Naturalmente hay dos países y cada uno tiene sus provincias Mario Benedetti Hay un país de exuberancia, ostentación, derroche y lujo (a pesar de la crisis) y otro de privaciones. Un país de verdades a medias o medias mentiras que habla, sin concreción, de solidaridad (todo es hoy solidario, incluso los caminos que parten del […]
Naturalmente hay dos países
y cada uno tiene sus provincias
Mario Benedetti
Hay un país de exuberancia, ostentación, derroche y lujo (a pesar de la crisis) y otro de privaciones. Un país de verdades a medias o medias mentiras que habla, sin concreción, de solidaridad (todo es hoy solidario, incluso los caminos que parten del caos y conducen de ida y vuelta a ninguna parte)1. Y otro en blanco y negro, sin medias tintas: donde políticos, comunicadores, jueves, fiscales, empresarios y criminales tejen una red de negocios, violencia e impunidad.2
Hay un país sin Estado en el que, en 2008, gastos por 611 millones3 en el Ministerio Público, 991 millones en el Organismo Judicial, 1,830 millones en la Policía Nacional Civil, 85 millones en el discretísimo Instituto Nacional de Ciencias Forenses y 30 millones asignados como contraparte nacional a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, produjeron menos de 150 sentencias condenatorias en delitos contra la vida, casi 6,000 homicidios sin castigo: un 98% de impunidad.
Hay un Estado para un pequeño país: instituciones, leyes (o la incapacidad de legislar), sistema de partidos, gobierno, actúan en función de la preservación de intereses sectoriales. Véase si no la incapacidad para impulsar un pacto fiscal a la altura de la modernidad y la dignidad, donde paguen más quienes más tienen. O la resistencia de la mayoría del Congreso a aprobar el control de armas y municiones, en defensa de intereses de empresas privadas de seguridad, crimen organizado, finqueros y el interés supremo de la inseguridad y el miedo como estrategia de control. O, enésimo ejemplo, la renuencia a aprobar la Procuraduría del Consumidor, institución en apariencia inocua pero trascendental para enfrentar el descontrol tarifario impuesto por grandes empresas y multinacionales (energía eléctrica, teléfonos celulares), base de su acumulación de capital.4 En fin, véase la concepción clientelar del presupuesto, el Estado y el Congreso presente en la discusión, aprobación y nueva modificación del Presupuesto de la República: las finanzas públicas concebidas como botín privado, definidas de arriba abajo, en el marco de un sistema político excluyente y vertical.
Hay un país donde algunas cosas cambian para que todo siga igual. Se modifica, dice el gobierno, la matriz energética, pero los beneficiados continúan siendo transnacionales en alianza con empresarios locales.5 Se agotan ciclos económicos, como el del café, pero aparecen los agrocombustibles, fundamentados en la matriz primaria agroexportadora dependiente, la explotación de mano de obra, la reconcentración de la tierra y la propiedad y el dominio de las familias tradicionales,6 que han diversificado actividades y alianzas. Es decir, más de lo mismo: en Guatemala existen «estructuras (de poder) de larga duración, que se transforman y mimetizan sin llegar a desaparecer», afirma Mara Luz Polanco.7
En doce meses treinta y tres diputados cambiaron de partido, el 20% del total de congresistas: 12 de la Unidad Nacional de la Esperanza, 13 de la Gran Alianza Nacional, cuatro del Partido Patriota, tres de Encuentro por Guatemala, tres del Partido de Avanzada Nacional, dos de Centro de Acción Social, al tiempo que han aparecido cuatro nuevas formaciones parlamentarias (Bancada Guatemala, Libertad Democrática, Bien y Winaq) mientras otras (Victoria de Abraham Rivera, Creo de Díaz Durán, Podemos de Adela de Torrebiarte, Visión con Valores de Harold Caballeros) no se han formalizado en el hemiciclo pero ya iniciaron su campaña proselitista. A pesar de estos movimientos masivos y abruptos, el sistema de partidos y el sistema político continúan direccionados en la satisfacción de necesidades (micro)sectoriales.
Hay un país donde los negocios derivados del narcotráfico representan aproximadamente el 30% del Producto Interno Bruto y el doble del presupuesto estatal, donde existe una presencia clave del crimen organizado en instituciones estatales, sobre todo en el sector justicia y el legislativo, y donde se opera la expansión de carteles mexicanos y el fenómeno que el periodista mexicano Ricardo Ravelo define como fase de conversión empresarial de los carteles: «las organizaciones (…) cambian sus viejas estructuras piramidales por modernos esquemas corporativos, que les han permitido bifurcar sus rutas o conformar sociedades para neutralizar o vencer al enemigo».8 Esta expansión no puede darse, explica Ravelo, sin la existencia de profundos vínculos políticos, institucionales y del poder económico con el negocio del narcotráfico.
En fin, hay un país marcado por la continuidad, la falta de soluciones integrales y estructurales a los problemas, el control de las corporaciones sobre el (ausente, débil, cómplice, vacío) Estado, la secundarización de los Acuerdos de Paz, la marginalización de demandas e intereses mayoritarios, la represión, el racismo, el feminicidio, la insolidaridad.
Socialdemocracia chapina a inicios de 2009
El mantenimiento de un estado subordinado a lógicas empresariales y particulares confronta la autoproclamación socialdemócrata del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. La coincidencia de la conmemoración del primer año de gobierno de Álvaro Colom, el 14 de enero, con manifestaciones opositoras de organizaciones campesinas e indígenas revela una compleja interrelación: dos países, dos realidades, dos momentos políticos en confrontación.
Paradójicamente, el contexto internacional durante 2008 ofreció a Colom la oportunidad para un salto cualitativo hacia el proyecto socialdemócrata. En primer lugar, por el agotamiento del modelo neoliberal y el retorno del Estado como actor político (retorno o venganza del Estado, según el sociólogo Boaventura de Sousa Santos) tras décadas de hegemonía del mercado y predominio de las corporaciones sobre gobiernos y poder político.
En segundo lugar, porque se perfila un nuevo tiempo político en América Latina, donde coexisten viejos modelos (neoliberalismo, militarismo), a la par de propuestas que modifican el balance de poder político y la distribución de la riqueza pero no cuestionan el modelo económico extractivista ni la primarización dependiente de la economía,9 y de iniciativas transformadoras del modelo de desarrollo, que propugnan una nueva civilización fundamentada en la no primacía de las personas sobre la naturaleza y la no primacía de unas personas sobre otras (hombres sobre mujeres). Una situación, por una parte, compleja, sujeta a múltiples contradicciones: gobiernos progresistas-movimientos sociales, reformas políticas-reformas estructurales, desarrollo-buen vivir, modelos estructurados con orientación popular pero con espacios de protagonismo reducidos, surgimiento de nuevas hegemonías nacionales y continentales. Por otra parte, una situación esperanzadora porque reabre escenarios y posibilidades de transformación.
Mientras esto sucede, el gobierno de Colom limita el alcance de la modernización fiscal, impulsa la producción de agrocombustibles o la generación de energía a partir de grandes hidroeléctricas y carbón mineral, extiende el contrato de las petroleras, desoye los resultados de las consultas comunitarias sobre minería y la opinión de pobladores de San Juan Sacatepéquez opuestos a la instalación de una cementera y de Ixcán al megaproyecto hidroeléctrico de Xalalá. En lugar de fortalecer un nuevo Estado orientado hacia las mayorías, acentúa la criminalización y persecución de movimientos sociales (Izabal, San Marcos, San Juan Sacatepéquez, Malacatán) y promueve el papel del Ejército como garante de la seguridad, asociado a la lógica de enemigo interno (anuncio de incremento de efectivos militares, redespliegue de destacamentos, iniciado por las fuerzas kaibiles en Izabal, incremento del presupuesto de la Institución en 150 millones de quetzales). La acción de gobierno se apoya en una alianza entre actores políticos-militares-
El balance de gestión de la UNE se extiende en las limitaciones del proyecto y es significativamente parco en los logros. El propio gobierno resalta apenas cuatro: gratuidad de la salud y la educación, incremento del presupuesto del Ministerio de Educación, ampliación de la cobertura educativa y, sobre todo, el programa de Cohesión Social, «la pasión» del Presidente.
Lo positivo de este programa, fundamentado en la transferencia condicionada de recursos, reside en la existencia, por vez primera en los últimos gobiernos, de voluntad política orientada hacia la población pobre (o desamparada, siguiendo la categorización de Aurelio Alonso).10 Lo negativo es, en primer lugar, la contradicción entre políticas sociales favorables a población pobre y políticas económicas definidas por intereses corporativos. En segundo lugar, el carácter clientelar y asistencialista del programa, alejado del fomento de la participación y empoderamiento sociales. En tercer lugar, el hecho de que Cohesión Social no se está desarrollando sobre la base del fortalecimiento de la institucionalidad estatal, fruto de nuevos consensos sociales y de una nueva legalidad, sino de instituciones y prácticas personales, carentes de control y con marcado carácter coyuntural (orientado presuntamente a la construcción de base social electoral para un nuevo proyecto político de la UNE).
La sociedad sin estado ni país
Hay un país donde las luchas populares no modifican las relaciones de poder. Los movimientos sociales actúan a la defensiva, son vulnerables a la cooptación, se vinculan a agendas y estrategias definidas en otros ámbitos de poder y con otros intereses (por ejemplo, las movilizaciones de noviembre de 2008 a favor del presupuesto elaborado por el gobierno). Reaccionan de forma lenta o estática ante cambios en la coyuntura: ante el impacto de la apertura de nuevas actividades productivas (hoy los agrocombustibles), el ascenso de nuevos grupos económicos, fundamentalmente crecidos al amparo del Estado y de la economía ilegal, la configuración del narcotráfico como poder determinante: cambios que generan reacomodos en el esquema de poder, en un marco de refuncionalización de estructuras y actores, y deben obligar a nuevas lecturas y nuevas estrategias de lucha. El cada vez más patente agotamiento del ciclo político posterior a la firma de los Acuerdos de Paz (más en el procedimiento que en los contenidos) no es sustituido por un nuevo marco referencial que supere las limitaciones de los procesos de diálogo no vinculantes y trascienda, sin obviar, los contenidos de los Acuerdos.
Existe incapacidad de vincular luchas y necesidades cotidianas (alimentación, situación del transporte, empleo) con las agendas de los movimientos (refundación del Estado, Acuerdos de Paz, Identidades), lo que genera baja participación popular. Iniciativas necesarias y articuladoras de lo cotidiano y lo estratégico, como la campaña Guatemala sin Hambre, no alcanzan la cohesión necesaria. Predominan las elites sociales sobre las decisiones de base comunitaria; la visión esquemática sobre la lectura complejizadora y problematizadora de la realidad; la homogeneización por encima de las diversidades; el activismo sobre la reflexión estratégica.
Los múltiples espacios de lucha existentes se encuentran desarticulados y en ocasiones contrapuestos, y se imponen sobre el espíritu unificador necesario para desarrollar alternativas al organizado e interesado caos actual. Todavía es precario el proceso de fortalecimiento de sujetos y su articulación, y es igualmente precaria la resistencia de las comunidades a la explotación de sus recursos y la defensa del territorio, la vinculación de estas luchas con las demandas históricas de organizaciones del movimiento social, y la constitución de la comunidad (entendida de forma diversa y no homogénea y aconflictuada) como actor determinante no solo frente al gobierno, el Estado y los poderes económicos, sino a lo interno de los movimientos sociales, para reconfigurar un nuevo proyecto histórico de transformación social: el país secreto, latente pero todavía marginal, que algún día deberá ser, según Mario Benedetti, «un secreto a voces«.