Traducido del ruso para Rebelión por Josafat S. Comín
El hiperafortunado oligarca Mijaíl Prójorov, presidente del Fondo privado de inversiones «Grupo ONEKSIM» (que es a su vez presidente del Consejo de directores de «Polius Zoloto», miembro del Consejo de dirección de «Norilsky Níquel», y miembro del Consejo de observadores de la compañía estatal para la nanotecnología «Rosnanotej»), quien fuera detenido en Courchevel por la policía francesa, como sospechoso de estar implicado en la organización de una red mundial de prostitución, se ha convertido nuevamente en héroe de las portadas de todos los medios cercanos al régimen.
En esta ocasión no se trata de la organización de una vergonzosa bacanal en la cubierta del «Aurora», con la participación de invitados del Foro económico de S.Petersburgo y de altos funcionarios de la ciudad, encargada con el dinero de Prójorov, muy dadivoso cuando de eventos como ese se trata, sino de su intervención en la conferencia «El capital humano como medio de modernización de la economía», celebrada hace unos días por la Unión de Industriales y Empresarios de Rusia (RSPP), donde Prójorov ejerce como presidente en el Comité sobre mercado de trabajo y estrategia de cuadros.
El tema principal del discurso de este multimillonario recubierto de cargos y capitales, fue el problema del incremento de la productividad del trabajo en Rusia, la cual, según sus palabras es 3 ó 4 veces inferior a la de los países desarrollados. ¿Por qué? Por lo visto, resulta que la legislación laboral actual frena el desarrollo en innovación tecnológica. Sepan ustedes que la crisis crea las condiciones para la reestructuración de la economía y del mercado de trabajo, pero Rusia hasta ahora no ha sabido utilizar esta posibilidad.
¿Qué oportunidad es esa? En opinión de este estratega del «sindicato de oligarcas» como denominan a la «RSPP», hay que dotar a la legislación laboral de mayor flexibilidad. Los patronos lloran amargamente por los plazos que marca la legislación para el despido (entre cinco y ocho meses) de los trabajadores y jubilados en activo, y por lo caro que resulta el procedimiento mismo del despido.
Los empresarios tampoco están contentos con las en su opinión exageradas normas que regulan el tiempo de descanso de los trabajadores, con las prestaciones y compensaciones que disfrutan, con la excesiva reglamentación que regula el traslado a otro puesto por necesidades de la producción, con las impopulares y flexibles formas de ocupación y con los horarios de trabajo, debido a lo limitado de los fundamentos que regulan la legislación laboral. Todo esto unido, como declaró el oligarca, mantiene «en conserva» la ocupación e impide el crecimiento de la productividad en el trabajo, lo que hace imprescindible modificar la normativa de las relaciones laborales.
Incluso en la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia (FNPR), donde por lo general dicen amén a todo lo que viene del gobierno, han calificado las pretensiones de los empresarios como «tontería». Un mercado laboral flexible -dicen los sindicalistas- debe significar las facilidades que deben tener los trabajadores para adaptarse a las cambiantes condiciones, pero en ningún caso conceder al gobierno derechos ilimitados para echar a la gente a la calle.
La intervención de Prójorov no es por supuesto casual, ni capricho suyo. En realidad, el oligarca no hizo más que poner voz a lo que piensan los actuales dueños de la situación, gobierno incluido, que construyen su política sin fijarse en las leyes, ni siquiera en la Constitución. Esa misma, donde se dice que Rusia es un Estado social, y donde la primera obligación de ese estado, debería ser velar por el bienestar de los ciudadanos, trabajadores por cuenta ajena incluidos. Pero lo que vemos es justamente lo contrario, una burla sobre la Constitución, sobre la ciudadanía. En lugar de hacer aunque fuese la pose de que están reglando esa «cooperación social» de la que habla el Estatuto de los trabajadores, el gobierno refuerza y estimula una abierta arbitrariedad y abuso con relación a los trabajadores, conculcando lo que la propia Constitución marca.