Alex Leiva se levantó a las 4:00 de la madrugada, aún somnoliento, para realizar una tarea clave para la subsistencia suya y de su grupo familiar, en el caserío salvadoreño donde vive: llenar varios barriles con el agua que cae del grifo únicamente a esa hora cada dos días.
Si no acapara el líquido, entre las 4:00 y las 5:00 AM, no tendrá otra oportunidad de llenar los barriles hasta dentro de dos días.
“Así me toca, a veces alcanzo a llenar tres barriles, el servicio lo dan un día sí y otro no”, dijo a IPS Leiva, de 32 años y dedicado a la producción de videos.
“Es difícil estar en una situación así, donde el agua se recibe de una manera ineficiente”, añadió. El líquido no lo provee la estatal Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) sino la Junta Administradora de Agua Acasap.
En El Salvador hay al menos 3000 de estas juntas, unas asociaciones comunitarias que juegan un rol esencial en el suministro y gestión del recurso hídrico en zonas rurales y de las periferias urbanas, ante el incumplimiento del Estado de su abastecimiento.
Leiva vive en la Lotificación Praderas, del cantón Cabañas, en los alrededores del municipio de Apopa, al norte de la capital del país, San Salvador.
Esa zona norte, que involucra a varios municipios, ha estado en conflicto en los últimos años desde que residentes de esas comunidades pasaron a rechazar un proyecto urbanístico impulsado por una de las familias más poderosas del país, los Dueñas.
El poderío de este clan se remonta hasta los días de la llamada oligarquía cafetalera, surgida a mediados del siglo XIX.
Ciudad Valle del Ángel es el nombre de la urbanización residencial que se levantará en esa zona, en un área de 350 hectáreas, y que demandará de unos 20 millones de litros de agua al día, para abastecer a las familias que decidan comprar una de las 8000 viviendas.
Los primeros permisos de factibilidad otorgados por Anda al consorcio datan desde 2015.
Las residencias han sido diseñadas para familias de clase media alta que decidan dejar la caótica San Salvador y vivir con todas las comodidades de la vida moderna, con agua las 24 horas al día, en medio de comunidades pobres que carecen del recurso.
“Hay gente en mi comunidad que logra llenar solo un barril porque la presión del agua no da para más”, señaló Leiva, padre de un niño de 5 años y de una bebé de nueve meses.
Valle El Ángel es una extensa región localizada en las faldas del volcán de San Salvador, en territorios compartidos por municipios del norte de la capital, entre ellos Apopa, Nejapa y Opico.
Una justicia injusta
La Sociedad Dueñas Limitada, el consorcio que maneja el proyecto urbanístico, recibió la luz verde definitiva para comenzar la obra: el visto bueno de la Sala Constitucional, que el 29 de abril de 2022 rechazó una demanda de inconstitucionalidad interpuesta en octubre de 2019 por organizaciones ambientalistas y comunidades del norte de San Salvador.
La demanda iba en contra de un dudoso acuerdo suscrito en 2016 entre esa sociedad y Anda, que administra el recurso hídrico en el país, y por medio del cual se establece otorgar al proyecto 240 litros de agua por segundo, es decir, unos 20 millones de litros al día.
El consorcio pretende construir ocho pozos en la zona. El agua será extraída del acuífero de San Juan Opico, así como de agua subterránea más superficial de Apopa y de Quezaltepeque.
“Esos acuerdos abren la puerta a este tipo de concesiones ilegales entregadas a la empresa privada…, es una situación que no se está abordando desde una perspectiva integral, que supla las necesidades de las personas, sino que desde una perspectiva mercantilista”, aseguró a IPS la abogada Ariela González.
Ella es parte de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), miembro del Foro del Agua, que aglutina a una veintena de organizaciones civiles que han venido luchando por una distribución justa y equitativa del recurso en el país.
González añadió: “Quienes legalizan toda esta figura de despojo de los bienes ambientales son nuestras instituciones públicas, por medio de estos mecanismos donde se les permite a las empresas maquillar los estudios de impacto ambiental”.
Las organizaciones y comunidades han señalado que el agua es un derecho humano, en beneficio de la colectividad, y además, en la demanda insistieron en que los acuíferos son parte del subsuelo, propiedad del Estado.
Y por tanto, si se quería otorgar a alguna empresa algún beneficio fruto de ese subsuelo, se trataría entonces de una concesión que debía ser avalada por la Asamblea Legislativa, cosa que no pasó.
La resolución de la Sala de la Corte Suprema de Justicia llega en un contexto de descrédito hacia esa instancia, que funge como el tribunal que vela por el cumplimiento de la ley fundamental de este país centroamericano de 6,7 millones de habitantes.
Los cinco magistrados que la componen fueron nombrados sin seguir el procedimiento regular el 1 de mayo de 2021, cuando se instaló la nueva Asamblea Legislativa, controlada por diputados del partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, con 56 bancas, de 84.
“Seguimos en un gobierno que sigue beneficiando al gran capital y destruyendo los territorios”, dijo a IPS Sara García, del grupo ecofeminista Colectiva de Mujeres Kawoc y del movimiento Salvemos Valle El Ángel, apoyado nacional Foro del Agua.
Martina Vides, compañera de lucha de García, agregó: “Queremos que haya protección para los mantos acuíferos, que se evite la tala de árboles”.
Ambas hablaron con IPS una tarde gris y lluviosa del último día de mayo, en la Parcelación El Ángel, donde residen, dentro del cantón Joya Galana, también del municipio de Apopa, que está en medio de la zona de impacto.
A corta distancia se encuentra el manantial que provee de agua a esa y otras comunidades, y que nace en la microcuenca del río Chacalapa. El recurso llega bajo un esquema de administración comunitario organizado por la junta de agua de esa zona.
Vides debe pagar seis dólares al mes por recibir el servicio, aunque también le llega cada tres o cuatro días a la semana.
Según cifras oficiales, en este país 96,3% de los hogares del área urbana cuentan con acceso al agua por cañería, pero esa cifra se reduce a 78,4 % en el campo, donde, 10,8 % se abastece con agua de pozo y 10,7 % lo hace mediante otros medios.
Desde que el proyecto de Ciudad Valle del Ángel comenzó a gestarse, ambientalistas y representantes de las comunidades se han volcado contra él con actividades de calle porque impactará negativamente al medio ambiente de la zona, especialmente a los acuíferos.
La lucha por el agua en El Salvador viene de larga data, para que sea un derecho humano, de acceso para toda la población, sobre todo porque el país es uno de los más golpeados por la crisis climática, con impactos especialmente sensibles en el llamado Corredor Seco.
Por más de 10 años colectivos ambientalistas y sociales han pujado por una ley de aguas, alcanzando acuerdos preliminares con los gobiernos pasados. Pero desde que llegó al poder el populista Bukele se deshizo lo avanzado en esa dirección.
En diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó una Ley General del Recurso Hídrico, que excluyó las ya preacordadas propuestas sociales, y si bien reconoce el derecho humano al agua y establece que el recurso no será privatizado, esto en la práctica no se aplica, como evidencia el proyecto urbanístico de los Dueñas.
No es el único
El proyecto urbanístico no es el primero ni el único en la zona.
Ahí se han construido ya conjuntos residenciales de ese tipo, destinados a una clase media alta, holgada económicamente, gracias a inversiones que también han realizado otras familias pudientes del país, como los Poma.
Y de hecho, con esas otras empresas se han amarrado acuerdos del mismo tipo, es decir, en los que los consorcios reciben el aval para obtener agua para sus proyectos, dijo González.
Lo mismo ha sucedido en los alrededores de la llamada Cordillera del Bálsamo, al sur de la capital, donde se han desarrollado proyectos habitacionales en los alrededores de municipios como Zaragoza, muy cerca de las playas del océano Pacífico.
En Valle El Ángel hay además al menos una empresa cuya principal materia prima es el agua. Se trata de Industrias La Constancia, que posee la marca Coca Cola y otras de jugos y bebidas energizantes, localizada en el municipio de Nejapa.
Gonzalez, la abogada de Fespad, sostuvo que en el país debería de existir una moratoria para poder detener, por un tiempo, a ese tipo de inversiones que atentan contra los bienes ambientales del país, especialmente el agua.
Pero mientras eso llega, si es que alguna vez llega, y mejore el acceso al recurso hídrico, Alex Leiva continuará levantándose a las 4 de la madrugada, un día sí y otro no, para llenar sus tres barriles.
“Ni modo, no nos queda de otra”, dijo.