En 2006, la Unión Europea (UE) había prohibido el comercio de una amplia gama de instrumentos de tortura. Entre ellos el sistema llamado «Band-It», que, adherido a las piernas o brazos del detenido, puede administrar choques eléctricos de 50.000 voltios. La firma fabricante Stinger Systems, con sede en el sudoriental estado estadounidense de Florida, reconoció […]
En 2006, la Unión Europea (UE) había prohibido el comercio de una amplia gama de instrumentos de tortura. Entre ellos el sistema llamado «Band-It», que, adherido a las piernas o brazos del detenido, puede administrar choques eléctricos de 50.000 voltios.
La firma fabricante Stinger Systems, con sede en el sudoriental estado estadounidense de Florida, reconoció haber realizado envíos a Europa a pesar de la prohibición. Sin embargo, el presidente de la compañía, Bob Gruder, se negó a especificar a qué países.
«Sólo vendemos a militares y a autoridades que aplican de la ley», dijo a IPS. «Nuestros productos se venden en todo el mundo, pero preferimos no revelar dónde».
Stinger, antes bajo el nombre Stun Tech, tiene distribuidores en varias de las 27 naciones de la UE. La firma rumana Gate 4 Business confirmó haber importado algunos apartados Band-It.
«Simplemente compramos unas pocas muestras», dijo el portavoz de Gate 4, Cristian Anasteseu. «La ley rumana la considera un arma letal».
Anasteseu añadió que la empresa no había trabajado con Stinger durante «al menos un año». También dijo que ahora estaba interesada en importar gas pimienta para «control de multitudes» por parte de la policía, y que se habían reunido con representantes de la fabricante Mace a comienzos de este año en Estados Unidos.
El mes pasado, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional publicó un informe revelando cómo algunas compañías eludieron la prohibición de la UE, que explícitamente se refiere a los cinturones eléctricos («stun belt»), adquiriendo instrumentos de tortura con efectos similares pero con diferente nombre.
La empresa española Nidec había ofrecido a la venta esposas paralizantes («stun cuffs»), pero informó a la revista Time que retiró esos productos de su catálogo en Internet.
«Los cinturones eléctricos están en la lista prohibida», dijo David Nichols, analista de política exterior de la oficina en Bruselas de Amnistía.
«Lo que hemos estado diciendo es que hay otros aparatos que son efectivamente iguales y han sido clasificados y nombrados de manera diferente, y comercializados como si fueran completamente legítimos, incluso cuando no tienen ningún otro uso que ser instrumentos de tortura», añadió.
El principal producto de Stinger es la pistola paralizante S-200, presentada como un arma «inteligente» capaz de incapacitar a una persona que la policía considere peligrosa, utilizando un choque eléctrico de 56.000 voltios.
Según Gruder, el arma es menos peligrosa que la fabricada por la empresa rival, Taser. «Es tecnología diferente», subrayó. «Se puede ajustar cuando sea necesario, mientras que con la Taser tienes una cantidad predeterminada de voltaje, sin capacidad de ajuste».
El empresario subrayó que nadie ha muerto ni ha resultado severamente herido con la S-200.
Falcom, compañía con sede central en la localidad belga de Beernem, confirmó a IPS que trabaja como distribuidora para Stinger, aun cuando no lo menciona en su sitio web.
El director gerente de Falcon, Jean Nicodéme, explicó que eso se debía a que los productos de Stinger están «estrictamente prohibidos» en Bélgica, y sólo autoridades públicas pueden acceder a ellos.
Aunque una unidad de elite de la policía belga adquirió armas de la firma Taser en 2009, Falcon informó que no ha vendido ninguna pistola de Stinger a las autoridades hasta ahora. «Nuestra política general es que no vendemos fuera de Bélgica», añadió Nicodéme.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Flandes, una de las tres regiones de Bélgica donde opera Falcon, señaló: «Negamos licencias para la importación y exportación de todo lo que esté relacionado con tortura».
«Si una compañía que importa ese tipo de productos puede probar que sólo los transferirá a autoridades del orden público, entonces hay una excepción en la ley. Ese tipo de importaciones son raras», añadió.
No obstante, Luc Mampaey, de la organización belga Grip, que sigue de cerca la industria armamentística, dijo no estar «satisfecho con la posición» del gobierno flamenco ni de el resto de las autoridades de su país.
«El problema es que hay poca precisión sobre este tipo de armas en Bélgica», dijo. «Las armas que son consideradas menos que letales constituyen una zona gris en la ley».
Sirien, otra compañía belga, ha sido también mencionada como agente de Stinger. Sin embargo, dejó de promocionar la pistola S-200 en su sitio web luego de que fuera publicado el informe de Amnistía.
«El problema con Amnistía Internacional es que sólo ven el lado malo de todo», dijo Erwein Lafosse, representante de Sirien, a la revista Time en marzo. «Sí, pueden ser usadas para tortura, pero también todo tipo de instrumentos comunes, como cuchillos, tenedores y cucharas».