Inconmovible frente al creciente malestar popular, las protestas en su contra y los continuos rumores de golpe de estado, la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, está decidida a mantener el poder, incluso por la fuerza. Macapagal Arroyo está sumida en la peor crisis política de su gobierno desde que en julio pasado fue acusada […]
Inconmovible frente al creciente malestar popular, las protestas en su contra y los continuos rumores de golpe de estado, la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, está decidida a mantener el poder, incluso por la fuerza.
Macapagal Arroyo está sumida en la peor crisis política de su gobierno desde que en julio pasado fue acusada de corrupción y orquestar un fraude para ganar las elecciones presidenciales de mayo de 2004.
Por esa fecha, un vídeo que salió a la luz pública mostraba a la Presidenta discutiendo con un alto funcionario electoral sobre la forma de manipular los resultados de los comicios.
La inconformidad y el disgusto de la población antes esos hechos no se hicieron esperar. Por los pelos escapó Arroyo de una votación para solicitar su interpelación en el parlamento en noviembre de 2005.
Hasta la fecha, diversos sectores en el archipiélago exigieron la renuncia de la jefa de Estado, a quien ya no consideran confiable, y cuya respuesta a esos reclamos ha sido el uso de la fuerza.
El 24 de febrero pasado Arroyo declaró el estado de emergencia tras denunciar un supuesto intento de golpe de estado, ordenó el cierre de varios diarios y otorgó a los cuerpos de seguridad poderes especiales para realizar arrestos sin necesidad de una orden judicial.
Decenas de personas fueron detenidas, entre ellas miembros del Congreso y oficiales del Ejército, a quienes se acusó de estar implicados en la presunta intentona golpista.
Un total de 59 oficiales y 37 soldados, que esperan para comparecer ante una corte marcial, podrían ser condenados a cadena perpetua si son encontrados culpables de conspiración.
Dirigentes políticos de la oposición, con cargos insustanciales y totalmente arbitrarios, también se encuentran envueltos en este asunto y según advirtieron organizaciones civiles corren el peligro de ser perseguidos.
Por ejemplo, Crispin Beltran, congresista del partido Anakpawis (Masas Trabajadoras), fue arrestado poco tiempo después de la declaración del estado de emergencia.
En un inicio, pesaba contra él una acusación de 25 años que databa de la dictadura de Ferdinando Marcos (1965-1986). Cuando se demostró que estos cargos habían prescrito hacía décadas, sustituyeron la acusación por otra de rebelión.
Desde que Manila reveló la conspiración golpista, varios activistas opositores murieron en circunstancias sospechosas. Todos los crímenes ocurrieron en una atmósfera de completa impunidad y fueron achacados a las Fuerzas Armadas.
Los hechos se reorientaron del campo a la capital, de los líderes campesinos a miembros del congreso y a dirigentes de los medios de comunicación.
Pese a que la mandataria filipina levantó el estado de emergencia nacional el 3 de marzo último, las acciones contra los supuestos golpistas continúan y Manila llegó hasta ofrecer una recompensa monetaria por cualquier información.
Los partidos de la oposición insisten en que las actuaciones dictatoriales de Arroyo se incrementaron desde que en el pasado año prohibió las manifestaciones en su contra y las investigaciones en el Congreso sin su aprobación previa.
En fecha reciente, la Comisión de Derechos Humanos de Asia denunció al gobierno de Arroyo por detenciones ilegales y otras violaciones ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Existen sospechas de que el intento de golpe de estado no haya sido más que un pretexto de la presidenta para acallar las crecientes demostraciones de rechazo contra las irregularidades de su gobierno.
Con Arroyo en el poder se agravaron los drásticos recortes en la educación y en los hospitales públicos, la liberalización de la economía, y los onerosos impuestos que repercutieron directamente sobre las clases pobres y medias-bajas.
Su desastrosa política neoliberal conllevó al deterioro social y económico que convierte hoy a Filipinas en uno de los países más pobres de toda Asia.
La errática actuación de Macapagal Arroyo ha sido puesta en tela de juicio. Muchos se cuestionan si con el uso de la fuerza la presidenta filipina podrá retener el poder por más tiempo o si, por el contrario, ya comenzó su cuenta regresiva.