Fraccionemos en dos a los puertorriqueños: masa y liderato. Muchas veces actuamos en ese rol dual, somos masa y liderato simultáneamente para diversos asuntos.
Definamos liderato como aquellos que se han preparado con educación y/o experiencia, cuya pericia les hace apto para dirigir. Dirigir lo más sencillo, como un hogar, una finquita, un quiosco, taller artesanal, o lo más complejo, una empresa o la actividad general pública. Las actividades de dirección más complejas necesitan de alianzas, de colaboradores, porque nadie solo puede hacer tantas cosas complejas.
Como no puede imperar la ley de la jungla, los ciudadanos tienen que delegar la administración de los asuntos públicos a un liderato, hacen un contrato social mediante una constitución, se aprueban leyes y reglamentaciones y los ciudadanos se organizan en partidos políticos que aspiran a gobernar mediante el ejercicio del derecho al voto.
Las dos tendencias principales de gobierno dentro del sistema capitalista son la neoliberal y la social democracia. La visión neoliberal ha sido la dominante en Estados Unidos y Puerto Rico por los pasados 40 años, con mayor énfasis en los últimos 20 años. La administración demócrata federal actual de Joe Biden ha planteado atenuar el neoliberalismo con medidas de estado benefactor y enfrenta obstrucción con algunos de sus correligionarios y la delegación republicana en el Congreso y en la Corte Suprema. Esta corriente neoliberal entiende que debe dominar el capital con la menor injerencia del estado posible, el informalismo es la ruta. El capital asume toda la actividad económica, incluidos todos los servicios esenciales públicos con la menor reglamentación estatal posible.
La visión social demócrata aplica el formalismo estatal, entiende que el capital tiene que ser reglamentado, que deben haber servicios esenciales a la población administrados por el gobierno y que debe estructurarse tributos suficientes al capital para lograr un equilibrio con mayores servicios y derechos a las mayorías pobres, trabajadoras y sectores medios.
Al día de hoy ha prevalecido la visión neoliberal que ha traído como consecuencia en Puerto Rico la concesión de privilegios contributivos al capital foráneo, la privatización de salud, hospitales, educación, autopistas, transporte marítimo, aeropuertos y recientemente la administración de la energía por LUMA.
Esto acontece dentro de un arreglo de dominio Federal del territorio y su población bajo la cláusula territorial (ley 600-ELA), con un mecanismo corporativo provisional federal territorial desde el 2016 (Ley Promesa) que instrumenta un proceso de ajuste de deuda pública en proceso de quiebra especial que protege a los acreedores de la deuda pública para que se les pague su acrecencia por la población. No importa que se afecten servicios esenciales a la población.
Los cuerpos directivos de los dos principales partidos, PNP y PPD, el bipartidismo, han apoyado la visión neoliberal, la administración federal territorial (colonial) y la ley Promesa. La población ha demostrado una disminución en su respaldo a las candidaturas a la gobernación, 33% (PNP) y 32% (PPD) en las elecciones del 2020 para un 65%. En el plebiscito la Estadidad obtuvo un 52% de respaldo y un 48% de rechazo.
Se ha ido desarrollando una tercera tendencia general provisional y fragmentada en 4 partidos que obtuvieron el 35% del respaldo para sus candidatos a la gobernación: (MVC 14%, PIP (13%), PD (7%), el MC solo obtuvo .08%, menos del 1%. El respaldo de voto íntegro en números redondos fue un poco menor: 13% MVC, 7% PIP y 6% PD para un total de 26%. La fragmentación desarrolló graves enconos entre sus seguidores. Esa tercera fuerza política fragmentada planteó unos programas de ciertas reformas sociales y económicas, de tendencia social demócrata, con la salvedad que el PD tiene un alto componente religioso, teocrático. De ese 35% al menos un 19% apoyó la Estadidad en el plebiscito.
Existe una prohibición de las alianzas electorales en el Artículo 6.1 del Código Electoral que impide que ese 35% acuda en coalición para las elecciones del 2024. No he visto interés ni en los legisladores del PPD, ni en los 8 legisladores de los partidos minoritarios, ni en el senador independiente Vargas Vidot, de impulsar legislación para derogar esa prohibición electoral. De persistir tal desinterés continuará la fragmentación política, el canibalismo y encono, lo que abre las puertas para una reorganización, reorientación socialdemócrata del PPD y cooptaciones del liderato emergente por dicho partido hegemónico para prevalecer en el 2024. Mientras a la par el PNP intentará que ese 19% de desafectos regrese a sus filas.
Dentro de ese escenario no se puede dejar pasar por alto tres problemas enormes dentro del orden territorial colonial: la migración, las adicciones a drogas ilícitas, narcotráfico y el crimen y la deuda pública odiosa colonial. Esos tres grandes problemas han causado el colapso del sistema colonial.
La prensa de hoy resalta en primera plana la migración enorme de puertorriqueños altamente preparados. Ello conlleva pérdidas de recursos humanos, ausencia de liderato y de impacto negativo billonario en la economía. Hay que atender con prioridad el rol de la diáspora en los asuntos de la isla que se vacía. He propuesto la derogación del requisito del domicilio de un año para los nacidos en la isla y sus hijos no importa donde domicilien para que puedan votar en los eventos y cargos nacionales. Solo se requiere legislación y no hace falta autorización federal pues los asuntos electorales son de la jurisdicción exclusiva de los estados y territorios salvo el cargo decorativo de comisionado residente. Esta importante reforma electoral traerá al ruedo político a cerca de dos millones de electores boricuas y será jalón fundamental en el proceso de acopio de fuerzas productivas y unidad nacional puertorriqueña.
El problema de las adicciones, narcotrafico y el crimen. Esa infraestructura ilícita produce efectos y una superestructura o cultura nefastas. La inversión pública y privada para enfrentar las adicciones y el crimen cuesta más que el servicio anual de la deuda pública. He propuesto la medicación estatal de todas las drogas adictivas y el registro de adictos, la creación por orden ejecutiva de una comisión ínter sectorial para elaborar un plan estratégico-como se hizo en Portugal en el 1996- para enfrentar ese gran problema y elaborar soluciones al mismo.
En cuanto a la deuda pública impagable. El servicio de deuda pública anual en el 2013 rondaba los $4.5 billones. El proceso actual de ajuste de deuda bajo Promesa ha detenido las ejecuciones de los créditos por los acreedores y se espera por la aprobación del plan impuesto federal de pago a los acreedores. Con la crisis sistémica del andamiaje territorial vendrán nuevos impagos y futuras quiebras del territorio.
Los problemas de los puertorriqueños son inmensos. Creo que necesitamos los poderes de la plena soberanía para enfrentarlos. Dos de ellos, el voto de la diáspora y la medicación estatal de todas las drogas adictivas ilícitas, tienen margen de solución dentro del orden colonial. La deuda pública odiosa colonial no tiene solución dentro del coloniaje. Mientras tanto los 6 partidos de mayoría y minoría, no abordaron ninguno de esos tres grandes asuntos, y plantearon un similar programa de otras reformas dentro del orden territorial, dejando al futuro la solución del estatus en manos o de nuevos plebiscitos y cabildeos hacia la Estadidad (PNP), o a una asamblea constitucional de estatus con distintos matices, controlada por la ley federal 600, para que se decida por el pueblo entre estadidad, protectorado (tratado de libre asociación) o independencia nacional en sus diversas modalidades (neocolonia o libertad plena) según la correlación de fuerzas permita. Tarea de titanes la que tiene la juventud que se levanta, la de aquí y la de la diáspora.
José Nicolás Medina Fuentes. Abogado, profesor, escritor de múltiples ensayos, autor del libro La Deuda Odiosa y la descolonización de Puerto Rico (Publicaciones Libre Pensador, 2018), egresado de Harvard, Magna Cum Laude (1987).