La captura del ex director de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, Marco Tulio Abadío, acusado de lavado de dinero, peculado, fraude, malversación de fondos, concusión y caso especial de estafa , es una buena noticia para la justicia en Guatemala. También son buenas noticias el encarcelamiento del ex Contralor González Dubón, por delitos de […]
La captura del ex director de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, Marco Tulio Abadío, acusado de lavado de dinero, peculado, fraude, malversación de fondos, concusión y caso especial de estafa , es una buena noticia para la justicia en Guatemala.
También son buenas noticias el encarcelamiento del ex Contralor González Dubón, por delitos de peculado, abandono de cargo y lavado de dinero ; y el inicio de los juicios contra los acusados de desfalco de 350 millones de quetzales en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS y contra el ex ministro de Gobernación Byron Barrientos, por el desvío de 90 millones durante su gestión.
Cada mínimo avance de la justicia se celebra en un país hastiado de impunidad, grave enfermedad que amenaza con eternizar la ley de la selva y el todo vale, y legitima la imposición de la fuerza sobre el derecho y sobre la razón.
En este sentido, las imágenes de ex funcionarios corruptos enfundados en el overol naranja que identifica a los sometidos a la justicia, poseen un valor simbólico de restitución de la moral social, de la convivencia colectiva y del principio del respeto a normas y procedimientos, hoy severamente dañados. En la medida que el sector 12 del Preventivo, acondicionado para albergar a ex funcionarios y figuras públicas, aumenta su población, crece también la confianza de las y los guatemaltecos en las Instituciones.
Sin embargo, antes de hacer sonar las campanas en señal de triunfo, conviene reflexionar sobre factores que atemperan el optimismo moderadamente anaranjado que ahora sentimos. Un primer factor es que la persecución judicial se convierta en una cortina de humo destinada a ocultar falencias del actual gobierno y por tanto sea sólo una respuesta coyuntural y no una apuesta estratégica de la administración Berger.
La coincidencia de los tiempos de las detenciones con momentos políticos de madrugadora fragilidad del gobierno (la de Alvarado McDonald, financista del ex presidente Alfonso Portillo y ligado a la red Moreno de narcotráfico, con el primer día del paro nacional de junio; la de Abadío después de que una encuesta publicada por el matutino «El periódico» reveló una caída de más de 30 puntos porcentuales en la popularidad del presidente) y la incapacidad de sostener algunas de esas detenciones (Alvarado McDonald) abonan el temor anterior.
Un segundo factor que relativiza el optimismo actual es el hecho de que existen ahora detenciones y sospechas, pero ninguna sentencia, a pesar de la contundencia de muchas de las pruebas presentadas y lo prolongado de algunas de las detenciones, especialmente la del ex ministro Barrientos.
Él tercer factor se refiere a lo selectivo de las persecuciones y la impunidad, que permite que presuntos criminales continúen en libertad, como el ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional, José Ramón Llort Quiteño, el ex Fiscal General, Carlos David de León Argueta, el ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo o el ex presidente del Congreso y secretario general del Frente Republicado Guatemalteco, Efraín Ríos Montt.
El último factor tiene que ver con la funcionalidad y validez de los procedimientos de elección y de fiscalización social. En prisión se encuentran hoy personas que hasta hace muy poco dirigieron instituciones clave, manejaron cientos de millones de quetzales, orientaron políticas e incluso fueron la representación, el rostro nacional e internacional del país. Personajes provenientes de todos los poderes del Estado (ex ministros como Byron Barrientos; ex diputados como Carlos Wholers; juristas como el ex contralor González Dubón) y de diferentes tiempos políticos: Abadío Molina fue apadrinado por el gobierno del Partido de Avanzada Nacional en 1998 y confirmado por el Frente Republicano Guatemalteco. Personajes electos por voto popular directo o seleccionados por muy rigurosas, honestas y representativas Comisiones de Postulación.
Así, las acusaciones y los encarcelamientos que «purifican», desnudan la muy frágil institucionalidad existente en Guatemala: una precaria, incompleta e infuncional convivencia democrática que obliga a pensar en profundos cambios legales y organizacionales para evitar que otros Abadíos repitan los pasos de sus antecesores. La corrupción actual nos retrata como país y nos debe llevar a repensar nuestro esquema de representación y participación, es decir, la esencia de nuestro sistema democrático.