La información sobre Uruguay es escasísima en la prensa internacional. Tienen que darse circunstancias especiales para que algo de este país concite la atención periodística. No obstante, hace pocos días toda la prensa de derecha tituló en primera plana la ristra de exabruptos que desde Astori hasta Mujica pasando por nuestro candidato presidencial Martínez, lanzaron […]
La información sobre Uruguay es escasísima en la prensa internacional. Tienen que darse circunstancias especiales para que algo de este país concite la atención periodística. No obstante, hace pocos días toda la prensa de derecha tituló en primera plana la ristra de exabruptos que desde Astori hasta Mujica pasando por nuestro candidato presidencial Martínez, lanzaron contra Venezuela. No sostengo que deban censurar el análisis crítico del régimen venezolano, ni el mellado liderazgo de Maduro, pero la utilización de la misma etiqueta ideológica con la que los diversos poderes hegemónicos pretenden dar un -nuevo- golpe de estado allí, además de grotescamente simplista, constituye un involuntario auxilio a la barbarie. Una inversión de sentido, también capitalista, como la económica. Desde el período de entre guerras en el siglo pasado no asistimos a un ascenso de la ideología nazi en el mundo entero con semejante distribución geopolítica y poder. Que dirigentes nuestros se yuxtapongan a las excusas intervencionistas y oxigenen a un payaso autoproclamado como Guaidó en el caso venezolano, horripila.
Sin embargo, mi preocupación no se restringe al auxilio que le han brindado a la más extrema derecha mundial sino que alcanza la compleja y hasta indispensable relación entre las direcciones y sus bases, los liderazgos y la fuerza política, especialmente en el Frente Amplio (FA) donde la problematización de estos lazos siempre ha tenido algún lugar, aunque decreciente desde el acceso al gobierno y se presenta más acuciante por la diversidad y complejidad de la convergencia unitaria de múltiples tradiciones de izquierda y progresistas. Porque el FA elabora regularmente programas de gobierno con lineamientos que los militantes en general debemos respetar y acompañar pero que las direcciones (y particularmente aquellos que cumplen funciones ejecutivas o legislativas en el Estado) deben implementar obligatoriamente y en caso de dificultad rendir cuentas sobre las dificultades para su ejecución. Tales programas, no son el fruto de la lucidez de algún líder en particular o inclusive de alguna élite formada en las mejores universidades sino de miles de compañeros de las más diversas extracciones sociales, cognitivas y de oficios, que convergen en las subcomisiones de programa para elaborar un borrador que luego un congreso de más de mil delegados discute, corrige y precisa. Un primer paso superador de la creciente dinámica mediática cada vez más dominante en el mundo occidental, donde el votante queda rezagado sólo a escoger ofertas de dirigentes. Escoger, porque no sólo no eligen, sino que tampoco intervienen en la conformación de la oferta presentada ni menos aún de programas propuestos cuando los hay. Una verdadera obturación del sistema electoral.
Puntualmente, el programa aprobado en el último congreso hace apenas 8 meses sostiene que la política exterior debe basarse en la «independencia; no alineamiento, o sea, autonomía respecto a las alianzas políticas y militares bajo la hegemonía de grandes potencias mundiales» y el «apoyo a todas aquellas iniciativas tendientes al fortalecimiento de la paz y el establecimiento de un orden mundial más justo y equitativo», pero sobre todo «fortalecimiento y consolidación de los mecanismos que impidan toda injerencia extranjera en los asuntos internos de un país». ¿Es coherente con esta estrategia la caracterización del régimen venezolano como dictadura (bien conocido su significado en un país que ha padecido el terrorismo de Estado) o por el contrario lo es la denuncia de los intentos golpistas fallidos o exitosos como los casos de Lugo, Dilma, Evo, Correa y el propio venezolano actual? Temo que entre ciudadanía y gobierno, el abismo se profundice a niveles ya generalizados en el mundo, convalidando la expropiación del poder por parte de la élite gobernante. Sospecho que cada vez menos el FA orienta y exige a su gobierno, que la dirección del FA es cada vez menos dependiente de su militancia y que en consecuencia la ciudadanía electora se encuentra divorciada y a merced de las decisiones gubernamentales que la someten.
Sin duda inferir un deterioro semejante del grado o nivel de democraticidad uruguayo y del FA en particular a partir de las repercusiones de la prensa internacional resulta temerario, pero no quiero dejar de vincular este episodio reciente y coyuntural con un anuncio estratégico del gobierno la semana pasada como es la construcción de una tercera planta de pasta celulosa en el centro del país, con muy variadas expresiones de apoyo de la mayoría frentista, además de gubernamental. En el programa no aparece ni una sola vez la palabra celulosa, ni la palabra pastera, ni el eucalipto. Y sin duda merecería tener fundamento en la elaboración programática al ser la inversión más importante de la historia, pero también deberían dialogar con los sucesivos programas la mayoría de las medidas adoptadas. En el caso de este tipo de iniciativas el programa recomienda promover el «uso sustentable y ordenado de los recursos naturales, reduciendo las vulnerabilidades derivadas de la estructura productiva actual. En particular, en lo que refiere a la concentración desmedida de la tierra y su extranjerización, especialmente en los casos en que no se refleja en una contrapartida significativa de inversión adicional en capacidad productiva e incremento del valor agregado».
Sin duda hay una ley forestal del año 87 que el FA no se propuso derogar que estimuló el salto de 50.000 a 1.100.000 Ha de implantación del perenne árbol exótico, sustrato de una materia prima como la pulpa de celulosa. Pero el fundamento de la exultación requeriría la respuesta de varias preguntas por el balance de puestos de trabajo entre creados y desaparecidos, tanto como de riqueza y exportaciones. Pero además por las consecuencias del estrago que produce en la tierra, sin vuelta atrás a la vista.
Ni la democraticidad puede concluirse en blanco y negro, ni las desavenencias entre naturaleza y desarrollo resolverse a espaldas de la sociedad.
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