La negociación entre gobierno griego y representantes de los prestamistas internacionales está lejos de concluir en acuerdo, pese a que el plan presentado por Atenas recoge las exigencias de reducir el presupuesto estatal en 13 mil 500 millones de euros. La propuesta helena incluye unos 10 mil 500 millones de euros en recortes ministeriales, la […]
La negociación entre gobierno griego y representantes de los prestamistas internacionales está lejos de concluir en acuerdo, pese a que el plan presentado por Atenas recoge las exigencias de reducir el presupuesto estatal en 13 mil 500 millones de euros.
La propuesta helena incluye unos 10 mil 500 millones de euros en recortes ministeriales, la previsión de ingresar tres mil millones mediante el aumento de impuestos, y el compromiso de llevar a cabo este programa en los ejercicios 2013 y 2014. Este plazo podría verse ampliado si, como demandan los socios de la coalición de gobierno, la troika -Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional (FMI)- aceptara una moratoria de dos años más para la aplicación del programa fiscal, es decir hasta 2016.
Pero la posición de los acreedores internacionales está siendo más dura de lo esperado por el ejecutivo de Atenas y cuestiona la eficacia de algunas medidas relacionadas con la reforma del sector público y los ministerios de salud y defensa, y que supondrían un montante de unos dos mil millones de euros. Además, dentro de la troika existen divergencias sobre la conveniencia de extender los plazos de ejecución; así mientras las instituciones de la Unión Europea (UE) se muestran favorables a esta ampliación, el FMI es más intransigente en dar más tiempo al gobierno griego. Esa parece ser la postura dominante dentro de la comisión negociadora de los acreedores pues, según publicó el 3 de otubre el diario Ta Nea, «quiere que casi todo el paquete de medidas de austeridad se lleve a cabo en 2013 y no se distribuya por igual entre los dos próximos años».
La exigencia de la troika es que a los siete mil 500 millones previstos para 2013 se le añadan otros dos mil millones, lo cual significaría para los ciudadanos griegos sufrir cerca de 10 mil millones de recortes a partir del próximo enero. Tal presión impedirá a buen seguro que el ejecutivo de Antonis Samarás se presente en la próxima cumbre de la UE, prevista para el 18 de octubre, con la aprobación parlamentaria del paquete de medidas y por tanto se demore la entrega del tramo pendiente del préstamo financiero.
Pero mientras los responsables políticos negocian los términos de un acuerdo que endurecerá aún más las condiciones de vida de los griegos, el agravamiento de la recesión económica señala claramente a las políticas de austeridad como responsables de la profunda crisis sufrida por el país.
Desde 2008 el Producto Interno Bruto (PIB) griego retrocedió un 25 por ciento, y según la previsión oficial el próximo año aún caerá un 3,8 por ciento más, configurando un panorama desesperanzador tanto para la recuperación de la actividad económica como para el mantenimiento de los servicios públicos más elementales.
En los últimos tres años los salarios se redujeron una media del 30 por ciento, los costes laborales descendieron un ocho por ciento, pero la tasa de paro se triplicó y en la actualidad afecta al 24,4 por ciento de la población activa, más del doble de la media en la Eurozona. Por tal motivo el economista crítico Leonidas Vatikiotis aseguró a Prensa Latina que «la confluencia de la caída de los salarios y el aumento del desempleo es la prueba de que la creación de nuevos puestos de trabajo resulta inseparable del mantenimiento de sueldos dignos».
Y pese a ello, los precios se incrementaron durante los últimos 12 meses en un 6,8 por ciento y es uno de los países más caros de la zona euro, de acuerdo con el estudio publicado el 2 de octubre por la agencia de estadística europea, Eurostat.
Otro dato que muestra la magnitud de la crisis es el índice existente entre la deuda y el PIB y que no hizo sino aumentar en los últimos siete meses pese a la quita realizada entonces con los acreedores privados con el objetivo de reducirlo. Ese ratio, que en aquel momento era del 165 por ciento, se sitúa en la actualidad en 169,5 y a tenor de los datos manejados por el Ministerio de Finanzas se incrementará en 10 puntos el próximo año, pese a que el objetivo de la troika era fijarlo en el 120 por ciento para 2020.
El peor de los escenarios, vaticinado hace siete meses por la troika, ya está aquí y todo parece indicar que aún empeorará más en años venideros, hipotecando el futuro de Grecia y sepultando las esperanzas de una generación de jóvenes abocados a marchar del país. En las próximas semanas la comisión de la troika deberá presentar un informe que determinará si la deuda helena es sustentable a largo plazo, algo a lo cual muchos analistas ya dan su negativa, para después continuar insistiendo en una política fracasada y perjudicial con el conjunto de los ciudadanos.
Antonio Cuesta es corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina
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