Si aún cabía alguna duda sobre el carácter oligárquico que ha presidido todo el proyecto de la Unión Europea, las pasadas elecciones han terminado por despejarla. El proceso se ha desarrollado al margen de las sociedades y de los pueblos y los ciudadanos dan la espalda a los políticos cuando los convocan a las urnas. […]
Si aún cabía alguna duda sobre el carácter oligárquico que ha presidido todo el proyecto de la Unión Europea, las pasadas elecciones han terminado por despejarla. El proceso se ha desarrollado al margen de las sociedades y de los pueblos y los ciudadanos dan la espalda a los políticos cuando los convocan a las urnas.
La reacción de los mandatarios europeos ha sido muy significativa.Todos se han inclinado por la autoflagelación, entonando el mea culpa por no haber explicado suficientemente la trascendencia de estas elecciones. Hubo incluso quien, como el presidente polaco, en un ejercicio de sensibilidad democrática, llegó a calificar de irresponsables e inmaduros a sus propios compatriotas. Lo cierto es que ninguno de los gobernantes ha tenido el coraje de preguntarse si los equivocados no son ellos. Ninguno se ha planteado si acaso la enorme abstención no obedecía a que precisamente los ciudadanos comienzan a intuir, aunque de forma confusa, lo que para la gran mayoría representa la Unión Europea, y las inmensas contradicciones sobre las que está asentado el proyecto. Una vez más, se escoge la huida hacia delante. Ante la pasividad e indiferencia de las sociedades, lo único que se les ocurre es forzar la aprobación de la Constitución Europea, en lugar de cuestionarse si el camino escogido es el correcto. Contra abstención, Constitución.
Esta reacción concuerda con la actitud mantenida de forma constante en las pocas ocasiones que se ha accedido a consultar a los ciudadanos en referéndum. En todos aquellos casos en los que se ha impuesto el no, la solución adoptada ha sido repetir la consulta tantas veces como fuese necesario hasta conseguir el voto afirmativo.
Se convoca a los europeos a elegir un Parlamento que, en realidad, de tal sólo tiene el nombre y cuyas competencias son dudosas, incluso después del incremento de funciones que pretende atribuirle la nueva Constitución. La Unión Europea no se contempla como una entidad política sino como un pacto entre estados en el que las decisiones se toman en función de los acuerdos -muchas veces chalaneos- de los gobiernos y la capacidad de influir, de existir, se encuentra en la fuerza y habilidad que tengan éstos. La prueba más palpable es que los propios gobiernos, con buena lógica, tal como hizo el del PP en Niza, no tienen inconveniente en sacrificar un buen número de diputados con la finalidad de obtener más votos en el Consejo, que es donde en última instancia se dilucidan los temas importantes.
La Unión Europea ha hecho bueno el objetivo del pensamiento liberal-conservador -el ocaso de las ideologías-, ya que poca o nula importancia tienen éstas en las instituciones europeas. Los debates raramente obedecen a diferentes planteamientos ideológicos; se deben, por el contrario, a los intereses, en su mayoría económicos, de los estados. Es cierto que los parlamentarios se organizan en grupos por afinidades teóricamente ideológicas, pero esa agrupación es mucho más nominal que real, porque a la hora de la verdad todos votan siguiendo sus conveniencias nacionales. Ante este panorama, ¿para qué van a concurrir los ciudadanos a las urnas a escoger a uno u otro partido?
El déficit democrático del proyecto alcanza su culmen con la pretendida autonomía e independencia del Banco Central Europeo, situado más allá de toda presión política y por lo tanto democrática, en una supuesta asepsia y neutralidad, en la hipótesis de que la política monetaria no tiene ideología, como si fuese igual colocar el énfasis en el crecimiento o en la inflación, y como si sus decisiones no afectasen, por ejemplo, al empleo.
Europa no es percibida por la sociedad, y con razón, como una institución democrática susceptible de configurarse de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos y en la que éstos puedan influir por cauces participativos, sino como una realidad dada e impuesta a la que forzosamente hay que adaptarse, como un contexto coercitivo que impide incluso el desarrollo democrático de las políticas nacionales.
La referencia a Europa sirve para justificar las situaciones más injustas en política fiscal, como puede ser la existente actualmente en España respecto al gravamen sobre las rentas de capital, muy inferior al que soportan las rentas del trabajo.Hace unos días el vicepresidente económico español cuestionaba la posibilidad de corregir este estado de cosas, tal como prometía el programa del Partido Socialista, en función de la tributación de otros países y de la eventualidad de que el dinero huya a espacios fiscalmente más benignos.
Descontando lo que este argumento tenga de coartada para los gobiernos de turno y para el pensamiento liberal-conservador, que con excesiva frecuencia lo utiliza abusivamente, hay que reconocer la parte de verdad que comporta. La libertad total en la circulación de mercancías y de capital en ausencia de una legislación fiscal común tiene que devenir por fuerza en un sistema tributario regresivo e injusto. Ningún Estado es soberano para realizar su propia política fiscal, pero tampoco existe una política fiscal europea. La única soberanía radica en el capital, que irá imponiendo sus condiciones bajo la amenaza de emigrar a otras latitudes.
No hace mucho que el canciller Schröder se quejaba de lo que él llamaba competencia desleal en materia fiscal de los nuevos socios. Pero el problema no radica sólo en que Eslovenia al tener una menor carga impositiva que Alemania fuerce al Gobierno de esta última a realizar reformas fiscales regresivas, sino que la misma Eslovenia, con la finalidad de atraer más inversión que por ejemplo Polonia, reducirá sus gravámenes para competir en mejores condiciones. La carrera no tendrá fin.
Algo similar cabría afirmar de las condiciones del mercado de trabajo, comenzando por los salarios. En ausencia de una legislación común, el fantasma de la deslocalización presiona a la baja las retribuciones y constituye el acicate adecuado para el menoscabo de todos los derechos laborales. Así mismo, el deterioro de los sistemas fiscales, unido a la condena de todo déficit público, obliga a la reducción de los gastos sociales y a las continuas reformas del Estado del bienestar. Ante la carencia de una armonización laboral, fiscal y social, realizada desde las instituciones comunitarias, la armonización en cualquier caso se acabará realizando. Será el mercado el que la logre, pero lógicamente no igualando las condiciones de los trabajadores polacos a las de los alemanes, sino las de los alemanes a las de los polacos.
La UE está terminando con las opciones políticas porque, bajo las coordenadas en las que se ha construido, sólo una opción es posible: el neoliberalismo económico. Ni el propio Hayek ni Mises habrían imaginado nunca una situación tan favorable para su doctrina. Ni los políticos más conservadores como Reagan o Thatcher soñaron nunca con llegar tan lejos en sus objetivos.Y todo ello no como consecuencia de una opción ideológica que se impone en las urnas, sino como el resultado fatal de un esquema construido asimétricamente y sin contrapesos.
Los supuestos de la actual UE nos llevan de forma necesaria e ineludible por su dinámica interna a una meta difícil de imaginar pero que cada vez parece más cercana: renuncia a toda intervención estatal directa en los sectores productivos, incluso en los más estratégicos, y privatización de los servicios públicos, sistemas fiscales regresivos basados exclusivamente en impuestos indirectos y en las rentas de los trabajadores, desmantelamiento de los mecanismos de protección social, deterioro de las condiciones laborales, modificaciones en la distribución de la renta en contra de los salarios y a favor del excedente empresarial, acumulación de la riqueza y creación de una sociedad dual. Todo ello nos devuelve, en definitiva, al capitalismo salvaje del siglo XIX.¿Tiene algo de extraño que los trabajadores no quieran jugar este juego y rechacen la Europa que se está construyendo? Importa poco que pertenezcan a países ricos o a pobres: todos salen perdiendo.Por el contrario, son el capital y las fuerzas económicas, sea cual sea su nacionalidad, los grandes beneficiarios de este diseño.
Algunos dirán que no hay por qué llegar a ese final. Que si bien es cierto que la UE se ha configurado hasta ahora sustancialmente como unión mercantil y financiera, también lo es que no es necesario renunciar a conseguir la unión social y política, que de lo que se trata precisamente es de trabajar para alcanzarla. Pero, ¿de verdad se creen que esa utopía es posible? Según transcurre el tiempo, los hechos van desmintiendo de forma más clara su factibilidad.En primer lugar, por los enormes intereses económicos en juego.El capital está logrando a través del mercado europeo librarse de los condicionantes y obligaciones que le imponen los poderes nacionales democráticos y no va a consentir que se constituya uno de carácter supranacional.
En segundo lugar, porque la unión social y política, aunque difícil, tal vez hubiera sido posible en el antiguo mercado único con seis países más o menos homogéneos, pero resulta disparatado en el actual contexto de 25 países con un elevado grado de heterogeneidad.La última ampliación es la prueba evidente de que se renuncia a avanzar en la integración fiscal, social y laboral. ¿Qué integración puede darse entre países cuya diferencia en la renta per cápita es de cinco a uno, o cuando los salarios medios de algunos de ellos son 10 veces superiores a los de otros? Eso sin referirnos a factores sociales y culturales menos susceptibles de cuantificar, pero no por eso menos dispares y que dificultan cualquier intento de integración que no sea mercantil y financiero. La posibilidad de unión política se ha ido difuminando al mismo ritmo que el número de países miembros se incrementaba. Nada tiene de extraña la evolución de la abstención en las distintas elecciones europeas; más bien es bastante reveladora: 37% en el 79; 39% en el 84; 41,5% en el 89; 43,2% en el 94; 50,2% en el 99 y 54,5% en el 2004.
La mayoría de los ciudadanos ha ido tomando conciencia progresivamente de los efectos negativos que tiene el esquema seguido, al tiempo que iban también perdiendo las esperanzas de ver implementadas las medidas adecuadas de contrapeso. La misma Constitución -en realidad no se trata de una Constitución sino una vez más de un tratado entre Estados- que con tanto triunfalismo los jefes de Estado y de Gobierno acaban de aprobar, lejos de incrementar las esperanzas de cambio, confirma la consolidación del proceso en sus líneas básicas. Todo acuerdo en materia fiscal y social tendrá que adoptarse por unanimidad, lo que garantiza la imposibilidad de integración en estas materias. Tony Blair asumió el papel de villano, pero en realidad sirve de excusa a otros muchos gobiernos.Con tanto enfrentamiento como se ha producido en Bruselas a la hora de designar el presidente de la Comisión o de decidir el reparto de poder entre estados, no ha existido la menor oposición a las anteriores limitaciones.
La enorme paradoja es que la Europa democrática, la del Estado social, la de la economía mixta, la de los derechos laborales, está gestando el sistema más rabiosamente liberal y conservador que se pueda imaginar. Europa contra Europa. De ahí, lógicamente, las enormes contradicciones en las que se debate. Contradicciones que sin duda se irán agrandando y haciendo más palpables en el futuro. Europa ya no está en Europa.
Juan Francisco Martín Seco es economista.
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