¿Cómo definir la actual Europa del euro, la (neoliberal) Europa del siglo XXI que quieren vendernos? Más o menos del siguiente modo (Tomo pie en el artículo de Mariangela Paone: «La venta de alimentos pasados de fecha ya es legal en Grecia» [1]). Grecia, recuérdese, tiene una población cada vez más empobrecida: 31% en riesgo […]
¿Cómo definir la actual Europa del euro, la (neoliberal) Europa del siglo XXI que quieren vendernos? Más o menos del siguiente modo (Tomo pie en el artículo de Mariangela Paone: «La venta de alimentos pasados de fecha ya es legal en Grecia» [1]). Grecia, recuérdese, tiene una población cada vez más empobrecida: 31% en riesgo de pobreza y exclusión social (Eurostat); la tasa de paro supera el 27%, y se estima (es UNICEF la fuente) que 600.000 niños viven ya por debajo de la línea de pobreza):
Estarán en los supermercados, en estantes separados y a precio reducido los «alimentos que hasta ahora se hubieran desechado por estar pasados de fecha». Fecha de la información: martes, 3 de septiembre de 1945… No, no, perdón: 3 de septiembre de 2013.
Así, pues, entrada en vigor de la nueva directiva anunciada por el Gobierno griego de derecha extrema hace apenas una semana. Se autoriza la venta, al pequeño consumidor, «de productos alimenticios con fecha de consumo preferente caducada».
La medida, no puede ser de otro modo, ha despertado una fuerte polémica ciudadana. El secretario de Estado para el Consumo, Yorgos Stergiou, ha tranquilizado a la población con «sabias» palabras: «El consumo preferente es un instrumento de seguridad y marketing de los productores». Nada más, ya está, a otra cosa. Ha añadido para disolver definitivamente dudas potenciales: «no significa en absoluto que el producto no esté bueno o sea peligroso». En absoluto, tranquilos, no pasa nada. Y si tiene que pasar, qué pase. ¡Todo sea por la disminución del gasto de reproducción de la fuerza de trabajo o la de aquellos ciudadanos y ciudadanas que no son siquiera fuerza de trabajo, real o potencial! ¡Sobran, están de más!
La vida útil comercial de los productos se alargará una semana para aquellos que lleven una fecha con día y mes, un mes para los que estaban marcados con mes y año, y tres meses para los que solo tenían en su envoltorio la indicación del año. La comercialización se permite en la venta al por menor. Eso sí: ¡está vetada en restaurantes o bares! ¡Qué prudencia, qué equilibrio tan admirable!
¿Contradice la medida las normas comunitarias, que datan del 2000? En absoluto. «La Comisión Europea diferencia entre el consumo preferente y la fecha de caducidad» (el último es aplicable a la comida muy perecedera y su consumo, pasado el plazo fijado, es peligroso). ¿Quién debe decidir entre fecha de consumo preferente y fecha de caducidad? Efectivamente: la siempre admirable industria de alimentación es la que tiene que decidir si un determinado producto «pertenece a una o a otra categoría». ¿Y qué pasa con la nueva regulación que prepara Bruselas sobre información de productos alimenticios, la que «entrará en vigor el 13 de diciembre de 2014»? Pues que mantiene la distinción aunque «establece que los productos con fecha de caducidad deben considerarse como no seguros una vez que haya pasado la fecha indicada». ¡Qué avance, qué excelente desarrollo social!
Alexandros Theodorides, portavoz de la organización Boroume (pone en contacto personas o instituciones que necesitan comida con empresas y particulares que pueden ofrecerla) ha señalado: «En cuanto leí la noticia pensé que los supermercados no se arriesgarían a comprometer su reputación. Y justo acabo de venir de una reunión con una de las mayores empresas de Grecia y decían que no lo van a hacer». Hay malestar, dicen (por ahora) en las principales cadenas de supermercados. ¿Por qué? ¿Por respeto a la ciudadanía? ¿Están preocupados por la salud pública? Nada de eso. «Las consideran contrarias a las políticas de venta». Lo han calculado: «el temor al desprestigio de su propia marca puede ser mayor que los beneficios de la venta de unos productos que de otra forma acabarían en la basura». El euro es el euro. Aunque, bien pensado, ¿qué harán cuando algunos supermercados den el primer paso? ¿Y si están representando escenas de un obra diseñada?
José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de España, apunta algo más que razonable: «son productos que se tiran. Pero si se puede alargar, ¿en razón de qué entonces se ha puesto la fecha de consumo preferente? Dando por hecho de que se garantice la seguridad alimentaria, nos da un poco la sensación de que es una fecha con la que se ha estado jugando por motivos económicos» [2].
Éticamente, la medida le resulta más que rechazable. ¿Por qué? Porque, efectivamente, vamos a escenarios con comida para pobres y comida para ricos. Además, señala más que oportunamente, «los que han comprado la comida de primera categoría ya ha pagado la de segunda porque los supermercados cargan en los precios las pérdidas del porcentaje de mermas que prevén». ¡Doble entrada!
«La crisis al final lo que está destapando es mucho clasismo», señala Oliván. ¿Exagera? No lo parece.
¿Esta es la Europa en la que habíamos soñado? ¿De verdad? ¿Hay que ser europeos si se entiende por tal estar a favor de este lodazal, crecientemente acumulativo, de despropósitos, abyección, infamia, explotación, pasos acelerados hacia el Estado de malestar permanente y agresión ininterrumpida (y sin líneas rojas) contra los sectores más desfavorecidos? Brecht, hace más de medio siglo, lo expresó así: «en los países democráticos no se percibe la naturaleza violenta de la economía, mientras que en los países autoritarios lo que no se percibe es la naturaleza económica de la violencia».
Notas:
[1]
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/09/02/actualidad/1378147737_555328.html
[2] Oliván recuerda, con razón, las también recientes polémicas por el cambio en la fecha de consumo de los yogures en España, cuya caducidad hasta el pasado marzo de 2013 estaba establecida por ley.
Salvador López Arnal es miembro del Front Cívic Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra, director Jordi Mir Garcia)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes
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