o en el Movimiento 20 de Febrero -que en 2011 reclamó […]
En Marruecos, ese país al que a menudo el Gobierno español y la Unión Europea disfrazan de democracia, disentir equivale en demasiadas ocasiones a acabar entre rejas. Así ha sucedido en el caso de muchos jóvenes que por su militancia en un sindicato estudiantil o en el Movimiento 20 de Febrero -que en 2011 reclamó en las calles democracia y justicia social-, han acabado en la cárcel cumpliendo penas que en algún caso llegan hasta a los seis años de prisión.
Un grupo de estos reos, a los que Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran presos de conciencia, empezó una huelga de hambre a principios de marzo que, excepto en dos casos, dura hasta hoy. Su objetivo es denunciar su encarcelamiento por motivos que en otros cielos serían considerados banales, como pedir la mejora de las condiciones de vida en las universidades, pero también denunciar los abusos, torturas e incluso violaciones que son moneda corriente en las cárceles marroquíes.
En prisiones como las de Taza, Meknes y Ain Kadous (Fez), entre otras, alrededor de una decena de reclusos, la mayoría militantes del sindicato Unión Nacional de Estudiantes Marroquíes (UNEM), se ha ido sumando de forma progresiva a este ayuno indefinido tratando de llamar la atención sobre su situación, algo que sólo han conseguido relativamente pues apenas unos pocos medios de comunicación internacionales se han hecho eco de su protesta.
Si la repercusión mediática ha sido escasa, las reacciones oficiales en Europa han sido nulas. En España, el silencio oficial es absoluto, como suele suceder cuando se trata de un caso de derechos humanos en Marruecos. En Francia, pese a la mayor movilización y la campaña de apadrinamiento de estos presos liderada por el conocido escritor y periodista Gilles Perrault, tampoco el presidente François Hollande se ha pronunciado en su favor. Todo lo contrario, el pasado 5 de abril, durante un viaje oficial a Marruecos, el jefe de Estado francés alabó en un discurso «la estabilidad y el Estado de Derecho» del que según él disfrutan los marroquíes.
Seguramente los seis estudiantes en huelga de hambre en la prisión Toulal 2 de Meknes (centro de Marruecos) no comparten su opinión. Los jóvenes, arrestados en diciembre de 2012, llevan ya 67 días sin alimentarse mientras esperan que se les juzgue. A cada día que pasa, su estado de salud es más frágil, predican en el desierto las organizaciones marroquíes de derechos humanos.
Otros dos huelguistas, Tarik Alhamani y Abdessamed Haydour, que cumplían condena en la ciudad de Taza (norte) abandonaron la protesta hace unos días, tras permanecer 70 días sin comer. Estos dos activistas tuvieron que ser ingresados en el hospital de la ciudad debido al agravamiento de su estado de salud. Ya el año pasado, ambos habían participado en otra huelga de hambre, la que inició otro preso político, Ezzedine Eroussi, que llegó a estar a las puertas de la muerte tras permanecer más de 130 días en estado de inanición.
Esposados a las camas
«Estos presos viven en unas condiciones lamentables de suciedad, hacinamiento en celdas sin ventilación y, sobre todo, en un entorno de violencia que se ejerce constantemente sobre los internos», explica Moha Oukziz, coordinador del Comité de Apoyo a los Presos Políticos de Marruecos. Oukziz avanza un dato revelador; algunas de las prisiones donde se encuentran estos presos, como la de Taza, datan de la época del Protectorado, que concluyó en 1956.
El coordinador de este comité que actúa desde Francia asegura que la dirección de las cárceles donde se encuentran los huelguistas ha rechazado «ofrecerles asistencia sanitaria. Por ejemplo, Haydour y Al Hamani, quienes, en el tiempo que han pasado en el hospital de Taza, en lugar de ser atendidos han sido esposados a las camas. Las órdenes de la policía priman sobre el deber de asistencia que debería proporcionar el hospital a cualquier enfermo. Los médicos y enfermeros tienen tanto miedo que ceden a las amenazas de las autoridades policiales».
Yamani Eddoghmi, presidente de la sección española de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), corrobora que la respuesta de Rabat a estos jóvenes «es la absoluta insensibilidad», pese a haber sido el «régimen el culpable de su situación». En su opinión, si Rabat reaccionara «con sensibilidad equivaldría a reconocer su responsabilidad, por lo que incluso se va más allá, con amenazas implícitas y explícitas a los profesionales sanitarios, un paso más en la estrategia de acorralar a todos los que defendemos los derechos humanos en Marruecos, o bien pretendemos cambiar el sistema político».
La AMDH ha denunciado en numerosas ocasiones no sólo la cerrazón de las autoridades marroquíes y su negativa a respetar unas normas elementales de derechos humanos, sino lo que Eddoghmi define como «complicidad de la Unión Europea y de gobiernos como el español». Una «complicidad» que este activista sitúa en un contexto económico de «defensa por parte del Gobierno de los intereses del sector empresarial español en Marruecos. Con este trasfondo, en el que incluso se le ha ofrecido al régimen marroquí la condición de socio privilegiado de la UE, la vulneración de los derechos humanos queda en un segundo plano».
También el presidente del Comité de Apoyo a los Presos Políticos analiza el silencio sobre esta protesta desde la perspectiva de los «importantes intereses comunes que comparten el régimen marroquí y los Estados occidentales; los dirigentes de éstos no tienen ningún interés en desenmascarar el auténtico rostro de ese régimen reaccionario».
Un rostro que el gobierno marroquí niega. El pasado mes de julio, el ministro de Justicia, el islamista Mustafá Ramid, negó en una entrevista con una televisión libanesa que en Marruecos existieran presos de conciencia. Una afirmación que inmediatamente pusieron en cuestión asociaciones marroquíes de derechos humanos, Human Rights Watch y Amnistía. Según la Asociación de Defensa de los Derechos del Hombre de Marruecos (ASDHOM) en la actualidad hay en Marruecos 152 presos políticos, entre sindicalistas, estudiantes, militantes del Movimiento 20 de Febrero y activistas saharauis.