Dentro de dos meses, el domingo 11 de septiembre, los guatemaltecos acudirán a las urnas electorales, en el cierre de un proceso que se identifica, por mucho, como uno de los más atípicos e inciertos que se han vivido desde 1985, cuando se instauró el actual sistema democrático. Y es que, cuando apenas faltan 60 […]
Dentro de dos meses, el domingo 11 de septiembre, los guatemaltecos acudirán a las urnas electorales, en el cierre de un proceso que se identifica, por mucho, como uno de los más atípicos e inciertos que se han vivido desde 1985, cuando se instauró el actual sistema democrático. Y es que, cuando apenas faltan 60 días para la cita, «lo más seguro es que aquí no hay nada seguro», se suele comentar. Este martes 11 de julio es la fecha fatal para presentar candidaturas, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
A la fecha sólo hay 4 candidaturas legalmente inscritas, de 10 que se han presentado públicamente. Las opciones abarcan desde la izquierda tradicional hasta una moderna versión de la ultraderecha. Los aspirantes son la Premio Nobel, Rigoberta Menchú (izquierda); Sandra Torres (alianza de centro-centroizquierda), Harold Caballeros (alianza de centro derecha), Eduardo Suger (derecha económica agresiva), Patricia de Arzú (derecha light, esposa del ex Presidente Álvaro Arzú), Manuel Baldizón (populista indescifrable), Alejandro Giammattei (derecha recalcitrante; recién absuelto de acusaciones por el asesinato de diputados salvadoreños al Parlacen, ocurrido en 2007), Juan Gutiérrez, derecha, ligado a una de las familias oligárquicas más fuertes del país y en el extremo derecho del prisma, el general Otto Pérez Molina, cuyo Partido Patriota es miembro pleno de la Internacional Liberal, de triste recordación por sus vínculos con el anticomunismo guatemalteco.
Un elemento determinante en esta contienda es la candidatura de Sandra Torres, ex esposa del presidente Álvaro Colom, postulada por una coalición de centro izquierda integrada por la oficialista Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la Gran Alianza Nacional (Gana). De la aprobación o no de su candidatura depende mucho el desarrollo del resto de la campaña. Aunque ya fue rechazada por la autoridad electoral con el argumento de que incurrió en «Fraude de Ley» al divorciarse para que no le fuera aplicable la prohibición constitucional impuesta al cónyuge del mandatario de turno. La decisión del TSE ha sido objeto de recursos de amparo, uno de los cuales podría ser resuelto en definitiva la tarde del lunes, pero que, de prolongarse, le agregaría elementos de incertidumbre al ambiente.
Al margen de estos debates, en el aire hay otras interrogantes. Por ejemplo, pareciera que la oligarquía guatemalteca tradicional, esta vez no ha cerrado filas de manera granítica en torno a un candidato, aunque muchos de sus representantes están con Pérez Molina. Uno de sus financistas es Dionisio Gutiérrez, copropietario del emporio Pollo Campero, quien se ha hecho fama de haber ejercido influencia en su favor, gracias a su relación con varios de los gobernantes anteriores. Esta vez, según parece, la oligarquía compartirá criterios con el narcotráfico infiltrado en esta u otra propuesta electoral.
La incertidumbre ha sido también estimulada por la proliferación de encuestas publicadas en diarios escritos guatemaltecos al servicio de sectores oligárquicos. Aunque los números presentan diferencias difíciles de explicar (más de 20 puntos entre una y otra) la manipulación mediática sí coincide en algo: el puntero es Pérez Molina, incluso, se ha llegado a pronosticar que ganaría en primera vuelta.
Además, las mediciones le otorgan una sospechosa escasa calificación a la lideresa indígena y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Esto es facilitado por una metodología de recopilación de datos que le otorga mayor peso muestral a los centros urbanos (donde es más acentuado el racismo), en desmedro de las áreas rurales.
La presencia de hechos de violencia vinculados con la actividad electoral le otorga su propia dosis de inquietud al panorama. Hace menos de una semana, uno de los aspirantes a alcalde del municipio de San José Pinula (ubicado a unos 22 kilómetros de la capital guatemalteca) fue aprehendido bajo la acusación de haber perpetrado el asesinato de dos candidatos rivales.
Las denuncias acerca del incremento de acciones del crimen organizado, concretamente, del narcótrafico, abonan al clima. La participación de mafias en la financiación de campañas es una denuncia más fuerte que nunca. El Partido Patriota, de Pérez Molina ha sido señalado en foros públicos directamente por esta causa, pero si bien no le ha sido comprobado, tampoco se ha esmerado en desmentirlo fehacientemente.
Con este panorama y a 60 días de las elecciones, es un verdadero albur anticipar lo que puede ocurrir. Algunos hacen apuestas hacia una recomposición de las fuerzas participantes, en caso de que se confirmara el rechazo de la inscripción a Sandra Torres. En este caso, se anticipa, podrían resultar favorecidas algunas candidaturas como la del ultraderechista Eduardo Suger o la del populista Manuel Baldizón. Igualmente, la Premio Nobel Rigoberta Menchú podría capitalizar una fracción importante de sectores afines, entre otros, el grupo de la UNE más identificado con la socialdemocracia.
Pero, con especulaciones o sin ellas, lo deseable es que los guatemaltecos puedan concluir tranquilamente esta nueva etapa de su vida democrática. Es demasiado lo que está en juego. Por un lado, el drama de la inseguridad frente a la continuidad de los programas sociales iniciados por el gobierno de Colom forman parte de la ecuación. Por otro, la posibilidad de una consolidación del crimen organizado a la par de un retorno de las políticas neoliberales representa un enorme riesgo. Por algo, en estos días se suele escuchar, no sin desaliento: ¡Que Guatemala salga bien de este atolladero!
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.